Ya pasó más de un año desde la declaración de la emergencia sanitaria por covid-19 en Uruguay y si hay algo que quedó claro es que sus efectos no son los mismos para todas y todos. Las mujeres y personas LGBTI, en toda su diversidad, se enfrentaron a una profundización de las desigualdades, la pobreza y las violencias. El colectivo de personas trans, que ya padecía la exclusión estructural e histórica en todos los ámbitos de la vida, parece haber quedado expuesto a una situación de mayor desamparo.
Con el objetivo de conocer en detalle cómo ha sido el impacto de la pandemia en esta población, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) elaboró el informe La situación de las personas trans residentes en Uruguay durante la emergencia sanitaria por covid-19, que fue publicado esta semana.
Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República en 2016, hay alrededor de 853 personas trans en Uruguay.
El documento de CTU sistematiza y analiza los datos recabados en un sondeo realizado entre julio y setiembre de 2020 a 135 personas trans que residían en distintos puntos del país, y que fueron contactadas por redes sociales, Whatsapp y llamadas telefónicas. Las preguntas, que fueron respondidas a través de formularios de Google, abordaron cuestiones vinculadas a la situación laboral, la atención a la salud, el acceso a los servicios básicos y el vínculo con el sistema educativo desde el inicio de la crisis.
Las respuestas confirman que las personas trans están en desventaja en todos los casos. La conclusión principal que se desprende del análisis es que se trata de una población que tiene “una pobreza multidimensional que, unida al cambio de políticas [del gobierno] y a la emergencia sanitaria, lleva a que la mayoría quede desprovista de acceso a derechos humanos básicos”.
La publicación “no pretende ser una investigación académica”, sino una muestra de “una situación que pueda servir de puntapié inicial para hacer una investigación más profunda”, aclaró la presidenta del CTU y redactora del documento, Collette Spinetti, a la diaria. La activista dijo que al colectivo le gustaría, eventualmente, que la realidad de la población trans se estudie “en conjunto con la Universidad de la República, que además tiene más recursos económicos”.
Pero también pretende ser un estudio acerca de personas trans realizado por personas trans. En ese sentido, Spinetti explicó que el colectivo buscaba “romper” con el hecho de que, “en general, en las investigaciones para la población trans, las personas trans somos objeto de estudio y no los sujetos que llevamos adelante el trabajo”. A su entender, “se han hecho trabajos académicos muy buenos, pero está bueno que las personas trans también seamos sujetos generadores de conocimiento, porque capaz que no tuvimos la oportunidad ni los medios para ingresar a la universidad, pero no por eso tenemos menos conocimientos”. Y agregó: “Acá hay un conocimiento de vida, de experiencia, de transitar el género, las violencias y las discriminaciones. Eso la academia lo tiene que respetar y lo tiene que tomar”. Por eso, invitó a “académicos e investigadores a que se acerquen al CTU para poder hacer un trabajo conjunto mucho más exhaustivo y metodológico acerca de este tema”.
Situación laboral
El informe comienza con el apartado sobre la situación laboral, que señala que 53,9% de las personas encuestadas dijo que tenía trabajo en ese momento, mientras 43,9% aseguró que estaba desempleado. Entre las personas trans que declaró trabajar, 39,5% dijo que mantuvo el empleo durante la emergencia sanitaria. De este total, 69,7% aseguró que el trabajo “disminuyó visiblemente”, mientras 33,6% señaló que su actividad no se vio afectada por la pandemia.
El informe destaca que 65% de la población trans que tenía trabajo no recibía beneficios de seguridad social, lo cual “marca una clara desigualdad de poder en el ámbito laboral”. Recuerda además que, para la mayoría de las mujeres trans, “el trabajo sexual continúa siendo el único medio de inserción laboral”.
“Hay un problema que viene desde hace mucho tiempo y es que la población trans, por más que haya una ley que garantice el derecho al trabajo, no tiene inclusión laboral como la mayor parte de la población cisgénero”, consideró Spinetti, en referencia a la Ley Integral para Personas Trans aprobada en 2018. “La población trans no tiene un ingreso laboral formal, por lo que los varones trans están en situación de trabajo informal y las mujeres trans siguen siendo obligadas a ejercer el trabajo sexual. Esto llevó a que, durante la pandemia, todo lo que estaba en la informalidad se destruyera”, afirmó.
Esto llevó a una reducción o una pérdida total de sus ingresos. En ese sentido, 66,4% de quienes hicieron la encuesta aseguraron que sus ingresos disminuyeron desde el comienzo de la pandemia, por lo que no fue posible sostener algunos servicios básicos: 38,7% dijo que no pudo pagar la luz, el agua o el teléfono; 35,3% mencionó la alimentación; y 25,2% se refirió a la vivienda.
“La población trans tiene una pobreza estructural que, ante situaciones de emergencia como la que vivimos, hoy se visibiliza y lleva a que las mismas queden en situaciones de mayor vulnerabilidad económica”, resume el documento del CTU. En ese escenario, “muchas y muchos de ellos deben dejar su vivienda u otros servicios y volver a sus lugares de origen, incluso muchas veces a vivir con la misma familia que le expulsó o con familias vinculares de elección”. Esto puede traer aparejadas situaciones de violencia.
Los apoyos
Frente a este panorama adverso, surge la necesidad de políticas de apoyo. En esa línea, 41,2% de las personas consultadas por el CTU dijo que recibió un aporte del Estado y 5% aseguró que lo hizo de forma “parcial”. Respecto de las instituciones que brindaron ese aporte, la mayoría mencionó al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) –en particular, a las transferencias a la Tarjeta Uruguay Social (TUS) para Personas Trans– y a los gobiernos departamentales.
Por otra parte, 39,5% de las y los participantes dijo haber recibido apoyo de organizaciones de la sociedad civil. De ese total, 29,4% eran colectivos trans, 10,9% organizaciones LGBTI y 5,9% trabajadoras sexuales organizadas.
El documento menciona algunas iniciativas solidarias que impulsó el CTU, como la olla popular trans en el Cerrito de la Victoria, que “durante seis meses continuos, en los siete días de la semana, llegó a elaborar almuerzos y meriendas, llegando a repartir un total de 188 viandas tanto para personas trans como para personas gays, lesbianas y personas cisgénero heterosexuales que llegaban a pedir ayuda”. El colectivo también coordina desde marzo de 2020 la entrega mensual de canastas de alimentos no perecederos y productos de higiene para personas trans de todo el país. Hoy en día, esas canastas son recibidas por 354 personas trans de 13 departamentos, señaló Spinetti, y recordó que es una acción que se sostiene “con donaciones de gente autónoma, organizaciones y sindicatos, y pequeños financiamientos”. Además, durante este año de pandemia, la coordinadora de asuntos legales del CTU estuvo a disposición para asesorar sobre los trámites legales tanto de cambio de nombre y sexo registral como de petición de pensión reparatoria.
“Ante un Estado ausente, hay una sociedad civil presente”, apuntó Spinetti. La activista dijo que el gobierno “salió a decir” que se “duplicaba” el monto de la TUS para personas trans, que pasó de 1.000 a 1.800 pesos. “Me pregunto quién puede sobrevivir con 1.800 pesos en este país”, puntualizó. Al mismo tiempo, señaló que las canastas del Instituto Nacional de Alimentación del Mides para las personas trans “se entregaron una sola vez”.
“No es que estemos pidiendo un sueldo, pero el Estado tendría que pensar en las personas que se quedaron sin trabajo y subvencionar la luz, el agua, los insumos para que puedan comer, ver qué soluciones habitacionales se pueden dar, porque estamos en una situación muy difícil”, planteó la presidenta del CTU.
Si bien la mayoría de la ayuda recibida por parte de la sociedad civil fue en alimentos (46,2%), el informe resalta que también se brindó asesoramiento jurídico en materia de vivienda –“ya que muchas personas manifestaron no haber podido sostener el lugar donde vivían y por lo tanto se enfrentaron a desalojos o expulsiones en plena emergencia sanitaria”– y salud mental.
Spinetti explicó que a estas problemáticas también se le suma la de la violencia contra las personas trans “en la calle, en la familia, en la pareja”, que también se intenta abordar desde las organizaciones sociales aunque “no siempre están todos los medios para hacerlo”.
Atención a la salud
Casi la mitad de las personas encuestadas (42,9%) dijo que requirió atención a la salud durante la emergencia sanitaria y sólo una de las personas que respondieron fue atendida específicamente por covid-19. En tanto, 10,9% declaró haber recurrido al sistema por cuestiones vinculadas a la salud mental.
Dentro del ítem salud, el estudio ahondó en dos líneas específicas: el trato en la atención y la suspensión o no de tratamientos médicos. Acerca de esto último, el relevamiento muestra que 58% de las personas estaba haciendo algún tratamiento antes de la pandemia por diferentes motivos: tratamientos de hormonización (33%), patologías crónicas (20,3%), salud mental (17,4%) o tratamientos preoperatorios de readecuación física (8,3%). Las respuestas revelan que fueron suspendidos 7,3% de los tratamientos por hormonización, 6,5% de aquellos vinculados a patologías crónicas, 6,4% de salud mental y 4,6% de preoperatorios de readecuación corporal.
“Esta situación es muy peligrosa para la población trans”, considera el documento. Los tratamientos por patologías crónicas y de salud mental “ponen en riesgo extremo a las personas por las propias consecuencias de la exposición a la covid-19 y por las situaciones de encierro y aislamiento para su salud mental”, dice por un lado. Mientras, la hormonización y los tratamientos preoperatorios de readecuación física “contienen un gran deseo de construir los cuerpos de acuerdo a las aspiraciones personales, son tratamientos a largo plazo que muchas veces juegan con la ansiedad de las propias personas que añoran una inmediatez en los resultados”, por lo que suspenderlos puede traer “consecuencias a nivel de la salud mental como frustración, angustia, depresión”.
En cuanto al trato en la atención, 58,7% dijo que “no hubo o no percibió discriminación”, 19,3% manifestó que fue “bueno”, 14,3% “excelente”, 12,6% “muy bueno”, 3,4% “regular” y 1,8% “malo”. Casi una décima parte de las personas encuestadas (8,7%) aseguró que sintió discriminación. La mayoría alegó que el personal no las llamó por su nombre identitario pese a tener el documento cambiado. Algunas personas también aseguraron que se les “rieron en la cara” y que funcionarios hacían “gestos y sonrisas entre ellos” durante la consulta. Según el CTU, esto demuestra que “el sistema de salud aún es uno de los núcleos duros donde la batalla cultural no ha logrado un cambio en el paradigma, y donde quienes tienen el poder de la salud continúan insistiendo en estigmatizar, discriminar y por lo tanto violentar a las personas disidentes del género”.
Acceso a la educación
Más de la mitad de las personas trans que respondió a los formularios (53,8%) aseguró que cursaba algún tipo de estudios al momento que empezó la pandemia. Una vez declarada la emergencia, sólo 33,6% de ese total continuó de forma virtual. Uno de los principales obstáculos, según el relevamiento, fue el acceso a internet y a herramientas digitales para conectarse a las clases.
A la vez, muchas personas se vieron obligadas a interrumpir los estudios o se les dificultó retomarlos cuando se complicó la situación económica, explicó Spinetti. Otro motivo de la deserción suele ser el bullying y la violencia a la que se enfrentan también en el contexto educativo, un fenómeno que también se da en la virtualidad. De hecho, 4% aseguró haber vivido algún tipo de discriminación durante las clases virtuales. Uno de los relatos que surgió: “Una profesora, en videollamada colectiva, me dijo que yo la ‘confundía’ exponiéndome a toda la clase. Asimismo, en un mail se dirigió a todas y todos los compañeros con nombre y apellido mientras que mi nombre fue borrado adrede y fui mencionado como ‘el compañero o la compañera’”.
Esta y otras situaciones planteadas en los formularios dejan claro que “aún seguimos siendo víctimas de bullying”, dice el documento. Y agrega: “La escolarización de la población trans es difícil debido a muchas variables y en situación de pandemia el difícil acceso a internet y/o a medios tecnológicos, unido al bullying, lleva a una desafiliación importante”.