La cámara baja del Congreso de España aprobó este mes una iniciativa que busca reformar el Código Penal para incluir un delito específico contra quienes acosen a mujeres que asisten a clínicas de aborto, una práctica que es legal en el país desde 2010. La propuesta, que fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), obtuvo luz verde con 204 votos a favor, 144 en contra y ninguna abstención. Ahora pasó al Senado, donde continúa su tramitación parlamentaria.
En concreto, el proyecto propone agregar un artículo que establece una pena de prisión de tres meses a un año o de trabajo comunitario de 31 a 80 días para quien “acose a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad” con el objetivo de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
La propuesta prevé las mismas penas para quienes acosen al personal de salud “en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”. También agrega que “no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal” para que el caso sea investigado.
La reforma surge para enfrentar a los grupos ultraconservadores antiaborto que –como en otras partes del mundo– abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete e información falsa antes de que ingresen a los centros para intentar convencerlas de que no interrumpan su embarazo.
De hecho, en la exposición de motivos, el proyecto cita un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo de España que revela que 89% de 300 mujeres entrevistadas que abortaron en estos centros se habían sentido acosadas. Además, 66% de ellas dijeron haberse sentido amenazadas.
El informe detalla que el acoso tuvo lugar “verbalmente, entregándoles papeles, obstruyendo el paso o entregándoles figuras”, aunque otras también fueron “agarradas y zarandeadas al intentar acceder al centro sanitario”. El objetivo de esto, según la asociación, “es que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento”.
Para especialistas españolas, esto se debe en parte a cómo se ha implementado la ley de aborto en el país. “Si las mujeres pudieran acudir a los hospitales públicos, posiblemente muchas situaciones de acoso no se producirían”, señaló Estefanny Molina, abogada de la organización feminista Women’s Link, al medio español Newtral. Por su parte, Patricia González, jurista e investigadora en el Grupo Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, aseguró que “hay una focalización en clínicas por la implementación de la ley del aborto, que ha permitido que la mayoría de intervenciones se realicen en estos centros que sólo se dedican a garantizar abortos”. Esto deriva en que haya “clínicas altamente expuestas a la violencia de grupos antiderechos y ultraconservadores”, agregó.
Otro obstáculo para que las mujeres acudan a los hospitales públicos es que “la mayoría son objetores de conciencia”, afirmó Molina, “a pesar de que la ley es clara e indica que la sanidad pública es la que debe proveer el servicio en primer lugar”.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, que son de 2020, el promedio de abortos realizados en las clínicas privadas acreditadas se sitúa en 84,5%, mientras 15,5% se practican en centros públicos.
El rechazo de la derecha y la ultraderecha
Entre los 144 votos contrarios a la propuesta figuran los del derechista Partido Popular y el ultraderechista Vox, que aseguraron que esta implica un atentado contra los “derechos fundamentales” a la libertad de expresión, reunión e incluso religiosa de las personas que “salvan vidas” al intentar convencer a las mujeres de no abortar.
Las diputadas y los diputados de Vox aprovecharon el debate en la cámara baja para sacar a relucir su discurso “provida” y antiderechos, al referirse al aborto como “la muerte de un hijo” o “la eliminación de un ser humano”, a la vez que describieron a las clínicas como “centros de exterminio”. Una de ellas, la diputada Lourdes Méndez, anunció que Vox recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional, porque “atenta contra libertades” y “vulnera los derechos fundamentales” de quienes abordan a las mujeres en las puertas de las clínicas.
Luego de la aprobación de la iniciativa, la diputada del PSOE Laura Berja celebró lo que calificó de “un éxito de todo el Parlamento y una batalla contra la ultraderecha”. La legisladora aseguró que hay consenso para que la reforma se vote en el Senado y dijo que cuando eso suceda quedará “claro” que “los derechos de las mujeres son innegociables” y que deben poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo “tranquilas y en libertad”.