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Foto: Ignacio Dotti (archivo).

Los cuidados en el horizonte: ¿desde dónde y hacia dónde?

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En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, un repaso por los principales avances que impulsó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y todo lo que falta en el camino hacia la universalidad.

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Este 29 de octubre se conmemora, por segunda vez en la historia, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. En el marco de las elecciones, el tema, central para la agenda de los feminismos, ha aparecido de manera tímida. Proponemos repasar brevemente qué ha hecho el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y, muy particularmente, cuáles son algunos de sus puntos ciegos para imaginar horizontes amplios en la construcción de esta política central del bienestar.

Menos carga y más equidad: demandas feministas

El SNIC, creado por la Ley 19.353 (2015), fue producto de una fuerte alianza entre feministas, académicas y políticas que llevaron a la agenda pública las necesidades de las mujeres de descomprimir sus elevadas cargas de trabajo, tanto remunerado como no remunerado (Aguirre et al., 2014). A la vez, las organizaciones de personas en situación de discapacidad, de personas mayores y relativas a la infancia tuvieron parte en este proceso. Acompañó su fundamentación la capacidad de medir el trabajo no remunerado, en la introducción, a cargo de la socióloga Rosario Aguirre, de la primera Encuesta de Uso del Tiempo en el país desde el Grupo de Investigación Sociología de Género1 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Su instalación, respaldada por organismos internacionales e incorporada a los deberes del Instituto Nacional de Estadística, permitió conocer el tiempo dedicado a labores domésticas, de cuidado y comunitarias.

Los hallazgos desmienten sistemáticamente el estereotipo mercadocéntrico que sostiene que las mujeres trabajan menos que los varones, y pone en evidencia que su carga global de trabajo es en promedio de tres horas semanales más. Del total del tiempo de trabajo, las mujeres invierten dos tercios en trabajo no remunerado y un tercio en trabajo remunerado, mientras que los hombres hacen lo opuesto. Las mujeres dedican 34,4 horas semanales al trabajo no remunerado, 14 horas más que los varones. Dentro de este, dedican 27 horas semanales a los quehaceres domésticos, 10,3 más que las que dedican los varones. En cuanto al cuidado de niñas y niños de cero a 12 años, 46% de las mujeres cuida unas 17,8 horas semanales en promedio, mientras que 32,4% de los hombres lo hace, dedicando a esta tarea 13 horas semanales (Inmujeres, 2022).

La Encuesta de Uso del Tiempo de 2021 confirmó que los cambios sociales respecto de las brechas de género en el trabajo no remunerado y remunerado desde 2013 han sido mínimos. Sin embargo, la última edición de la encuesta poco pudo decir sobre el tiempo que la población dedica al cuidado de las personas en situación de discapacidad con dependencia, así como el de personas mayores, aspectos cruciales según las recomendaciones internacionales.

Las falencias en los datos sobre el cuidado de personas mayores y de aquellas con discapacidad en situación de dependencia se espejan en una notable desatención en las políticas públicas. Mientras que los servicios para la primera infancia han avanzado, las necesidades de las personas mayores y con discapacidad siguen siendo insuficientemente abordadas en la agenda política del país. El SNIC reconoce el derecho al cuidado como un derecho de las personas en situación de dependencia, pero a pesar de su marco legal, la oferta de servicios para estas poblaciones permanece limitada.

¿Un sistema para quiénes?

El SNIC se ha diseñado con un enfoque en la edad y la dependencia como criterios de focalización de sus políticas sociales. Su objetivo principal es apoyar el desarrollo de las infancias y personas en situación de dependencia, así como aliviar las cargas de cuidado (actividades para promover el desarrollo que implican tiempo, recursos, conocimiento, emociones y cognición (Aguirre, 2009; Batthyány, 2015; Daminger, 2019; Hochschild, 2013, entre otras) que enfrentan sus cuidadoras y cuidadores.

En el caso de las niñas y niños, la oferta de servicios ha sido fortalecida con la reorganización del plan CAIF, existente desde 1988, la creación de centros Siempre (2017), destinados a niños de cero a 12 años, así como de Casas Comunitarias de Cuidados (2016) para bebés desde los 45 días hasta los 24 meses. Se han promovido bonos de cuidados y becas de inclusión socioeducativa dirigidas a mujeres con escasos ingresos económicos e hijos/as pequeños/as. Se han introducido cambios en las licencias, proponiéndose una licencia parental optativa y aumentando la licencia por paternidad, que actualmente es de 20 días. Sin embargo, persiste una brecha significativa en los días de licencias por maternidad y paternidad y el uso del medio horario está extendidamente feminizado (Batthyány, Genta y Perrotta, 2018). La literatura sugiere que deben ser individuales, intransferibles y al 100% del salario para fomentar cambios sostenibles en la participación de los hombres en el cuidado de sus hijos (Perrotta, 2020).

Se ha constatado un aumento en la cobertura de los centros de cuidados, particularmente de los de tres años, vinculándose la baja de la natalidad con el aumento de la cobertura de centros públicos. Sin embargo, la pobreza infantil sigue siendo un problema crítico en el país, por lo que esta cobertura es necesaria pero no suficiente para prevenir riesgos en las infancias. El futuro del SNIC requiere una expansión de la oferta de centros de cuidados y de su duración horaria, incluyendo la escuela pública, pero además de la generación de estándares para el seguimiento de la calidad del cuidado invirtiendo en más equipos multidisciplinarios adecuadamente remunerados.

Las y los adolescentes que cuidan de hijos o hermanos pueden ser incluidos de manera más cabal, ya que el Estado ha reducido significativamente las políticas públicas dirigidas a este grupo, generando un alto desconocimiento sobre sus experiencias y cargas de cuidados y necesidades.

Las políticas de asistencia personal dirigidas a personas en situación de dependencia entre cero y 29 años y 80 y más han experimentado un decrecimiento en la recepción de nuevos casos durante la pandemia y han puesto en evidencia el papel del Estado únicamente como mediador entre hogares y cuidadoras, en una muestra del tipo de trabajo promovido por el Estado. A pesar de algunos avances, como la formación de cuidadoras y la creación de un registro de cuidadoras, el SNIC no ha promovido la creación de cargos de cuidadoras y equipos de cuidados directos, lo que debilita las políticas de cercanía, la articulación territorial, así como la posibilidad de promover el trabajo de cuidados como un trabajo de calidad bien remunerado. Esto último contribuiría a la reducción de las brechas salariales de género y mejoraría las oportunidades y condiciones de trabajo de muchas mujeres.

La reciente homologación de personas en situación de discapacidad a aquellas con dependencia, tras la eliminación del Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y el SNIC es preocupante. Este cambio prioriza a las personas en situación de dependencia, ignorando que la discapacidad requiere un enfoque multidimensional en las políticas públicas.

La eliminación del programa ha generado una reducción significativa en la atención específica para personas con discapacidad, lo que limita su inclusión y bienestar. Resulta necesario retomar un abordaje especializado que garantice el respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, más allá de si se encuentran o no en situación de dependencia.

La agenda política ha prestado poca atención a las personas mayores, una población que ha adquirido una importante relevancia demográfica y que necesita un desarrollo más amplio de políticas sociales, no sólo en situaciones de dependencia. Según la Encuesta de Estrategias de Cuidados realizada por el Grupo de Investigación de Sociología de Género, analizada para el caso del cuidado de las personas mayores de 70 años o más en situación de dependencia (PM70dep), de las 20 horas promedio dedicadas al cuidado de personas de 70 años o más en situación de dependencia, 15 son aportadas por mujeres y sólo cinco por varones.

La tesis (Scavino, 2024) muestra que, en Montevideo y su área metropolitana, en el caso de las PM70dep, 62% del tiempo total de cuidados es proporcionado exclusivamente por familiares. En tanto, 18,4% corresponde a servicios del mercado, 9,5% del tiempo es compartido entre familia y mercado, y 4,2% entre familia y Estado. La participación de la comunidad es menor, con 3,8% por parte de la familia y la comunidad, 1% sólo de la comunidad, y 0,9% de la combinación de mercado, familia y comunidad.

En hogares con PM70dep de niveles económicos altos, 49% del tiempo de cuidados es familiar, mientras que en los sectores bajos este porcentaje asciende a 69% y en los medios a 73%. Las mujeres en sectores medios enfrentan tensiones significativas debido a la falta de políticas públicas y recursos económicos para externalizar el cuidado. En los hogares de niveles económicos medios, 19% del tiempo es provisto tanto por cuidadoras remuneradas como por la familia, en contraste con el 36,4% en los hogares de niveles altos que cuentan con mayores recursos para contratar cuidados. En los sectores bajos se observa una mayor intervención del Estado (13%) en comparación con los sectores medios y altos, lo que se atribuye a una mayor utilización de las políticas públicas.

Las políticas de cuidados del SNIC para personas mayores son esencialmente tres: teleasistencia (que cubre a menos del 3% de la población a la que se dirige), centros de día (su cobertura no alcanza un 2% de la población a la que se dirige) y el programa de Asistentes Personales, que cubre cerca de 30% de la población de 80 años y más en situación de dependencia severa, pero que no alcanza a 10% cuando consideramos a la población con 70 años y más (Scavino, 2024).

La multidimensionalidad de los cuidados como horizonte

El SNIC deja fuera a muchas personas que requieren atención al focalizar sus políticas según la edad y la situación de dependencia, así como en aspectos económicos, incumpliendo con la universalidad que se propone en la ley. Un sistema de cuidados integral también debería prevenir las dependencias. Las diferencias en la esperanza de vida según el nivel educativo indican que las personas con menos recursos mueren antes, lo que sugiere que los cuidados no se están brindando adecuadamente en los sectores más vulnerables. Al no incluir a las personas mayores, a las cuidadoras (tanto remuneradas como no remuneradas) y a las personas con discapacidad en la planificación y ejecución de políticas, se pierden detalles importantes y posibles soluciones para mejorar el cuidado colectivo.

Es crucial que las personas con mayores necesidades de cuidados en nuestro país esperen un SNIC universal que incluya a todas y todos, y es necesario atender de manera urgente sus necesidades, con respuestas de calidad y accesibles. Estas políticas mejorarían las condiciones de vida no sólo de las personas que requieren cuidado, sino de las –mayoritariamente– mujeres que dedican altas cargas horarias, poniendo el cuerpo, el intelecto y las emociones a responder a estas necesidades, de las que se hacen cargo esencialmente ellas.

Se requiere que la sociedad se comprometa con los cuidados, valorando y remunerando adecuadamente estas tareas cuando pasan a ser parte del trabajo producido tanto en el ámbito público como en el privado. Esto implica promover programas de formación y trayectorias educativas especializadas, mejorar las condiciones de trabajo y los salarios de las cuidadoras, promover nuevos formatos de desarrollo de políticas para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia, plantear una interconexión entre las políticas existentes.

También implica reabrir el debate sobre la agenda de los cuidados de larga duración que se encuentran por fuera del SNIC. Es preciso no contraponer derechos, como seguridad de ingresos y desarrollo de servicios directos de cuidados, en horizontes que promuevan el bienestar de manera integral.

Aún falta mucho para garantizar la universalidad en el acceso a políticas de cuidados y en establecer criterios de calidad en los servicios que permitan orientar mejor el desarrollo de las políticas públicas, que permitan hacernos saber que estamos cuidando bien y que permitan, efectivamente, reducir las brechas de género en el trabajo no remunerado y modificar la división sexual del trabajo. Es preciso gestionar una interinstitucionalidad que promueva un abordaje integral de las múltiples dimensiones que hacen al cuidado y desarrollar instalaciones públicas de calidad con equipos interdisciplinarios que articulen la oferta atendiendo las diferencias territoriales y culturales de nuestras comunidades.

El horizonte es amplio para las miradas innovadoras en materia de cuidados. Podemos crear caminos integrales y participativos de calidad para darnos, desde ya, una vida equitativamente más digna.

Referencias

  • Aguirre, R. (2009). Uso del tiempo y desigualdades de género en el trabajo no remunerado. En Aguirre R. (Ed.), Las bases invisibles del bienestar social. El trabajo no remunerado en Uruguay. Montevideo: Doble Clic Editoras.
  • Aguirre, R. y Ferrari, F. (2010). Las Encuestas de Uso del Tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y la región. Serie Asuntos de Género. Cepal: Santiago de Chile.
  • Aguirre, R.; Batthyány, K.; Genta, N. y Perrotta, V. (2014). Los cuidados en la agenda de investigación y en las políticas públicas en Uruguay. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 50, 43-60.
  • Batthyány, K. (2015) Los tiempos del cuidado en Uruguay. Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no remunerado y cuidados en Uruguay. Montevideo: Doble Clic Editoras.
  • Batthyány, K., Genta, N. y Perrotta, V. (2018). Uso de licencias parentales y roles de género en el cuidado. Montevideo: SNIC Universidad de la República.
  • Daminger, A. (2019). The Cognitive Dimension of Household Labor. American Sociological Review, 84(4), 609-633.
  • Hochschild, A. (2011) La mercantilización de la vida íntima. Apuntes de la casa y del trabajo. Madrid: Katz Editores.
  • Perrotta, V. (2020). Las licencias parentales y la corresponsabilidad de género en Uruguay: las políticas, las prácticas y los mandatos de género en tensión. Montevideo: Udelar. Disponible en línea.
  • Scavino, Sol (2024) Desigualdades en los cuidados de las vejeces en situación de dependencia en Montevideo y Área Metropolitana. [Tesis Doctoral]. Montevideo, Udelar. Disponible en línea.

  1. Es coordinado por la doctora Karina Batthyány e integrado por la doctora Valentina Perrotta y la autora de esta nota. 

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