¿Cómo acceden las personas sordas a contenidos sobre género, identidad de género, orientación sexual? ¿Tienen las mismas posibilidades que las personas oyentes a la hora de informarse sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no planificados? ¿Qué barreras enfrentan en una sociedad pensada, fundamentalmente, para mirar y para oír?
Algunas de estas preguntas dispararon las inquietudes que están en la base del proyecto Género, Diversidad y Prevención de ITS/VIH, dirigido a mujeres y personas LGBTI+ de la comunidad sorda, coordinado por el equipo de Anguirú-Laboratorio Disidente, que realiza investigaciones, capacitaciones y consultorías sobre género y disidencias.
La iniciativa, que contó con el financiamiento y la orientación de ONU Sida y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), consistió en un ciclo de cuatro talleres de formación con integrantes de la comunidad sorda para abordar conocimientos vinculados a la salud sexual y reproductiva y la prevención de ITS y VIH desde una perspectiva de género, derechos y diversidad. Además, incluyó un ciclo de dos instancias de capacitación para intérpretes y estudiantes de la lengua de señas uruguaya (LSU).
Todas las instancias se desarrollaron de forma gratuita, entre agosto y diciembre de 2023, en el espacio del Centro de Investigación para la Persona Sorda (Cinde). Entre los dos ciclos participaron alrededor de 100 personas.
Otra parte del proyecto estuvo centrada en la producción de videos cortos para redes sociales con mensajes específicos sobre los temas trabajados. Las ideas base para los guiones surgieron de los resultados de las exposiciones en el último taller que se hizo con la comunidad sorda. De hecho, las protagonistas son las personas que participaron en estas instancias. Las piezas audiovisuales, que todavía no se publicaron, contarán con LSU, subtítulos y audio en off para que sean lo más accesibles posible.
La idea del proyecto, en realidad, surgió en el marco del ciclo de formación “Miradas disidentes” que Anguirú lleva adelante desde hace un par de años en la Casa de las Ciudadanas, espacio que gestiona la Intendencia de Montevideo y que por un acuerdo con el Cinde siempre dispone de una o un intérprete cuando hay población sorda en alguna de las propuestas que promueve. “Se dio el caso, el año pasado, de que había una alumna que era sorda y la intérprete nos dijo que para algunos desarrollos teóricos que expresábamos en clase no había una seña particular”, relató a la diaria Laura Recalde Burgueño, docente, investigadora y una de las coordinadoras de Anguirú.
A partir de ese momento, el equipo se puso manos a la obra. “Comenzamos a interiorizarnos sobre cómo es la lengua de señas, cómo funciona y qué tipo de acciones es necesario llevar adelante para que un espacio sea amigable y accesible para personas sordas. No basta solamente con que esté la intérprete, porque en esas situaciones había intérprete y sin embargo nosotras estábamos expresando algo que quizás no llegaba como queríamos que llegara”, ahondó la docente e investigadora Luisina Castelli Rodríguez, otra de las coordinadoras del equipo, que completan Melissa Pérez y Guzmán Arnaud. “Para que la información pueda llegar a las personas, tenés que conocer cómo esas personas se comunican, de qué forma expresan las ideas y poder adaptar lo que estás queriendo decir”, manifestó la académica.
Intereses, necesidades y propuestas
Ganas. Con esa palabra podría resumirse lo primero que detectó el equipo de trabajo durante las instancias con la comunidad sorda. “Sentimos que había muchas ganas de hablar de estos temas y también una necesidad de contarnos experiencias que les han sucedido en torno a estos temas, que sabemos que en general nos pasan a todas las personas, pero tal vez desconocemos lo que le pasa a la comunidad sorda en cuanto a acceso a derechos, mecanismos para garantizar derechos, en cómo hacer, por ejemplo, denuncias o procedimientos en torno a la vulneración de sus propios derechos”, señaló Recalde.
A la vez, “había mucha demanda de interiorizarse en la realidad de la población trans” y emergieron varias preguntas sobre qué es ser cis, tener una identidad no binaria o qué es la intersexualidad, agregó la investigadora. El equipo también percibió un “desconocimiento de normativa en varios temas”, incluida la Ley Integral para Personas Trans.
Por otra parte, las coordinadoras señalaron que en distintas oportunidades hubo intercambios entre participantes sobre el uso de sus señas y una de las cosas que mencionaron, por ejemplo, es que no hay seña para nombrar lo “cis”, como tampoco para otras palabras, como “clítoris”. Además, participantes contaron que la seña de “identidad de género” es “prestada” de la lengua de señas de Argentina y que la noción de género refiere a los órganos reproductivos, por lo que adoptaron también una del país vecino que es con la palma abierta y los dedos separados dando a entender el fluir del género.
Castelli precisó que ese préstamo lingüístico es “mientras definen qué seña van a utilizar en Uruguay, porque lo que se está buscando es de alguna forma cambiar o superar la seña que había”. Al mismo tiempo, puntualizó que “los procesos de debate en esta comunidad y en distintas comunidades llevan distintos tiempos”; es decir, “no es que estén atrasados con relación a los debates que se van dando entre oyentes, sino que les implica su propio proceso de intercambio, de diálogo, y ahora están debatiendo esta cuestión”. Recalde, por su parte, resaltó que el hecho de que hagan préstamos lingüísticos o usen una seña de género que “está en construcción” muestra que “no es que la comunidad no tenga forma de referirse [a esas cuestiones], sino que lo hace a su propia manera”.
Las barreras en el acceso a la información
Una de las cuestiones que vino a ratificar el proyecto es que el acceso a la información es una de las principales barreras para las personas sordas y que esto es especialmente crítico en el ámbito de la salud. “Hay un derecho a la información de algunos temas que notamos que no llega a la comunidad, porque esta necesidad también surge del intercambio, de que la comunidad nos dijera ‘estos temas está bueno trabajarlos’”, detalló Recalde.
En ese sentido, dijo que la información en temas de prevención de ITS, VIH y embarazos no planificados “no era tan accesible como pensábamos”, porque “no está en lengua de señas, porque no están los contenidos, porque el tipo de lenguaje tal vez es muy extenso, quizás es muy técnico; no está pensado para que la población sorda pueda acceder”.
Puso como ejemplo el preservativo vaginal, que “mucha gente no sabía que existía” ni cómo funcionaba hasta que participó en el taller, que en este caso fue impartido por UNFPA. “Se llevaron condones vaginales, se explicó cómo se utilizaban y fue una instancia en la que la comunidad nos devolvió que era necesario”, acotó Recalde.
La investigadora aseguró que vieron “de todo”: “personas que sí conocían métodos anticonceptivos” –y, de hecho, contó que un participante compartió cómo fue su proceso para hacerse la vasectomía– y “personas adultas que no conocían los métodos de protección, que la primera vez que los veían fue en esa clase”.
El contenido de esas instancias se construyó en conjunto con la comunidad sorda. “No es que yo vengo y te digo ‘mirá, el condón vaginal es esto y se usa así’, porque es el lenguaje oral que nosotras tenemos. No es trasladarlo igual al lenguaje de señas, sino pensar desde el lenguaje de señas. Y ahí se hizo un trabajo en conjunto con la comunidad”, explicó Recalde.
Castelli enfatizó en la importancia de que esta información llegue a las personas sordas en su propio lenguaje, en tanto es una comunidad que “ha estado muy expuesta a ser una población de riesgo en cuanto al contagio del VIH, justamente porque la información no estaba disponible para ellos”. En esa línea, valoró que “en la medida en que es una información que circula, que la gente se queda pensando, que tiene la posibilidad de tomar decisiones, que tiene la posibilidad de elegir y de elegir con base en su propio conocimiento y no en lo que otra persona le está diciendo, eso cambia tu manera de relacionarte con tu cuerpo, con las instituciones, con tu comunidad, con tu pareja, con tus amistades”.
Otra de las conclusiones que emergieron fue que las instituciones de salud “hoy en día no son accesibles para la población sorda”. “A no ser algunas que la propia comunidad tiene identificadas, no son accesibles, porque no hay intérpretes, porque tampoco las personas oyentes saben lengua de señas, porque la institución no está preparada para usuarios que hablan en lengua de señas, porque los médicos no saben lengua de señas”, enumeró Recalde.
Su compañera sumó preguntas: “¿Cómo se manejan médicos y médicas en el consultorio? ¿Habilitan la presencia de una persona intérprete? ¿Esperan que la persona sorda tenga que hacer lectura labial de lo que ellos dicen? ¿Por qué, si ellos podrían hablar lengua de señas y la lengua natural de estas personas es la lengua de señas? Merecería ser más estudiado, estar más puesto en evidencia. El conocimiento es poder; poder entender las cosas y poder tomar decisiones es fundamental”, apuntó Castelli, y cuestionó además por qué, si la comunidad sorda es “una comunidad lingüística muy importante en nuestro país”, la lengua de señas no se imparte en los centros educativos.
“Hace falta que toda esta información sea accesible o esté pensada para llegar a la comunidad sorda, porque, si no, ese derecho no se efectiviza en la vida de las personas”, resumió Recalde. En este punto, la clave es hacerlo “generando diálogo con la comunidad para construir el puente que permita acceder a la información y a los derechos”.