En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora cada 30 de julio, la activista y sobreviviente Sandra Ferrinni solicitó reunirse con los tres candidatos a la presidencia que hoy lideran las encuestas para plantear algunas medidas que podría adoptar el próximo gobierno en torno a la problemática.
En distintas cartas dirigidas a Yamandú Orsi (Frente Amplio), Álvaro Delgado (Partido Nacional) y Andrés Ojeda (Partido Colorado), la líder de la Asociación Sí a la Vida –dedicada a la lucha contra la trata– les transmite su intención de plantearles, “desde la experiencia, canales de lucha en contra de la trata y la explotación sexual, en todas sus facetas, tomando en cuenta que Uruguay, lamentablemente, se convirtió con el tiempo en un país de origen, tránsito y destino; así no se vuelve a repetir mi historia, que es la de tantas”.
Ferrinni, que fue víctima de trata sexual durante 37 años, según recuerda ella misma en las misivas, a las que accedió la diaria, reconoce que en los últimos años nuestro país logró avances legislativos, como la ley de migraciones, de 2008, que en su artículo 78 establece penas de cuatro a 16 años de cárcel para quien cometa delitos de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral. En ese sentido, afirma que las penas son “severas” en lo que refiere a la trata con fines de explotación sexual y “acordes con las penas establecidas para otros delitos graves como la violación”, a la vez que recuerda que “se incrementan de un tercio a la mitad” si el delito involucra a una niña, niño o adolescente. Sin embargo, “el problema está en hacer cumplir la ley”, advierte la activista.
También menciona el artículo 39 de la Ley 11.925, de ordenamiento financiero, que dispone que “todos los créditos y reclamaciones contra el Estado, de cualquier naturaleza u origen”, caducarán a los cuatro años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles”. Para Ferrinni, “esto está totalmente fuera de la realidad” en caso de que las víctimas de trata quisieran acceder a una reparación civil, por ejemplo, “pues es muy probable que a los cuatro años las víctimas aún no tengan la capacidad de reconocerse como tales”.
En diálogo con la diaria, la activista dijo que uno de los principales reclamos es justamente el de “una reparación real para todas” las sobrevivientes de trata. Esto está contemplado en la ley de trata aprobada en 2018, específicamente en los artículos 42 y 43, pero aseguró que “no se cumple”. “Las sobrevivientes nos estamos muriendo de hambre”, señaló la referente, y agregó que “muchas no tienen dónde vivir”. Ferrinni contó que frente a la respuesta estatal insuficiente, la asociación que lidera cuenta con una “red de vecinos de diversas partes de Montevideo que hospeda a las chicas” que rescatan de situaciones de trata. Las autoridades “tienen que dar una solución, aunque sea una casa para refugio”, apuntó.
En las cartas asegura que está “en manos” de cada candidato “hacer la diferencia y realmente trabajar políticas públicas eficaces en contra de este flagelo, desde la prevención, sensibilización, educación, atención y resarcimiento, en un posible gobierno”.
Hasta el momento, los tres candidatos “acusaron recibo”, afirmó Ferrinni, y dijo que, en el caso de Delgado, desde su equipo le dijeron que “está muy ocupado y no va a poder atenderla”. Por otra parte, contó que a raíz del envío de las cartas la contactaron para coordinar una reunión con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, que en principio está prevista para la próxima semana.
Lo que proponen los programas
Las bases programáticas del Frente Amplio incluyen la trata de personas y la explotación sexual y comercial en niñas, niños y adolescentes como uno de los “principales desafíos para la sociedad uruguaya” en materia de “convivencia pacífica, seguridad y combate a la criminalidad”. A su vez, “combatir toda forma de explotación sexual y trata” y “crear equipos multidisciplinarios en instituciones vinculadas a la problemática que atiendan integralmente a las víctimas, como forma de reparar daños y restituir derechos”, es una de las diez acciones prioritarias que plantea la fuerza política en el eje sobre “infancias, adolescencias y juventudes”.
Por su parte, Delgado contempla el tema en tres de las 11 acciones que propone para atender la violencia de género. En concreto, plantea “impulsar campañas de concientización y acciones integrales para la erradicación de la trata, abuso y explotación sexual en todos sus niveles, con énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes”; “generar una línea específica de trabajo sobre trata y explotación sexual en el Observatorio de Género para diagnosticar y diseñar políticas para la erradicación, con foco en las localidades de frontera y zonas turísticas de alto impacto”; y “establecer una red de coordinación regional para prevenir y combatir la trata de personas”.
En tanto, Ojeda lo incluye en dos de las 11 propuestas de su capítulo sobre “género”. La primera tiene que ver con “impulsar campañas de concientización sobre la violencia de género, explotación sexual y trata de personas, buscando educar a la población sobre las problemáticas, los signos de abuso, los recursos disponibles a nivel público y privado, buscando generar un diálogo abierto y promoviendo una mayor cultura de denuncia y apoyo a las víctimas de las mismas”.
La segunda es la “implementación de políticas públicas que apunten a la visibilización” y la “reducción” de la trata de personas en Uruguay, tales como “aumentar la cooperación con los países de la región”, “fortalecer las capacidades locales mediante mejoras a las políticas fronterizas” y promover “capacitaciones para la identificación de dichas situaciones por funcionarios administrativos y policiales”, además de “dotar de mayores recursos financieros y humanos al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas”.