Una decena de colectivos nucleados en la Mesa de Organizaciones por los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales se concentraron en la tardecita del viernes en la plaza Libertad para visibilizar las problemáticas que atraviesan y plantear algunos reclamos al Estado. La manifestación tuvo lugar el mismo día que en Uruguay se conmemora el Día Nacional de la Trabajadora Sexual y se realizó bajo la consigna “Resistimos sin retroceder”.
La demanda principal de las organizaciones convocantes fue para que el “sistema político” se comprometa de una vez por todas con la modificación de la Ley 17.515 de trabajo sexual, aprobada en 2002, con el objetivo de que la normativa “garantice derechos laborales acordes a su labor, y una protección social y jubilatoria” que las “ampare ante los abusos que hoy les permiten a los proxenetas y dueños o encargados de los locales” donde se ejerce el trabajo sexual, de acuerdo con la proclama que leyeron.
Durante la legislatura pasada, dos proyectos para modificar la ley fueron presentados en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes: uno en 2021, impulsado por la bancada del Frente Amplio, que llegó a debatirse pero cuyo trámite quedó paralizado en 2023; otro, presentado en julio de 2024 por María Eugenia Roselló (Partido Colorado), Pedro Jisdonian (Partido Nacional) y Martín Sodano (Cabildo Abierto), que logró media sanción en Diputados, pero no alcanzó a tratarse en el Senado antes del final del período. En abril de este año, Jisdonian y Roselló presentaron otra iniciativa que, según dijeron, está basada en la anterior pero incluye algunas modificaciones que hicieron teniendo en cuenta las reivindicaciones de las trabajadoras.
En la plaza Libertad, las participantes también señalaron la “desprotección” a la que están expuestas por la “falta de regulación” del trabajo sexual “en las plataformas virtuales” y cuestionaron la “indefensión” que atraviesan en particular las trabajadoras sexuales trans, “quienes históricamente han sido invisibilizadas y abandonadas por el Estado, a sabiendas de que muchas mueren jóvenes, víctimas de esto”.
Las trabajadoras organizadas denunciaron al mismo tiempo la “falta de políticas públicas reales” que les permitan “ser creadoras de las herramientas que nos acerquen más al anhelo de salir del círculo de la pobreza y de la marginalización”. “Tenemos derecho a una mejor calidad de vida, a ser escuchadas con respeto y no con infantilización extractivista de saberes situados que monetizan en contra nuestro”, agregaron en la proclama.
En ese contexto, instaron “al Estado y a la población en general” a que se les permita “vivir sin violencia, discriminación y precariedad por estigma”. “Es hora de actuar por nosotras, con nosotras; de escucharnos, de incluirnos, de entender que somos parte de la solución”, aseguraron las trabajadoras; “es hora de entender que podemos crear un mundo más justo y equitativo para todas, incluidas las personas trabajadoras sexuales”.
La Mesa de Organizaciones por los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales está integrada por Comperts Uruguay (Comunidad de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual), Mas.Tras (Masculinidades y Disidencias en Trabajo Sexual), Grupo Visión Nocturna, Asociación Trans del Uruguay (Atru), Proyecto Caminos, Colectivo Ovejas Flores, Casa Abierta y la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, Área de Trabajo y VIH/sida del PIT-CNT.