La Cámara de Diputados de México aprobó esta semana, por mayoría calificada y con la unanimidad de 467 votos, la reforma del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de femicidios. El dictamen, que tiene su base en una propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya tenía la sanción del Senado, busca dotar al Congreso de facultades para “establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes” y “fortalecer la coordinación entre autoridades, además de garantizar el acceso efectivo a la Justicia y la reparación del daño”, explicó la cámara alta en un comunicado.
Además, busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de femicidio. El Senado señaló que, así, queda claro que “al otorgar al Congreso mayores facultades para legislar en materia de feminicidio, se sientan las bases para una homologación efectiva del tipo penal, lo que contribuye a mejorar las condiciones de acceso a la Justicia en todo el país”. La reforma también contempla atención a niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanos por femicidio.
Con esta ley se evitará que cada uno de los 32 estados mantenga criterios aislados y distintos para abordar estos casos, pues las omisiones han provocado que menos de 25% del total de este tipo de delitos se investiguen bajo la figura de femicidio.
Ahora, el Congreso deberá expedir la legislación relativa al feminicidio citada en el artículo 73 dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Este proyecto aparece en un contexto donde alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día en México y menos de una cuarta parte se investiga como femicidio, según consignó el medio Efeminista.
Es por esto que las marchas del pasado 8 de marzo han sido protagonizadas por la denuncia de la persistencia de asesinatos de mujeres, exigiendo políticas efectivas de prevención y justicia, ya que entre 2018 y 2025 se registraron más de 26.600 asesinatos de mujeres en México y solo 6.781 fueron investigados bajo el protocolo de femicidio, de acuerdo con cifras de encuestas nacionales. Esta disparidad refleja altas tasas de impunidad y fallas en la clasificación del delito.
Aun así, el gobierno mexicano ha destacado una disminución de 14,9% en los femicidios en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. No obstante, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha cuestionado la efectividad de esa disminución al advertir que solo una parte de las muertes violentas de mujeres se investiga como femicidio.