La jueza penal de 33º Turno Adriana de los Santos dispuso la prórroga de la prisión preventiva para el único imputado de la causa Operación Océano, que investiga a 32 personas por explotación sexual de menores.
La fiscal especializada en Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, Darviña Viera, pidió la prórroga de la prisión hasta el 28 de febrero, después de que se concretara la audiencia de declaración de una de las víctimas, que había sido pedida como prueba anticipada. Para Viera la situación que provocó el pedido de medidas cautelares se mantiene incambiada, y permanece el peligro de fuga por falta de arraigo del imputado, que tiene doble nacionalidad, uruguaya y paraguaya, y actividad económica en Paraguay. El imputado fue formalizado por el delito de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para cometer actos sexuales o eróticos de cualquier tipo y tiene antecedentes por estafa y falsificación de moneda en 2009, lo que pesó en el pedido de prisión preventiva.
Para la defensa del imputado, el hecho de que su cliente tiene familia en Uruguay y el ofrecimiento de arresto domiciliario total, con colocación de dispositivo electrónico, garantizaban la continuidad del proceso y habilitaban el cese de la prisión preventiva. Además, argumentaron que tanto la demora en el diligenciamiento de las pericias de los celulares como la demora en la concreción de la prueba anticipada fueron responsabilidad de la Fiscalía y no se podía mantener al imputado privado de libertad por cuestiones ajenas a él.
Sin embargo, la jueza De los Santos accedió al pedido de la fiscal y prorrogó la prisión para el imputado, aunque no otorgó el plazo requerido por Viera y dispuso que el imputado permaneciera en prisión hasta el 15 de febrero.
En octubre, cuando venció el anterior plazo de la prisión preventiva, De los Santos había otorgado una nueva prórroga hasta el 21 de diciembre. La decisión fue recurrida por la defensa del imputado, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión de primera instancia por considerar que cumplía con el propósito de proteger a la víctima y evitar la fuga.
La audiencia preparatoria de la prueba anticipada se realizará el 23 de febrero
De los Santos también dispuso la audiencia preparatoria de la prueba anticipada en la que declarará una de las víctimas para el 23 de febrero, una instancia clave para el avance de la causa.
Esa audiencia, en la que las defensas y la Fiscalía acordarían las preguntas, iba a realizarse el 8 de octubre, pero la sede dispuso su suspensión considerando el reclamo de las defensas, que plantearon que no habían tenido tenido acceso a las pruebas, concretamente las pericias de los celulares y las computadoras de las víctimas. Además, en ese momento no estaba funcionando el servicio de traslado de personas privadas de libertad por un brote de covid-19 en cárceles.
La decisión de suspender la audiencia fue apelada por la Fiscalía y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno –integrado por Alberto Reyes, Graciela Gatti y Sergio Torres– dio la razón a la jueza, al entender que era necesario distribuir la prueba para realizar la declaración anticipada, pero instó tanto a la Fiscalía como a la jueza a insistir con el reclamo del procesamiento de la prueba a la Policía Científica e Interpol.
Tras conocer el fallo, la fiscal Viera discrepó con el tribunal, entendiendo que no es necesario que esté toda la prueba procesada para realizar la declaración anticipada, y señaló que en otros casos la prueba anticipada se realiza antes de la formalización de los imputados. A principios de diciembre, la prueba fue entregada a las defensa de los imputados, pero los abogados advirtieron que se trata de un material demasiado voluminoso como para procesar y coincidieron en que no se trataba de pericias sino de la mera extracción de datos.
En las últimas horas, según informó El Observador, 11 abogados presentaron un escrito, similar al que habían presentado antes de recibir los datos de Interpol, reclamando que no habían accedido al total de las pericias. En esta instancia sostienen que el material que les entregó Interpol, que a pedido de la Fiscalía se comunica directamente con las defensas, tiene varios archivos a los que no se puede acceder o que contiene errores.
Además, esperan la definición judicial sobre la recusación del Tribunal de Apelaciones que presentaron por prejuzgamiento, para obtener acceso a la información de las redes sociales de una de las víctimas.
De los Santos será sustituida en los próximos días, cuando asuma su cargo en el Tribunal de Apelaciones.