Tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Rivera fueron detenidos durante más de dos horas en la seccional 1ª de Rivera, por hacer una pintada frente a la casa del militar retirado Gilberto Vázquez, quien cumple prisión domiciliaria como coautor de 28 homicidios.
Los militantes llegaron sobre las 23.45 a la puerta de la casa del militar, ubicada en la esquina de las calles Figueroa y Sarandí, en el centro de la ciudad, y no demoraron más de diez minutos en hacer la pintada sobre la calle: “¿Dónde están? Acá vive un asesino, Gilberto Vázquez”. Cuando ya se habían subido a un auto para retirarse del lugar, los detuvo un patrullero y dos policías los hicieron bajar del vehículo. “Llegaron, miraron lo que estaba escrito y pidieron apoyo. Se ve que no les gustó lo que leyeron”, comentó a la diaria Fabián Almeida, uno de los detenidos.
Al lugar llegaron otros ocho efectivos, en una camioneta y dos motos del PADO. Como los militantes no tenían la libreta de propiedad del automóvil Fiat en el que se trasladaban, los policías dispusieron que los detenidos llevaran el auto hasta la seccional. “Nos dijeron que nos llevaban por la pintada, porque habíamos cometido una falta en la vía pública. Es novedoso, porque al lado de la pintada que hicimos había una pintada gigante de un cumpleaños”, señaló Almeida.
El militante, que es presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria de Rivera, señaló que la detención se produjo porque las cámaras de seguridad de una empresa privada están conectadas con la Policía. “Mucho circo, y además deja un antecedente y el mensaje de ‘que no se repita’”, lamentó.
La directora de la INDDHH Mariana Motta dijo a la diaria que se está evaluando la situación, a la que calificó de “muy preocupante” por el hecho de que fueran detenidos por una acción que no implica ningún tipo de falta. “Eran tres personas haciendo una pintada. Si eso amerita una detención es complicado, porque además de la detención cercena la libertad de expresión”, expresó.
La Comisión de Derechos Humanos de Rivera evaluará en las próximas horas si presenta formalmente una denuncia ante la INDDHH, que también podría actuar de oficio si lo considera pertinente. “Nos preocupa que todas las formas de expresión popular y crítica comiencen a ser catalogadas de faltas en una profundización de la ya existente criminalización de la protesta. Reclamamos el derecho civil a la protesta, que no puede ser cercenado en un país democrático como el nuestro, reconocido por su trayectoria democrática”, expresó en un comunicado la comisión.
En el mismo sentido se expresó la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que lamentó el “intento de callar la legítima manifestación”. “El reclamo de verdad y justicia parece nuevamente molestar a las autoridades”, consideró el gremio.