El fiscal de Corte, Jorge Díaz, informó este martes que durante 2021 no funcionará la Unidad de Género como unidad autónoma de la Fiscalía General de la Nación, por falta de presupuesto. Actualmente Fiscalía tiene un déficit de 52% en gastos de funcionamiento.
“Soy absolutamente consciente de que la ley me obliga a ello, pero la realidad es que no tenemos fondos para pagar salarios o reasignar funcionarios a esa tarea; probablemente la unamos a Víctimas y Testigos y trabajemos en esa línea”, explicó Díaz al programa Así nos va, de Radio Carve.
Por otra parte, Díaz señaló que está evaluando el cierre de algunas fiscalías en el interior del país, que se fusionarán con otras dentro del mismo departamento. “Somos conscientes de que al final del día quien paga el plato es la población, porque alguna parte de la población se va a tener que trasladar de un lugar a otro”, señaló.
Además, en febrero, la Fiscalía de Crimen Organizado, a cargo del fiscal Luis Pacheco, que funciona bajo el viejo código de proceso, pasará a ser la tercera fiscalía especializada en Delitos Económicos, por lo que de las 102 fiscalías que existen en el país sólo cuatro quedarán funcionando fuera del nuevo sistema.
Otra de las decisiones que se tomaron fue la de trasladar algunas fiscalías de la calle Cerrito al edificio de la calle Uruguay, y se está evaluando la posibilidad de dejar de participar en algunos ámbitos institucionales que implican gastos.
La reestructura también implica el congelamiento del pago de compensaciones a partir del 1º de enero de 2021 y la reducción en los gastos de combustible.
Díaz dijo que tanto los gastos vinculados a seguridad como los gastos vinculados a la informatización de las fiscalías no se recortarán, debido a que son asuntos “de alta prioridad” para el organismo que dirige.
El fiscal de Corte recordó que desde que Fiscalía comenzó a funcionar como servicio descentralizado en 2015, tiene el mismo presupuesto para gastos de funcionamiento e inversiones y sólo recibió incrementos para retribuciones personales.
Como Fiscalía tiene previstos gastos por cargos que todavía no ha nombrado, durante el período pasado el Poder Ejecutivo le respondió que usara los dineros generados de las vacantes para cubrir los incrementos en gastos de funcionamiento e inversión.
“Eso fue lo que hicimos a lo largo del quinquenio anterior, sin recibir un solo peso extra; con esos fondos se compró y se hizo toda la obra del edificio de Cerrito y se desarrolló el sistema informático”, señaló Díaz.
El fiscal de Corte planteó que además del déficit en gastos de funcionamiento, que alcanzó 52%, con el presupuesto aprobado en 2020, además de continuar sin ningún incremento, se dispuso la necesidad de una autorización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para habilitar la trasposición de fondos entre rubros, lo que complica aún más la situación. “Confiamos en que eso sea autorizado, pero si no, nos vamos a enfrentar a un problema”, advirtió.
Díaz dijo que desde 2012 se realizaron compras de edificios como la sede de Paysandú o el de la calle Cerrito, que permitieron utilizar los fondos liberados de alquileres para mudanzas de otras fiscalías, debido a que la implementación del nuevo código establece otras exigencias edilicias, en parte para que las víctimas y los imputados no compartan espacios.
Además de los alquileres, uno de los mayores gastos que tiene la Fiscalía es el servicio de almacenamiento de datos del Data Center de Antel. Díaz ya se reunió con el presidente de la empresa, Gabriel Gurméndez, para analizar la posibilidad de un financiamiento. Fiscalía genera unos cinco terabytes por año y gasta unos 31 millones de pesos en facturación de Antel.