Una delegación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) concurrió este martes a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en busca de avanzar en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Civil de los Fiscales, aprobada en Diputados en diciembre.
La iniciativa busca impedir que los fiscales sean objeto de demandas civiles y que las acciones se dirijan contra la Fiscalía, como forma de evitar el uso de la denuncia como estrategia de la defensa de los imputados.
El proyecto fue una propuesta de la AMFU trasladada al Poder Ejecutivo en el presupuesto de la Fiscalía. Cuando se estaba tratando en Diputados, en el presupuesto quinquenal, los legisladores decidieron tratar el artículo aparte, que finalmente fue aprobado por 82 de los 84 diputados. Sin embargo, la discusión en el Senado no avanzó, por lo que los fiscales volvieron a plantear el tema en comisión.
“Nos plantearon que estaban de acuerdo con el espíritu de la norma y algunas dudas sobre si ya no está establecido en la Constitución que primero se debe ir contra la Fiscalía. Nosotros traemos el principio de la realidad, es una situación que se está dando, se está accionando contra los fiscales”, expresó a la diaria el presidente de la AMFU, Willian Rosa.
Para Rosa el cometido de las acciones es “amedrentar, atemorizar y paralizar al funcionario fiscal para que no siga adelante” y el denunciante logra su propósito, independientemente de que el juez termine rechazando el planteo, dado que debe concurrir al juzgado, contratar un abogado y trabajar en la contestación de la demanda.
Rosa señaló que la ley ordena la forma de accionar contra la fiscalía y recordó que en 2019 la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales dispuso la misma medida para los jueces.
En su artículo 11, la ley establece que la responsabilidad civil de los jueces por actos propios en su función se aplicará con lo establecido por la Constitución de la República en su artículo 24, que plantea que los órganos del Estado “serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, mientras que el artículo 25 establece la posibilidad de que el órgano público pueda repetir contra los funcionarios en caso de culpa grave o dolo.
“Uno piensa que el proceso penal se da en cuanto la Fiscalía a partir de su investigación tiene una teoría del caso, que tal persona hizo tal cosa y la defensa va a decir que no lo hizo o no lo hizo de esa manera. Uno piensa que el juego dialéctico del juicio se define en ese binomio, pero lo que vemos es que estas estrategias defensivas no van a atacar la teoría del caso, sino que van horadando todo lo que está alrededor de la actuación de los fiscales, con una demanda, desprestigiando a los fiscales o la investigación”, señaló Rosa.
El fiscal planteó que algo que evidencia que las demandas son una estrategia de las defensas es que para ganar la acción civil es mucho más efectivo ir contra el organismo que contra el funcionario, considerando su respaldo patrimonial para cumplir con el resarcimiento del daño.
Además, señaló que el trabajo del fiscal implica tomar decisiones que afectan derechos, como el pedido de una detención, un allanamiento o el levantamiento del secreto bancario, y pone “en una situación incómoda” al Estado de derecho si el funcionario tiene que responder con su patrimonio por esas acciones.
Si bien hasta ahora se han dado unos diez casos de fiscales demandados, Rosa expresó su preocupación por que se pueda replicar esta estrategia entre las defensas y agregó que si hay una actuación de un fiscal que genera un perjuicio “están los carriles de la causa” para plantearlo.
“Nosotros no estamos planteando la irresponsabilidad de los fiscales, estamos abogando por una estructuración del accionamiento adecuado con lo que establece la Constitución”, agregó.
Durante la presentación de la AMFU, los legisladores del Frente Amplio Charles Carrera y José Carlos Mahía expresaron su apoyo al proyecto, mientras que la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi y el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech plantearon dudas sobre la necesidad de la ley para establecerlo.
“Comprendo la preocupación de ellos, pero entiendo que están protegidos por el artículo 24 de la Constitución. Ninguna demanda contra un funcionario público puede prosperar cuando ese funcionario actuó como un agente del Estado”, opinó Domenech en diálogo con la diaria.
El senador dijo que si hay abogados que demandan civilmente o denuncian penalmente a los fiscales como “una mera estrategia” y “un recurso para obstaculizar la Justicia”, hay que denunciarlo ante la Suprema Corte de Justicia, que es el organismo que tiene la superintendencia correctiva de los abogados. “Nos hemos acostumbrado a admitir el chicaneo”, lamentó.
Por otra parte, señaló que el proyecto de ley presentado por los fiscales “no impide la acción penal ni las amenazas que reciben de los grupos delictivos”, pero señaló su disposición a estudiarlo: “Si les da tranquilidad, capaz que lo aprobamos”.