Luego de que la Justicia dispusiera que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) tiene que pagar una multa millonaria a una de las familias desalojadas del asentamiento Nuevo Comienzo, la secretaría de Estado ofreció brindarles subsidios para el alquiler. Según informó a la diaria Juan Ceretta, abogado que lidera la defensa de las familias, en la noche del jueves llegó la resolución que ofrece un subsidio de 12 UR (16.076,76 pesos); este viernes analizarán la decisión, pero según adelantó Ceretta antes de aceptar esa solución esperarán que se paguen las multas definidas.
Ceretta, junto al equipo del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, presentó tres acciones de amparo por tres familias diferentes cuando la Fiscalía dispuso una fecha límite para que sean desalojadas. Esas acciones tuvieron condena en primera y en segunda instancia porque fueron apeladas por el MVOT.
En el primero de los casos, el MVOT cumplió y le entregó una vivienda a la familia, en el plazo que establece la primera sentencia. “En ese caso actuó con absoluto apego a lo que dice la ley de amparo, que establece que el condenado tiene que cumplir aunque esté pendiente la resolución de la apelación”, comentó Ceretta.
“En los otros dos casos no cumplió nunca, parecería que esperó a ver si podía ganar en segunda instancia, cuando estaba obligado a cumplir desde el plazo que le dio la sentencia de primera instancia”, dijo el abogado. Por esa razón fue que presentaron una intimación al cumplimiento de la sentencia y al mismo tiempo pidieron, como prevé la ley de amparo, que se estableciera una multa por cada día de incumplimiento. En uno de los casos, tal como informó la diaria este jueves, el juez ya estableció la multa y la calculó en una suma que es de casi cuatro millones de pesos.
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El subsidio después de la multa
Luego de que se confirmara la multa, el MVOT presentó un escrito en el que otorga un subsidio de alquiler a ambas familias por 12 UR, que es lo que establece el sistema de subsidios del ministerio. Según contó Ceretta, esa notificación llegó al despacho de la Facultad de Derecho el jueves por la noche. El abogado detalló que este viernes estudiarán el contenido de la resolución de la ministra y presentarán un escrito en el juzgado con su opinión.
“Si ellos nos hubieran ofrecido un subsidio de 12 UR cuando todo esto empezó lo hubiésemos aceptado sin dudar. Ahora lo que tenemos que analizar es si lo aceptamos después de haberles ganado un juicio que los obliga a brindar una casa. No descarto que lo aceptemos, pero esto era algo para ofrecer al principio. Es tan errático el comportamiento del ministerio que no sabés a qué atenerte”, opinó el abogado.
De todas formas, adelantó que exigirán “que se paguen las multas que ya se devengaron, tanto la de esa familia, que ya tiene casi cuatro millones de pesos para cobrar, como la de la otra, cuyo monto todavía no se estableció”, afirmó. Sin embargo, no todo ese dinero es de las familias. Ceretta explicó que “en los casos que se establecen estas sanciones, la ley dispone que la mitad de ese monto va para un fondo del Poder Judicial y la otra mitad sí va para la familia”.
Según detalló, “la mitad se la va a quedar el Poder Judicial y la otra mitad va a ir para la familia, la sentencia ya ordenó que depositen el dinero que le corresponde a la familia en el Banco República, en una cuenta a nombre del juzgado, el juez pide una orden de pago y se le libera el dinero a la familia, pero todavía el MVOT no depositó”.
Asimismo, el abogado agregó que la resolución del subsidio no convence, porque “pone un montón de condiciones, como que la familia tiene que encontrar la casa, encargarse de todos los gastos del alquiler y celebrar el contrato. Pero la familia que no tiene multa para cobrar no tiene dinero para hacerse cargo de los trámites de contrato de alquiler, yo no puedo dejar librado que sigan existiendo obstáculos para que esta gente pueda tener una vivienda digna”.
Ceretta recordó que en estos casos “se hace un trabajo coordinado” con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y con el Ministerio de Desarrollo Social, porque el INAU “tiene un programa que se encarga de conseguir las casas, de evaluarlas y aprobarlas en el sentido de que sean dignas para la familia”.
“Tal vez hubiera aceptado estas condiciones al inicio, pero después que nos hicieron hacer un juicio y lo ganamos en dos instancias no es que voy a aceptar cualquier cosa que nos tiren”, sentenció Ceretta, y agregó: “No parece lógico que tengamos que sacar subsidios para alquiler para las 200 familias, parece mejor sentarse a hablar con la Intendencia de Montevideo, que había ofrecido tierras, y buscar un realojo razonado, pero eso quedó en la nada porque la ministra no ha mostrado ni el más mínimo interés”.