Una persona privada de libertad de 20 años falleció el lunes en el módulo 12 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). Tenía problemas severos de salud mental. Por eso estaba recluido en ese módulo, que es específico para estos fines y tiene sólo 12 cupos disponibles. Al momento de esta muerte había ocho personas privadas de libertad recluidas en las celdas individuales que tiene este módulo.
Se intenta establecer las causas de su fallecimiento. El cuerpo no presenta signos de violencia y la autopsia inicial no fue concluyente. Las pericias forenses continúan para determinar la causa del fallecimiento.
Estaba privado de libertad desde marzo de este año por delitos definidos a partir de la ley de urgente consideración (LUC): agravio a la autoridad y el desacato que configura la rotura de una tobillera. Tenía una tobillera electrónica por una restricción de acercamiento con su padre.
El módulo 12 es gestionado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por intermedio del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) y está destinado al tratamiento de problemas de salud mental graves. Antes, quienes requerían un trato específico por su patología eran recluidos en el cuarto piso de Cárcel Central. El módulo 12 fue vaciado tras un motín ocurrido en 2018. Su reapertura con estos fines tuvo lugar tras el cierre de Cárcel Central. Empezó a funcionar en marzo de 2020.
Pablo Fielitz, director de Salud Mental de ASSE, dijo a la diaria que solicitó un informe a la dirección de SAI-PPL, con quienes mantendrá una reunión el viernes para analizar este tema.
El 14 de febrero hubo otra muerte en ese módulo. Una persona privada de libertad, que días antes se había arrancado una traqueotomía y había sido intervenida quirúrgicamente en un hospital, con éxito para reponerla, falleció en el módulo. También tenía 21 años.
Este jueves, autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio del Interior y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, se reunieron en el Comcar por la muerte ocurrida el lunes.
En diálogo con la diaria, Petit explicó que “como en todos los casos de muertes en custodia, la oficina los estudia”. “Realizamos una investigación con las herramientas legales y de recursos que tenemos, y tratamos de sacar conclusiones que volcamos en informes al Parlamento, a las autoridades y, en algunos casos, a la Justicia”, comentó. Y agregó que, en este sentido, “desde el año pasado tenemos un convenio de trabajo con la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, que nos ha permitido mejorar mucho nuestro análisis, y seguimos profundizando el trabajo con ellos”.
Petit dijo que “el caso de la muerte el día 17 de un joven de 21 años en el módulo 12 del ex Comcar también lo estamos estudiando”. Señaló que le genera conmoción: “En particular, nos resulta un caso muy conmovedor. Muy conmovedor porque era un chiquilín, muy joven, con un delito leve y una pena corta”.
“Estamos estudiando todos las dimensiones de la situación: el proceso social previo, la trayectoria mientras estuvo privado de libertad, su contexto. Todavía no están claras las causas de la muerte. Estamos teniendo entrevistas y un equipo estuvo hoy en el lugar”, explicó.
Si bien expresó que “todavía no podemos sacar conclusiones”, sugirió que estas, “tarde o temprano, siempre salen de estos casos”. “Porque como nos han enseñado los forenses, aunque sea doloroso, entender la muerte nos permite sacar conclusiones para mejorar la vida”.
Según Petit, este caso obliga a repensar varias cosas del sistema de Justicia y del sistema carcelario. “De forma preliminar, todo indica que es un caso que obliga a pensar en fortalecer y reformular el sistema de medidas sustitutivas o alternativas a la privación de libertad y los programas de salud mental y de rehabilitación”.
El comisionado señaló que “está claro en todo el mundo que los delitos leves, con penas de meses de prisión, no tienen un buen resultado en régimen carcelario, la persona se deteriora y tiene más reincidencia”. Explicó que por eso “nuestro sistema de medidas alternativas debe ser fortalecido para cumplir su función”. “Esto significa: más técnicos y más conexión con programas de rehabilitación, de asistencia ambulatoria o en semilibertad en salud mental, adicciones, discapacidades u otras afectaciones”, detalló.
La investigación sobre esta muerte, que presenta características dudosas, continúa. “En cuanto tengamos conclusiones, informaremos al Parlamento”, concluyó Petit.