Un ómnibus de la Policía llegó al barrio Santa Catalina sobre las 8.30 del miércoles para detener a 13 personas del asentamiento San Miguel, ubicado en el mismo predio que Nuevo Comienzo. Las detenciones fueron pedidas por la Fiscalía de Flagrancia de 5° turno, a cargo de Diego Pérez, quien lleva adelante la causa de Nuevo Comienzo.
Estéfani Melo, de 32 años, fue una de las detenidas. Hacía un mes que había tenido a su hija y se estaba recuperando de la cesárea. Cuando llegó la Policía, su esposo estaba trabajando y no tenía con quién dejar a sus cuatro hijos: “Me dijeron que los tenía que acompañar porque tenían orden de allanamiento, pero no me mostraron ningún papel. Como no sé de esas cosas les dije que sí, y les pregunté si podía llevar a la bebé, que no tenía con quién dejarla porque mis hijos son todos menores, y me dijeron que no”.
Estéfani dejó a la beba y subió al ómnibus con los otros 12 vecinos, seis hombres y seis mujeres de distintas familias, y fueron llevados a la Seccional 4. Si bien señaló que fueron bien tratados por la Policía, los llevaron esposados hasta el Juzgado Penal de 44° turno en la calle Juan Carlos Gómez, a cargo de la doctora Diovanett Olivera. Estéfani fue liberada a 21.00 y citada a la Fiscalía para el jueves al mediodía, el resto quedó detenido hasta la noche del jueves.
“Fui a Fiscalía porque me tenía que presentar sí o sí y no tenía ningún abogado. Declaré ante un fiscal, que yo pensé que era mi abogado, y después me dijo que me tenía que ir del terreno, que si me podía ir hoy que me fuera hoy, pero yo tengo cuatro gurises, ¿a dónde me voy a ir?”, comentó. Estéfani se negó a firmar un acuerdo por el que se comprometía a abandonar el predio en un plazo de 45 días.
Los otros detenidos fueron a declarar al juzgado este jueves y tras una audiencia de más de tres horas, la jueza Olivera formalizó el proceso contra 11 de las personas detenidas, por los delitos de usurpación y robo de energía. Los detenidos fueron liberados sin medidas cautelares y serán convocados a la sede en un plazo de 30 días. La defensa de los vecinos, Rosario Silveira, expuso en la audiencia los argumentos de la Justicia de Familia que falló en varios casos a favor de los ocupantes de Nuevo Comienzo, priorizando el derecho de los niños a una vivienda digna, y lo planteado por la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas, que en febrero instó al Estado uruguayo a suspender los desalojos en el asentamiento, en el que viven más de 250 familias.
Consultadas por la diaria, fuentes de la Fiscalía defendieron la legalidad de los procedimientos y señalaron que todos los allanamientos se realizaron con orden judicial. En cuanto a las declaraciones tomadas sin presencia de los abogados, señalaron que en todos los casos los detenidos declararon con la presencia de la defensoría.
Fabiana, una de las vecinas del asentamiento Nuevo Comienzo, lamentó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) y recordó que, en noviembre, cuando fueron recibidos por la ministra Irene Moreira, les dijo que no los volvería a atender si llegaban con niños en la manifestación. “Ella no quiere una movilización con niños frente al Ministerio de Vivienda, pero no tiene problemas en dejar a los niños en la calle”, cuestionó.
La Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes estudia dos proyectos de ley para suspender desalojos durante la pandemia, pero su tratamiento se ha ido postergando, mientras continúa la acción de la Fiscalía.
El predio, de propiedad de la empresa Dervalix SA, con un camino de servidumbre perteneciente a la Intendencia de Montevideo, fue ocupado en enero de 2020. En julio se creó un ámbito de diálogo en el que la Intendencia se comprometió a ceder el terreno para la construcción de viviendas, siempre que se realizara en el marco de un plan de vivienda aprobado por el MVOT en el marco de la Ley de Promoción de Vivienda. Cuando los vecinos buscaron integrarse a un plan con una canasta de materiales para construcción, el ministerio señaló que había otras situaciones que atender.
Fucvam rechazó el operativo policial
La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (Fucvam) rechazó “la violencia del procedimiento” en el asentamiento San Miguel y asegura que fue realizado sin orden judicial.
“Resulta fundamental cuestionar la ilegalidad del actuar de las fuerzas policiales y evidenciar la inconstitucionalidad de los tipos penales que criminalizan la ocupación pacífica, mecanismos que sólo reprimen y condenan, sin resolver jamás derechos fundamentales como la vivienda”, sostuvo la Federación en un comunicado difundido este jueves.
La Federación destacó que desde hace más de un año las familias de Santa Catalina son víctimas de “una incisiva persecución y ensañamiento”, en la que se criminaliza la pobreza y la ocupación pacífica bajo la figura de usurpación.
Fucvam recordó que en 1989 ocuparon tierras donde ahora hay más de 100 cooperativas en las que participan miles de familias. “También en aquella oportunidad se nos quiso procesar por violencia, usurpación y clandestinidad”, señalaron.