La Rendición de Cuentas es una oportunidad para analizar el cumplimiento de metas y las estrategias llevadas adelante por los distintos ministerios. Además de la rendición en sí misma, se plantea una exposición de motivos en la que se describe el contexto y se hacen proyecciones. También se presentan anexos que aportan análisis cuantitativos e información cualitativa.
En el Tomo II, Planificación y Evaluación del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas, se presentan la información financiera, la planificación estratégica quinquenal y el desempeño 2020 de cada organismo. El Ministerio del Interior (MI) tiene varias áreas programáticas dentro de la Rendición de Cuentas, entre las que están Seguridad Pública, Registro e Información Oficial, Educación, Salud y Protección, y Seguridad Social. Dentro de seguridad pública se encuentra el eje Policía, lo que respecta a prevención y represión del delito, combate al fuego y siniestros como seguridad en rutas y caminos; en relación con el sistema penitenciario, existe el programa Gestión de la Privación de Libertad.
El diseño presupuestal es establecido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En función de esto, el MI elabora su planificación estratégica, en la que plasma los compromisos asumidos de acuerdo con el plan de gobierno. El plan responde o respalda el gasto ejecutado y las partidas solicitadas para años próximos.
El MI tiene que proponer objetivos de su gestión. Se establece también una serie de indicadores, que pueden ser de resultado o de desempeño, y se define un valor meta. Los indicadores sirven además para monitorear la meta. Este mecanismo resulta importante también para que el Parlamento pueda evaluar la asignación presupuestal y cobra especial interés en la Rendición de Cuentas.
Construir esta forma de plantear metas y monitorear su cumplimiento fue un proceso que llevó esfuerzo de capacitación a las autoridades policiales, como también inversión en sistemas de información. El primer hito relevante fue la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública para todo el país, en 2012.
El desarrollo pleno de esta forma de evaluar la gestión se consolidó en 2018. Según fuentes de la pasada gestión del MI, ese año se logró que todas las jefaturas y direcciones de la Policía planificaran y plantearan metas. Además, el desafío implicó que incorporaran dentro de su accionar el cumplimiento de las metas, incluso en lo que respecta a sus discursos de aniversario de las unidades, eventos con alto valor simbólico para la Policía.
Parte del desarrollo de esta reformulación tuvo su correlato en un incentivo económico para quienes trabajan en el MI, asociado a los compromisos de gestión. Se creó una partida económica a tales efectos, y la primera que se asignó fue en el período 2010-2015.
Se contemplaban distintos grupos. Había una partida general para la totalidad de los funcionarios del MI. A ellos se sumaban dos grupos específicos: los comisarios y los equipos técnicos de la dirección de las cárceles, que implican la dirección y las tres subdirecciones (técnica, operativa y administrativa). El sistema comenzó a implementarse en 2011, luego se agregaron más grupos.
En 2018 se hizo una reformulación de la planificación estratégica: se planteó una coherencia entre los compromisos de gestión y las metas planteadas asociadas a la Rendición de Cuentas. Los compromisos de la cartera referían, por ejemplo, al correcto registro de denuncias; reducir los tiempos de respuesta ante las emergencias; judicialización de los casos de violencia doméstica.
Sin metas no hay cumplimiento
En la Rendición de Cuentas 2020 el MI planteó las metas asociadas a su gestión. En la tabla de indicadores que refiere al cumplimiento de metas se plantean las unidades ejecutoras del MI: las 19 jefaturas departamentales de la Policía, la Secretaría del MI, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Policía Caminera, la Dirección Nacional de Bomberos, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Dirección Nacional de la Policía Científica, la Dirección Nacional de la Educación Policial, la Dirección Nacional de Identificación Civil, la Guardia Republicana y la Dirección Nacional de Asuntos Sociales. Todas las unidades ejecutoras tienen algo en común: ninguna meta tiene valor. Ninguno de los 92 indicadores que tienen en total las unidades se planteó metas.
Del documento no se desprende que haya existido un “cambio de estrategia” en materia de seguridad, porque no hay nuevas metas en el programa de Prevención y Represión del delito, presentando una reformulación en Educación y en Gestión de Privación de Libertad.
Si bien no es posible comparar lo realizado con lo proyectado –dada la falta de metas en 2020–, se puede comparar valores con los de años anteriores (2019). La posibilidad de tener resultados comparados responde también a la mejora continua en el ingreso a los sistemas de información por parte del personal de las unidades operativas. Entre las jerarquías policiales se observa una continuidad: la mitad de las jerarquías actuales también fueron parte de la anterior gestión.
En educación, hasta 2019 se medía el “buen desempeño académico” en base al porcentaje del alumnado con excelencia en calificaciones, y se separaba en varones y mujeres. A partir de 2020 se plantea como meta la nota promedio del alumnado. Además, se elimina la mirada de género y ya no se divide entre varones y mujeres.
Metas en cárceles
En cárceles, en 2020 no hubo valores meta. También se eliminó el desglose entre varones y mujeres. Hasta ese año se establecían indicadores para hacinamiento, lesiones hospitalizables, fallecimientos y personas privadas de libertad que trabajaban y estudiaban en relación al total de la población.
A partir de 2020, además de la mirada de género, se elimina la reincidencia como indicador de contexto. Se habla de “plazas aptas de ser utilizadas”. Los valores meta refieren al acceso al agua potable, homicidios y suicidios intracarcelarios, así como la permanencia en la educación formal de aquellas personas que se inscribieron para ello.
En 2021 surgen metas asociadas a las cárceles. Se plantea como meta que 15% de las personas privadas de libertad acceda a agua apta para consumo certificada. En 2020 fueron 13,51% de las personas privadas de libertad las que accedieron a agua apta para consumo. Se plantea una meta que aumente en 1,49% el acceso.
Para 2021 se propone disminuir la tasa de suicidios y de homicidios. Se enfatiza en la baja de los suicidios, con una diferencia importante respecto de la meta de reducción de los homicidios. Los suicidios en cárceles aumentaron 89% en 2020. En 2019 hubo nueve suicidios y en 2020 fueron 17 casos. Según plantea el documento, en 2020 “hubo un pico histórico” de suicidios. La meta de 2021 es volver a los registros de años anteriores.
Hay un solo indicador que podría referir a la rehabilitación: medir las personas que permanecen en un curso en función de las personas que se inscribieron. Anteriormente se medía las personas privadas de libertad que estudian y trabajan en función de la población carcelaria total.
Sobre el Plan Dignidad Carcelaria no se establecieron metas ni en la presentación del Presupuesto ni en esta oportunidad. Los artículos del proyecto de ley que se presenta relacionados con este plan no se expresan como planificación para el monitoreo y la evaluación.
Se eliminó la perspectiva de género
Hay un elemento transversal que marca un cambio en la política del MI: en el documento se eliminaron todos los indicadores que tienen que ver con género. Esto abarca todo lo referido a la formación de mujeres policías, el control sobre los cupos para capacitación de oficiales mujeres, el hacinamiento segregado de mujeres en cárceles, entre otras cosas.
Se mantuvieron los indicadores planteados por el anterior gobierno respecto de la violencia de género y los femicidios.
Presupuesto ejecutado
Al MI se le asignaron 36.906.655 dólares, de los que gastó 90%, es decir, 33.197.795.
En 2020, 67,2% del presupuesto estuvo destinado a prevención y represión del delito, para lo que se adjudicaron 24 millones y medio de dólares. Se ejecutó 91% de este presupuesto.
La gestión de la privación de libertad se llevó 13,6% del presupuesto. La gestión carcelaria implicó un gasto de unos cuatro millones y medio de dólares. Se ejecutó 88% del presupuesto asignado, que era de 5.144.603 dólares.
El MI tiene la particularidad de que destina una parte importante de su presupuesto a salud –9,4%–, principalmente para sostener el Hospital Policial. Son unos tres millones y medio de dólares.
La prevención y el combate de fuegos y siniestros implica 5,4% del presupuesto. Luego, el presupuesto se divide entre otros programas: información y registro sobre personas físicas y bienes (1,4%), seguridad vial (1,3%), formación y capacitación (1,1%). Otros programas representan 0,6% del presupuesto total del MI.