La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados tratará lo que era el artículo 241 del proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo, que pretendían ampliar las competencias de la fiscalías especializadas en Estupefacientes para los delitos de lavado de activos en todo el país y restringía las competencias de las fiscalías departamentales, a la toma de medidas “urgentes” al inicio de la investigación.
El diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo a la diaria que se tomó la decisión de retirarlo de la Rendición para analizarlo debidamente y “valorarlo en su real dimensión”, y señaló que este tipo de planteos “quedan en cuarto o quinto orden” del debate sobre la Rendición, que prioriza aspectos presupuestales o con otra relevancia política. “Se definió que esta norma tenía que ser estudiada más detenidamente, habrá que ver si amerita su aprobación o no, pero era más prudente que votarlo rápidamente”, agregó.
Tanto el fiscal de Corte, Jorge Díaz, como representantes de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) cuestionaron la iniciativa, fundamentalmente porque agrega complejidad a las investigaciones por la actuación de dos fiscalías, al separar la investigación, con la fiscalía del interior actuando sobre el delito precedente y la de Montevideo sobre el lavado de activos.
Durante su comparecencia a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el 15 de julio, el fiscal de Corte dijo que ninguno de los tres fiscales especializados en Estupefacientes -Mónica Ferrero, Stella Lorente y Alejandro Machado- estaba de acuerdo con asumir esa competencia y advertía que esas fiscalías en lo que va de la vigencia del sistema acusatorio no han obtenido una sola sentencia de condena por casos de lavado.
“Creemos que es una norma claramente inconveniente, desconoce el funcionamiento de la Fiscalía en el sistema acusatorio”, señaló Díaz, e hizo hincapié en el hecho de que la modificación propuesta “conducirá al fracaso” de la persecución contra el lavado y que iba “absolutamente contra todas las recomendaciones de todos los organismos internacionales en materia de investigación de lavado”, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o el Fondo Monetario Internacional.
En cuanto a la posibilidad de que las fiscalías del interior dispongan las medidas urgentes en cada caso, Díaz planteó que quien redactó el artículo “desconoce el sistema del funcionamiento acusatorio” porque no existen competencias de urgencia. “Evidentemente, la norma la redactó alguien que todavía está en el código de 1980”, apuntó.
En ese mismo sentido, se expresaron los fiscales, representados por una delegación de la AMFU; plantearon que si la intención era evitar que los fiscales del interior litiguen en Montevideo -porque los juzgados de Crimen Organizado de la capital tienen competencia nacional- se podría buscar la forma de que esos juzgados tengan presencia en el interior.
El proyecto fue defendido por el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, quien en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, el 3 de agosto, dijo que la iniciativa buscaba una competencia especializada en la persecución del lavado de activos para aumentar las imputaciones y al mismo tiempo mantener competencias en el interior del país para descentralizar.
Chediak reconoció el error de redacción en cuanto a la referencia a las competencias urgentes de los fiscales y propuso un texto alternativo que iba en el mismo sentido. Por otra parte, rechazó lo planteado por Díaz en cuanto a que la propuesta va a contramano de las recomendaciones del GAFI. “El interés de GAFI [...] no pasa por ninguna recomendación explícita por mantener unidad de jurisdicción, sino porque haya investigaciones efectivamente exitosas [...] porque no lo estamos cumpliendo en la debida medida”, agregó.
En diálogo con la diaria, el presidente de AMFU, Wilian Rosa, valoró la decisión de la Cámara de Diputados al apartar el artículo de la Rendición de Cuentas y “que se haya escuchado a los involucrados”, y señaló que una modificación de esta relevancia “requiere un análisis mucho más profundo”.
Sobre la posibilidad de que los juzgados de Crimen Organizado tengan presencia en el interior del país, Rosa planteó que esa “sería una solución” tendiente a aumentar las imputaciones por lavado y a su vez evitar que los fiscales pierdan una jornada para trabajar en un solo caso. “La jurisdicción tiene que estar donde ocurren los hechos”, agregó.