En junio de 2021, los abogados Ricardo Olivera, Alicia Ferrer y Alejandro Miller, integrantes del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, presentaron al presidente, Luis Lacalle Pou, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Sociedades Comerciales (16.060). En el segundo semestre del año, los abogados tuvieron dos reuniones con la Auditoría Interna de la Nación y presentaron el proyecto a legisladores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, al Colegio de Contadores, a la Asociación de Escribanos y a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.
En diálogo con la diaria, Olivera explicó los principales objetivos de la reforma, que aspira a dar una mayor transparencia al funcionamiento de las sociedades comerciales, simplificar sus procedimientos, facilitar inversiones, dar más autonomía a los socios y proteger a los accionistas minoritarios.
Olivera recordó que la ley vigente fue aprobada en setiembre de 1989, un mes antes de las elecciones nacionales, y que en aquel momento quedaron discusiones pendientes que nunca se concretaron. “La ley de sociedades comerciales fue una modificación muy importante de la legislación empresarial. Fue una iniciativa común de todos los partidos y un salto de gigantes respecto de un régimen antiguo que estaba basado en el Código de Comercio, pero ya han pasado 33 años desde que se aprobó esa ley”, comentó.
El abogado estimó que la reforma afectará 30% de la ley vigente y aclaró que si bien no se pretende prescindir de la norma anterior, la idea es hacerle ajustes importantes, considerando que los modelos en que se basó la ley de 1989 ya no están vigentes.
La creación de las sociedades por acciones simplificadas, de 2019, impulsó la reforma de la Ley de Sociedades Comerciales, que alcanzará al resto del universo de empresas con forma societaria. “Esta reforma incorporó un modelo de sociedad que ha sido tremendamente exitoso en sus dos años de vigencia y que responde a una filosofía y un modelo institucional mucho más moderno que nuestra ley de 1989”, expresó Olivera.
Entre las principales propuestas de la reforma, Olivera destacó la búsqueda de “un gran acto de sinceramiento del régimen societario”, en el que se toma en cuenta que la amplia mayoría de las empresas uruguayas son micro, pequeñas o medianas empresas. “La legislación societaria, si bien puede tener algunas normas especiales para las grandes empresas, que nuclean grandes cantidades de capital o cotizan en bolsa, tiene que ser muy amigable con las empresas de menor porte, donde hay una mayor inmediatez entre los socios y, de alguna manera, no corresponde imponerles una serie de requisitos formales, de control y de estructura, que son caros y que no se justifican”, comentó el abogado, señalando que esa simplificación reducirá costos.
Otro de los puntos destacados por Olivera fue la jerarquización de la voluntad de los socios, sin que eso vaya en detrimento de los mecanismos de control. “Que las partes puedan adecuar el pacto a sus preferencias es un tema importante y es una tendencia que ha venido ganando espacio en el derecho comercial europeo y latinoamericano; jerarquizar la voluntad de las partes en la organización de su negocio societario”, señaló.
La iniciativa también busca dar mayor transparencia al negocio, particularmente hacia los accionistas minoritarios. Para Olivera, “las sociedades son tremendamente opacas para los socios que no participan activamente en la administración de las empresas” y existe un “pobre” mecanismo de acceso a la información. “Si a alguien le toca ser accionista minoritario en una sociedad comercial queda muchas veces sujeto a un régimen bastante opaco de acceso a la información, y eso es una gran fuente de conflictos y a veces de abuso”, agregó.
En ese sentido, se busca simplificar también los mecanismos de resolución de conflictos, dado que muchas veces lo largo del proceso judicial y los mecanismos actuales de resoluciones del conflicto societario, implica costos importantes para todas las partes.
Uno de los puntos que promueve el proyecto es la exigencia de publicación de los balances auditados de las grandes empresas lo que, a juicio de Olivera, facilitará el acceso al crédito y las certezas del funcionamiento societario.
También existe la necesidad de adecuar la legislación que regula las sociedades comerciales a las tecnologías y los canales de comunicación actuales, para que las comunicaciones y las convocatorias que hoy se publican en el diario oficial puedan publicarse en una web oficial de la sociedades comerciales.
Consultado sobre la incidencia que podría tener la reforma de la Ley de Sociedades Comerciales en la atracción de inversiones, Olivera explicó que la mayoría de las sociedades que se constituyen en Uruguay son sociedades anónimas que en vez de crearse se compran, debido a los tiempos que lleva conformar una desde el inicio. “Lo que ocurre en la práctica es que la gente no constituye sociedades anónimas, las compra en estudio de contadores que se especializan en eso, con un modelo de estatuto totalmente estándar que se crea sin saber quién las va a usar ni para qué. Lo que se busca es darle transparencia a un régimen que es perverso”, señaló.
Además, apuntó que en el régimen hay carencias en cuanto al régimen de protección de minorías, de protección al derecho al dividendo, de protección a la integridad de la participación social que desestimulan la inversión. “Uno no ve que la gente invierta en sociedades que no administra, salvo que sean familiares, y eso es algo que no pasa en otros regímenes y que debería buscar mejorarse”.