En mayo del año pasado, luego de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado comenzó a discutir los proyectos de tenencia compartida que presentaron el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA) –que más adelante se unificaron–, la senadora frenteamplista Silvia Nane hizo un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia para conocer datos cuantitativos sobre los procesos judiciales de tenencia, ratificación de tenencia y visitas en los juzgados letrados de familia, así como cifras de denuncias por incumplimiento de las visitas. Sin embargo, en una escueta respuesta con datos parciales, el Poder Judicial puso de manifiesto la falta de sistematización de la información en esta materia.
Los grupos promotores de este proyecto argumentan que hay “familias perjudicadas” por un sistema judicial que “ampara la obstrucción del vínculo” con sus hijos o nietos, principalmente por incumplimiento de visitas y medidas cautelares impuestas por “denuncias falsas” de sus parejas –generalmente mujeres–.
En su pedido de informe, Nane consultó qué cantidad de procesos judiciales de tenencia, ratificación de tenencia y visitas se promovieron en 2018, 2019 y 2020, y en qué proporción los iniciaron hombres o mujeres; cuántos de ellos los presentaron madres o padres; en cuántos la sentencia fue favorable para la madre y en cuántos para el padre, así como la cantidad de procesos iniciados por terceros. Asimismo, solicitó la cifra de denuncias realizadas en ese período por incumplimiento del régimen de visitas y si la denuncia fue hecha por la parte actora o demandada y el padre o la madre.
En la respuesta, el Departamento de Estadísticas del Poder Judicial solamente presentó una tabla con la cantidad de asuntos de tenencia, ratificación de tenencia y visitas ingresadas en el período 2018-2020 en juzgados de familia de Montevideo. Las cifras no varían significativamente en los años, aunque hay un leve descenso sostenido en las tres categorías. En 2018 ingresaron 2.178 asuntos de ratificación de tenencia, 721 de visitas y 329 de tenencia; en 2019, 2.114 de ratificación de tenencia, 700 de visitas y 304 de tenencia, y en 2020, 1.719 de ratificación de tenencia, 557 de visitas y 270 de tenencia.
María Eugenia Caggiani, directora del Departamento de Estadísticas del Poder Judicial, explicó que la información la recopiló la Oficina Receptora y Distribuidora de Asuntos “con base en el preingreso web de asuntos” y que “el sistema de preingreso carece de filtros de búsqueda para extraer información relativa a si el asunto fue presentado por hombres y mujeres, así como por padres, madres o terceros”. Asimismo, destacó que “las denuncias por incumplimiento de visitas son presentadas en los juzgados y la información no surge de los sistemas”.
Por su parte, el director de la División Informática del Poder Judicial, César Hugo Arambillete, alegó que el Sistema de Gestión de Juzgados Web (SGJWeb) “no diferencia si las sentencias dictadas fueron favorables a la madre o al padre del menor” y que “el sistema tampoco recaba la información solicitada sobre la cantidad de denuncias por incumplimiento del régimen de visitas y mucho menos quién realizó o promovió dichas denuncias”. “En definitiva, el sistema SGJWeb que se utiliza aún en las sedes tiene más de 20 años y no se previó la recolección en forma sistemática de la información que se consulta, por lo que no la contiene”, añadió.
Eduardo Cavalli, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, opinó en diálogo con la diaria que la falta de datos “es uno de los graves problemas que tiene el Poder Judicial” y que “la forma de llevar estadísticas es muy precaria”. Asimismo, respecto de los datos aportados en respuesta al pedido de informe, consideró que “no reflejan la realidad” porque se desconocen, por ejemplo, las denuncias por incumplimiento de visitas. También señaló que los datos remitidos no abarcan las causas iniciadas en [juzgados de] familia especializada, que intervienen cuando hay situaciones de violencia. “En esos casos se resuelve en forma provisoria la tenencia y las visitas, pero esa información no está discriminada”, explicó.
La abogada especializada en familia Carolina Camilo, integrante de la Comisión de Género de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), señaló a la diaria que la falta de datos “es el principal problema” en materia de familia y violencia de género y que los expedientes que relevó el Poder Judicial en la respuesta al pedido de informe “se recaban de acuerdo a la carátula del expediente”; “se puede iniciar un expediente de pensión alimenticia y terminar resolviendo con respecto a una tenencia o el régimen de visitas”. “No tenemos la trazabilidad de lo que se resuelve en cada uno de los expedientes de familia, entonces es difícil poder ver la globalidad de las resoluciones”, indicó.
Conflictos por tenencia: la excepción a la regla
Virginia Ginares, jueza de familia entre 2015 y 2019, que actualmente se desempeña en la materia civil, dijo a la diaria que, en su experiencia, la mayoría de los procesos vinculados a niños, niñas y adolescentes versa sobre pensiones alimenticias impagas y ratificaciones de tenencia para la percepción de beneficios de seguridad social. En su opinión, los datos aportados por el Poder Judicial en este pedido de informe “lo ponen bien de manifiesto: los procesos de discusión por tenencia son los menos” y “la ratificación de tenencia se lleva las palmas, pero porque tiene una cuestión utilitaria: comer”.
Asimismo, Ginares apuntó que casos de incumplimiento de visitas en los años que estuvo en familia no tuvo “tantos”: “Cuando hay incumplimiento de visitas es porque ya de pique la familia venía mal, entonces no hay acuerdo que vaya a satisfacer. Sí hay gente que está signada por el gusto por el conflicto, como en todos los órdenes de la vida, pero no he visto tantos, y además el incumplimiento de visitas se resuelve con una audiencia en muy corto plazo, no es un juicio”. Ginares también señaló que tampoco hay datos que respalden afirmaciones en el sentido de que “son muchas” las denuncias falsas en los juzgados de familia especializada.
Por su parte, Cavalli destacó que “la inmensa mayoría de las parejas que se separan en Uruguay arregla de forma amistosa el tema de la tenencia y las visitas” y que “hay un porcentaje, que no sabemos cuál es porque no hay servicio estadístico para saberlo, pero es un porcentaje muy menor, que va a juicio”. Dentro de ese porcentaje, “la mayoría concilia o llega a un acuerdo, o se dicta una sentencia y están todos de acuerdo”, y “queda un porcentaje muy menor de personas que o no cumplen con la sentencia o alegan que la otra parte no cumple con la sentencia, y ahí nacen todas las disputas. Son los que hacen ruido y parece que el problema fuera inmenso”, pero “yo entiendo que la mayoría de los niños del Uruguay tiene un régimen de tenencia y visitas que ha sido acordado por los padres; hay unos pocos casos en que no”, afirmó Cavalli.
Camilo consideró que los números aportados por el Poder Judicial dan “la primera pauta de que las tenencias conflictivas no son la mayoría de los trámites” en este tipo de juzgados. Explicó que los expedientes caratulados como tenencia o visitas son los que se inician cuando “no hay acuerdo entre los progenitores” y que, en cambio, las ratificaciones de tenencia “son procesos voluntarios, en los que no hay oposición”, que tienen como objetivo “constatar judicialmente una situación que sucede en los hechos”, por ejemplo, para tramitar la asignación familiar ante el Banco de Previsión Social.
Camilo aseguró que la postura de la Comisión de Género de Adepu es que “no existe la tenencia conflictiva como un problema hoy en la Justicia, porque en general los progenitores llegan a acuerdos”. Por otro lado, sostuvo que ante la falta de datos oficiales, cuando comenzó la discusión de los proyectos en el Parlamento el gremio hizo una encuesta a los defensores públicos de familia que “arrojó que más de 85% de los trámites de ratificación de tenencia son realizados por la mamá”, lo que “significa que generalmente la que queda a cargo de los niños, niñas y adolescentes es la madre”.
“Si nosotros comparamos los procesos de ratificación de tenencia y vemos los procesos de pensión alimenticia, también nos da que la mayoría son las madres quienes los inician. Entonces, eso confirma que la mujer es quien tiene a su cargo los cuidados de los hijos, y no lo decimos sólo desde el sistema judicial”, apuntó Camilo.
¿Nueva legislación o más recursos?
Cavalli consideró que los proyectos de tenencia compartida surgieron en respuesta a medidas que se toman “más que nada en familia especializada”, donde se interponen medidas cautelares ante situaciones de violencia, y estimó que aunque tampoco hay datos, “tienen que ser muchísimos” los casos, porque “a lo largo de los años se van acumulando”. Aseguró que los juzgados de familia especializada están “desbordados por la demanda de trabajo que hay” y que es “imposible para los jueces atender debidamente todas las situaciones de amenaza o vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como todas las situaciones de violencia basada en género”.
Según el Anuario Estadístico 2020 del Poder Judicial, solamente en ese año se tramitaron 12.706 expedientes en los juzgados letrados en familia especializados en violencia doméstica, violencia de género y en el Código de la Niñez y la Adolescencia de la capital.
“Se trabaja muy precariamente, se trata de hacer lo mejor posible, pero obviamente que la gente está disconforme, porque la demanda de trabajo es tan impresionante que es imposible asumirla con los recursos que se tiene”, argumentó Cavalli.
Por otro lado, Cavalli opinó que “faltan decenas de jueces en todo el país, decenas de defensores y centenas de técnicos”, así como “funcionarios especializados que prevé la ley de violencia basada en género y el CNA [Código de la Niñez y la Adolescencia] para hacer los interrogatorios de niños que han sido abusados”, de los que dijo que hay “ausencia total y absoluta”. “Es tan grande la carencia que hay, que hace que el asunto se vuelva mucho más vidrioso. Los varones, en general, alegan que la denuncia es falsa; las mujeres alegan que el sistema no las convence, y los niños quedan en el limbo”, analizó.
Cavalli atribuyó a “ese tembladeral, esa falta de medios” el surgimiento “de estos proyectos” y “de que la gente esté enojada, a veces con razón”. “Yo he visto a abuelas y abuelos que se perdieron la niñez del nieto, de pronto por una denuncia que nunca se pudo terminar de comprobar. Es espantoso”, reflexionó.
Ginares coincidió en que “el tema de los incumplimientos de visitas, por los motivos que se dé, genera mucha ansiedad y mucho dolor”, pero opinó que “la solución no es sencilla” porque “es la relación de base de los adultos lo que condiciona cómo siguen siendo padres separados”. En cuanto a la tenencia compartida preceptiva que propone el proyecto del PN y CA, dijo que no descarta la tenencia compartida, pero está en desacuerdo con “las soluciones homogéneas para casos tan variables”. “Los niños no pueden estar dos días con la madre y dos días con el padre, no podés tener a alguien como una maleta de loco, haciendo y deshaciendo un bolsito. Esto en algún momento va a saltar mal, porque visto de afuera no parece muy normal”, alegó.
En ese sentido, Camilo dijo que “hoy día la legislación que tenemos permite establecer la tenencia exclusiva para alguno de los progenitores o la tenencia compartida, siempre que represente el interés superior de los niños”, y que los defensores de oficio comparten “la preocupación por la demora de los procesos judiciales respecto de los casos de tenencia”, pero entienden que “la modificación legal no va a contribuir con la mejora de eso, sino que es un tema presupuestal que el Poder Judicial ha venido reclamando, no sólo para la creación de sedes, sino para fortalecer los equipos técnicos”.
Camilo también dijo compartir “en algún sentido las motivaciones de los proyectos en cuanto a que es necesario que los cuidados estén distribuidos de forma equitativa entre ambos progenitores, pero estos proyectos no van a contribuir a cambiar la realidad”.