El vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), el cabildante Daniel Loureiro, y la directora vocal del Frente Amplio, Alejandra Koch, coincidieron en sus declaraciones ante la Fiscalía en cuanto a la forma inconsulta en la que se manejó el acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y Terminal Cuenca del Plata, constituida por la empresa belga Katoen Natie (80%) y la ANP (20%).
Según informaron a la diaria allegados a la causa, los directores ratificaron que el acuerdo que otorgó la concesión de la terminal especializada y la prioridad de los atraques a Katoen Natie hasta 2081 nunca pasó por directorio, ni fue comunicado antes de que se conociera públicamente. Koch dijo que se enteró por la prensa, mientras que Loureiro explicó que antes de saber del acuerdo por la prensa sólo había escuchado versiones que decían que había tratativas para negociar, pero no tuvo ninguna comunicación oficial sobre el tema.
En el mismo sentido, declaró el gerente del área Jurídico-Notarial del organismo, Edgardo Amoza, quien señaló que tampoco tuvo intervención ni asesoró a la ANP antes de la firma del acuerdo, concretada el 25 de febrero de 2021 por el Poder Ejecutivo.
Los declarantes fueron consultados también sobre aspectos generales del funcionamiento del directorio de la ANP y los procesos de toma de decisión, así como también los expedientes administrativos que están involucrados en la caso.
En la denuncia que inició la causa, presentada en setiembre de 2021 por varios legisladores del Frente Amplio, los denunciantes sostienen que hubo abuso de funciones por parte de los jerarcas del Ejecutivo. Al firmar el acuerdo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, el subsecretario, Juan José Olaizola, y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, violaron el literal D del artículo 20 de la Ley 17.243, por la que se regía el contrato vigente antes de la prórroga, que plantea que debe asegurarse “la prestación de servicios en igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten, manteniendo la continuidad y regularidad de los mismos, y no se comprometerán restricciones para operar en otros sectores del puerto de Montevideo”.
Además, entienden que en el caso del presidente de la ANP, Juan Curbelo, que firmó el asesoramiento en abril para avalar los decretos por los que se implementó el acuerdo, hubo una violación del artículo 377 de la Ley 19.355 (la ley de presupuesto 2015-2019), que establece que las concesiones “que afecten un espacio territorial del recinto portuario (muelles, explanadas, depósitos, radas, etcétera) otorgadas al amparo de la Ley 16.246 de 8 de abril de 1992 podrán prorrogarse por Resolución del Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la ANP”, lo que para los denunciantes es evidente que alude a todo el organismo y no a la voluntad individual de su presidente. Sobre ese punto, las fuentes consultadas señalaron que Amoza recomendó pasar esa decisión por el directorio, pero su opinión no fue considerada.
El viernes ingresó a la Fiscalía la resolución del Tribunal de Cuentas de la República, que si bien no realizó observaciones al contrato entre el Estado y la empresa belga, aceptó que la firma de Curbelo, “desde el punto de vista formal, no puede considerarse como una manifestación de voluntad orgánica de la administración”.
La posición en minoría del fallo del Tribunal de Cuentas, que avaló el acuerdo por cuatro votos contra tres, dejó constancia de que el asesoramiento de la ANP ocurrió un mes después de la firma del contrato, y consideró que viola disposiciones vinculadas a la libre competencia y no prioriza el interés general.
El dictamen está siendo estudiado por la Fiscalía, que determinará si ingresa o no el documento a la carpeta de investigación del caso. Si bien aún no fueron determinadas nuevas citaciones, la fiscalía analizará el pedido de los denunciantes que reclamaron que los firmantes del contrato por parte del Ejecutivo sean convocados a declarar.