Entre el 7 y el 14 de julio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias realizó en Uruguay una visita oficial como parte del mandato que tiene el grupo de obtener información sobre desapariciones forzadas en el país y monitorear el cumplimiento por parte del Estado no sólo en la búsqueda de personas desaparecidas en la actualidad, sino en lo referido a garantizar el derecho a verdad, justicia, reparación y memoria respecto del período de actuación ilegítima del Estado y la dictadura cívico-militar (1968-1985).
Este jueves, en su último día en Uruguay, tres de los expertos independientes que integran el grupo ofrecieron una conferencia de prensa para presentar las observaciones preliminares que hicieron a Uruguay y para remarcar que, como explicó el presidente y relator del Grupo de Trabajo, Luciano Hazan, “no es una visita que empezó la semana pasada y está terminando hoy, es un proceso, que se inicia y que pretendemos mantener en el tiempo”. Por eso, con base en lo observado se preparará “un informe final que va a ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU y se hará un proceso de seguimiento de las recomendaciones con el Estado uruguayo”.
El documento elaborado por el Grupo de Trabajo, al que tuvo acceso la diaria, destaca que, “tras la recuperación del sistema democrático en 1985, Uruguay logró avanzar significativamente en la protección de los derechos humanos, habiendo ratificado, al día de hoy, todos y cada uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas”. Al mismo tiempo, reconoce “los avances logrados en materia de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el período de actuación ilegítima del Estado y dictadura”.
“El Grupo de Trabajo expresa su profunda admiración por la lucha incansable de las familias de personas desaparecidas y su solidaridad con ellas. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte y el paradero de la víctima se hayan esclarecido”, añade el texto, antes de pasar a señalar algunas preocupaciones referidas a que los logros se deben a la sociedad civil organizada, ya que no ha existido “una actitud proactiva por parte de las autoridades”.
Preocupación por la INDDHH
A lo largo del texto, el Grupo de Trabajo repasa la legislación y los organismos competentes encargados de la búsqueda de personas desaparecidas, en específico, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que “en la actualidad, goza de un alto grado de credibilidad y confianza por parte de las víctimas, en buena medida debido a su independencia”.
“El desempeño de esta obligación debe regirse de acuerdo a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada”, subraya el texto, y cuenta que “en este sentido, las víctimas han advertido al grupo la necesidad de explicitar un plan de búsqueda integral, claro, transparente, visible y coherente; que tenga en cuenta las necesidades de implementarlo de manera interdisciplinaria”.
Sin embargo, más adelante, expresa “preocupación por la información recibida acerca de los reiterados episodios tendientes al desprestigio y el cuestionamiento público de sus integrantes y de la propia institución”, en referencia a los ataques que han recibido integrantes del consejo directivo de la INDDHH, en especial aquellos abocados a la búsqueda de detenidos desaparecidos, por parte de “exponentes políticos” de la coalición de gobierno.
“En este sentido, el Grupo de Trabajo considera inaceptable cualquier ataque, amenaza o intimidación que atente contra la integridad personal y profesional de sus integrantes, y vaya dirigida a cuestionar la labor de búsqueda de las personas desaparecidas y de protección de los derechos humanos”, sentencia.
En setiembre el período de este consejo directivo de la INDDHH llegará a su fin, y para elegir a quienes pasarán a ser los nuevos directores se conformó una comisión bicameral que recibirá y evaluará las candidaturas presentadas por partidos políticos con representación parlamentaria y organizaciones de la sociedad civil.
Recientemente se conoció la lista final de 27 aspirantes a integrar la dirección, de los cuales 13 fueron presentados por legisladores del oficialismo. En este sentido, entre las observaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, se hace hincapié en “la necesidad de que la elección de sus miembros se lleve a cabo en base a un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de los candidatos y que representen actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Por esto es que se hace “un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del consejo directivo no afecte la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas”, lo que para los expertos supone “un elemento esencial para mantener la confianza de las víctimas y el público, y garantizar su adhesión al Estado de derecho, así como para evitar cualquier apariencia de tolerancia de actos ilegales, encubrimiento o colusión en la perpetración de los mismos”.
De todas formas, se marca que “aun bajo la competencia de la INDDHH” la búsqueda de desaparecidos políticos es “una obligación internacional del Estado”, por lo que las autoridades “deben asegurar que la INDDHH continúe recibiendo los recursos humanos, financieros y técnicos suficientes para llevar a cabo sus tareas”.
Proyecto de prisión domiciliaria
Hazan aprovechó la instancia para hacer referencia al proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) el año pasado para otorgar prisión domiciliaria a mayores de 65 años. Señaló que si bien hay otra iniciativa circulando, en referencia al del Partido Nacional, que también beneficia a los represores recluidos en Domingo Arena, este tipo de proyectos son violatorios de los derechos humanos. “Parte del mensaje que queremos dar hoy tiene que ver con una cuestión instrumental: entendemos que el hecho de que esos proyectos se mantengan en el ámbito legislativo en el tiempo, con cierta lógica de letargo, afecta el proceso de memoria, verdad y justicia”, señaló.
El experto precisó que “todos los sectores políticos y sociales tienen derecho a hacer las propuestas que consideren”, pero señaló que “al ser inviable” –ya que tienen información de que no serían apoyados–, “para defender el proceso de memoria, verdad y justicia es necesario que estos proyectos sean discutidos y archivados para que el eje pueda ponerse en los aspectos urgentes”.
Los archivos
Otra de las patas fundamentales de las observaciones hechas por los expertos –y ha sido un pedido desde la propia INDDHH– es “la necesidad de acceder a los archivos que pudieran contener información” sobre la suerte de estas personas; algo que observaron también en Uruguay es que, en este sentido, “no ha habido un esfuerzo coordinado y sistemático por parte de las autoridades para identificar, rescatar y conocer todo el universo de los archivos existentes”.
“El Grupo de Trabajo recalca la necesidad, en cumplimiento de la legislación nacional pertinente, de elaborar y aplicar políticas integrales para la conservación, análisis y divulgación de la información contenida en los archivos, previendo los recursos humanos y materiales necesarios para la evaluación de la información, de la que deben encargarse profesionales especializados”, insiste, y solicita que se “enjuicien y sancionen los episodios de sustracción o destrucción de archivos u otra documentación relevante, así como de dilaciones o la obstrucción de las solicitudes de información y el suministro de información inexacta”.
Finalmente, indica que “se deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a toda la información pertinente, incluida la contenida en los registros y archivos de los órganos militares, policiales y de inteligencia”.