Los homicidios aumentaron 25,2% en 2022. El Ministerio del Interior anunció a través de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un plan para reducir los homicidios que se basa en el reclutamiento de personas que estuvieron privadas de libertad para trabajar en la prevención de estos delitos.
Para este plan se destinarán dos millones de dólares. Luis Alberto Heber, ministro del Interior, indicó en Desayunos informales que la financiación fue aprobada y que en febrero la iniciativa se presentará al resto de los partidos políticos.
Sin explicar cuál es el plan, Heber afirmó que la idea “es poner gente que ha tenido vinculación con el delito, reclutarla, de modo tal que tenga una conexión diferente”, e indicó que “es un plan que ha tenido éxito en otras partes del mundo”. El ministro del Interior dijo que se trabajará con “exreclusos, gente que ha cumplido con su pena, que ha sido reeducada, que se ha integrado a la sociedad, pero que tiene un nivel de comunicación y léxico diferente al que puede tener cualquiera de ustedes o yo”.
Para el ministro el primer paso es “reclutarlos” e intentar “contactar los grupos, los violentos, tener un nivel de comunicación que no lo podemos tener oficialmente nosotros”.
En rueda de prensa, Heber explicó que la intención es “reclutar gente que estuvo vinculada al delito, se reinsertó en la sociedad, pero tiene comunicación y conocimiento en el barrio para establecer el puente que no lo puede hacer la Policía”. “Cuando queremos ir a buscar las causas, lo mejor es tener interlocutores que puedan hablar para evitar que la violencia sea el camino”, manifestó el ministro, y señaló que para eso hay que “conseguir a la persona” y “asegurarse” que se haya reinsertado en la sociedad, y que no esté vinculado con el delito aún.
Puso como ejemplo el cobro de deudas asociadas a las bocas de venta de drogas. Para eso, planteó que es necesario tener gente “en el terreno” para que “las consecuencias de esa guerra que tenemos [desde el Ministerio del Interior] contra el narcotráfico no se transforme en muertes”.
Para Heber, estas personas podrían hacer tareas que la Policía no puede. Hizo referencia a lo que podría ser parte de la tarea: “Las labores de inteligencia no son para tener contacto y meterse en una célula delictiva, no podemos hacer esa tarea desde el Ministerio del Interior, pero nos puede ayudar socialmente a tener un nivel de contacto para poder resolver de otra manera conflictos que se dan dentro de la delincuencia, sin ser integrantes de la misma organización. No es un infiltrado, es una persona que cumplió su pena, que tiene un historial y que por ese historial puede tener un nivel de contacto”.
El ministro aclaró que no tendrían vínculo laboral con la cartera sino que sería un “trabajo social contratado por el BID”. “No sé si es la solución, pero ha tenido resultados en otra parte del mundo”, afirmó Heber, que dijo que la propuesta estaría coordinada por Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en Prevención Policial del Delito del Ministerio del Interior.
En diálogo con la diaria, Sanjurjo fue consultado por el contenido de la propuesta lanzada públicamente por Heber. “Tenemos una propuesta concreta, pero se la queremos presentar primero a los demás partidos políticos para conversarlo con ellos y llegar a un programa de consenso”, indicó, y dijo que “esto será a principios de febrero”.
Cure Violence: el programa madre de esta propuesta
Aunque Sanjurjo rechazó hablar sobre el tema antes de presentarlo al resto de los partidos políticos, a poco de asumir su rol en el Ministerio del Interior publicó una nota en El Observador en la que ilustra una política que parece ser el origen de este plan, Cure Violence: “Un programa de estas características tiene el potencial de salvar más vidas que cualquier otra política”, afirmó Sanjurjo.
La propuesta surge del médico estadounidense Gary Slutkin, que planteó que hay que “tratar la violencia como una enfermedad infecciosa”. Después de trabajar durante años en la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el cólera y el VIH, su hipótesis era que la propagación de la violencia seguía los patrones de este tipo de enfermedades.
Para el médico, los patrones de concentración y propagación de estos fenómenos eran “casi idénticos”: los asesinatos se concentraban en ciertas zonas, con períodos de incubación, crecimiento y retardo. También encontró factores de riesgo para la violencia: los varones jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, que habitaban la marginalidad, que tenían uso problemático de drogas y estaban expuestos a armas de fuego eran los más propensos a la violencia. Además, subrayó que, como algunas infecciones, estaban precedidas de otras. Por eso, para la violencia, el factor de riesgo más importante era haber estado expuesto a la violencia previamente. Así es que concluyó que un homicidio provoca otras muertes posteriores.
Para tratar la violencia armada como una enfermedad contagiosa creó este programa. Planteaba una secuencia de tres pasos similar a la utilizada para encarar epidemias: detectar e interrumpir la transmisión, prevenir la propagación, y cambiar las conductas de riesgo de la comunidad.
El plan comenzó en el 2000 en uno de los barrios más complejos de Chicago. Contrataron personas con acceso y credibilidad en la población de riesgo. Los llamaron “interruptores de la violencia”; un criterio fundamental era que hubieran formado parte de las pandillas de la zona, que hubieran cometido los delitos que se buscaba combatir y que hubieran pasado por la cárcel. El tránsito por estas experiencias y haber desistido del delito eran clave para un relacionamiento de cercanía con la población que se pretendía abordar.
El objetivo de los “interruptores de violencia” era detectar e interrumpir potenciales conflictos violentos que estuvieran “a punto de estallar”. Para eso, en estrecho vínculo con la comunidad, detectaban estas situaciones, contactaban a las personas involucradas, se reunían y probaban distintos mecanismos, desde abordar la cuestión emocional hasta buscar salidas no violentas a ese conflicto.
La conclusión a la que llegaron fue que “como la violencia se propagaba de manera similar a un contagio, prevenir un asesinato evitaba varios más”. Los resultados acompañaron la implementación de la iniciativa: el primer año se redujo 67% los tiroteos en el barrio que abordaron.
El programa se expandió por Estados Unidos y a otros nueve países de América Latina: Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, México, Puerto Rico. En varias de estas comunidades los homicidios bajaron a la mitad tras la implementación de este programa y se ha observado un impacto en un conjunto de delitos violentos, no solo en los homicidios.
Sanjurjo aclaró que “no todos están de acuerdo con la metodología del programa”. Indicó que “desde la derecha” se critica la contratación de personas que hayan cometido delitos y que se “toleren” ciertos comportamientos ilegales. Según indicó, para prevenir la violencia es necesario que haya confianza, y eso puede implicar cierto nivel de complicidad. Quien fuera señalado por el ministro como coordinador de esta propuesta señaló que “desde la izquierda” se critican estos programas porque “se limitan a evitar los desenlaces mortales” y no encaran los factores estructurales de la violencia.
Para Sanjurjo, considerando que la violencia está sumamente concentrada en ciertos barrios de Montevideo, este tipo de programas tiene un “enorme potencial”. Aclaró que no buscan sustituir a la Policía y que desarrollado con planificación y seriedad tiene capacidad para “salvar más vidas que cualquier otra política”.
En su página web, Cure Violence presenta varias evaluaciones sobre la experiencia en distintos países. Según indican, se redujo 63% los ataques con armas de fuego en las zonas de Nueva York en las que implementaron esta propuesta. En Cali, Colombia, afirmaron que hubo una reducción de 47% de ese tipo de acciones en la zona de Charco Azul, donde se implementó el programa.
Otras experiencias exitosas en el mundo
Ignacio Cano y Emiliano Rojido, expertos en el análisis de la violencia letal, realizaron un mapeo de programas de prevención de homicidios en América Latina y el Caribe. En el relevamiento clasifican estos programas por tipología. La propuesta impulsada por el Ministerio del Interior entraría dentro de la categoría de “mediación con grupos armados”.
En este tipo de intervenciones, no se interlocuta con personas de forma aislada sino que se trabaja con grupos armados en su conjunto, porque, según explican los autores, “el objetivo no es desmovilizar algunas personas sino obtener un cambio de conducta del grupo como un todo”.
Para esto, “los protagonistas de esta interlocución pueden ser miembros de la sociedad civil o el propio poder público, en cuyo caso los riesgos políticos del proceso son elevados, considerando la legitimación indirecta que el Estado puede prestar a grupos presuntamente criminales al mantener comunicación con ellos”.
Señalan que “este tipo de abordajes tiene la capacidad potencial de reducir los homicidios de forma muy intensa y muy rápida, especialmente en los contextos en que la violencia letal está vinculada a la actuación de grupos o bandas armadas”. Como estas medidas no se proponen “desmantelar los grupos armados sino reducir la violencia que generan”, pueden también ser consideradas como de reducción de daños.
El objetivo de estas intervenciones es disminuir el grado de violencia entre los grupos armados o llegar al cumplimiento de determinadas normas para reducir los niveles de violencia.
Si bien indican que el programa más conocido es Cure Violence, tiene como antecedente otro programa estadounidense: Ceasefire. Fue implementado por organizaciones de la sociedad civil en varios países de la región, con financiamiento de organizaciones internacionales o de Estados Unidos.
El eje es generar relaciones con pandillas juveniles y grupos armados a través de trabajadores comunitarios que tengan una fuerte inserción local para que puedan intervenir ante la ocurrencia de un incidente violento para evitar la venganza y así cortar el espiral de la violencia entre los grupos.
Para los autores, este tipo de abordaje “parece tener mayor probabilidad de éxito cuando la violencia tiene carácter intergrupal y cuando los grupos armados tienen un carácter más territorial y menos vinculado a actividades criminales organizadas”.
Cuando se evalúa el impacto de estas medidas en Estados Unidos, se observa una reducción significativa de las personas asesinadas a través de disparos de arma de fuego. También se registra una reducción importante de los homicidios en represalia.
Los autores resaltaron el programa Peace Management Initiative, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional de Jamaica, que tiene una filosofía similar de mediación con grupos armados y que “inspira incluso otras iniciativas del poder público”.
También indicaron que “al margen de estos ejemplos liderados por el Estado, otras intervenciones comunitarias comparten la misma filosofía de reducción de daños en los conflictos entre pandillas y grupos armados”. Destacaron el caso de Venezuela, a través de las comisiones de convivencia de Catuche, en las que un grupo de madres de miembros de bandas cumple la función de negociar para reducir la violencia entre ellos.
Desistimiento a través de mentores
En Centroamérica, en particular en El Salvador y Honduras, existen programas que incentivan a los jóvenes a desistir de las pandillas y el delito a través de mentores, que son referentes que pasaron por esa experiencia antes.
Las organizaciones basadas en la fe tienen un rol preponderante en este sentido. Para los códigos de las pandillas, las únicas razones válidas para desistir sin ser asesinado como represalia es la religión o conocer a alguien que lo haya hecho antes y seguir su ejemplo.
Mediadores de paz
En Medellín, Colombia, también se aplicó un programa de mediadores de paz, en el que referentes territoriales apoyaban en la articulación de conflictos para promover la reducción de la violencia. Allí se apuntó a la construcción de confianza en los territorios a través de referentes y a la introducción de la cultura y de bienes culturales como vehículos para promover procesos de convivencia alternativos.
Desactivar conflictos y cambiarles la forma
En diálogo con la diaria, y en base a la escueta comunicación emitida por el Ministerio del Interior, Rojido indicó que entiende que apuntan a la mediación de grupos violentos y destacó que “hay varias experiencias a nivel internacional en ese sentido, justamente para reducir los círculos de venganzas en el marco de la violencia intergrupal”.
Señaló que se debe partir de un diagnóstico para saber cuáles son las causas de los homicidios que se busca prevenir. “Ese tipo de intervenciones no está orientado a grupos no muy organizados, como los cárteles de droga, sino a grupos juveniles locales”, indicó. Tampoco sirve para todos los homicidios: “Para poner un ejemplo burdo, no sirve para prevenir los femicidios, o los homicidios por conflictos entre vecinos”.
Sobre los riesgos que podrían enfrentar los mediadores que trabajen en este plan, dijo que “hay que cuidarlos” y que “la idea no es que sean polizones sino personas con buen tránsito por las comunidades y grupos violentos que puedan desactivar los conflictos armados, y darles otra forma, con consecuencias no letales”. “Sin dudas hay que implementarlo con cuidado, pero es algo que se puede hacer bien”, destacó.
La comunicación errática y la importancia de la sociedad civil
Según Federico del Castillo, antropólogo especializado en el estudio de la Policía y sus estrategias, “hay muy buenos antecedentes internacionales de este tipo de programas, que tienen un volumen de acumulado de evidencia a favor”. “Per se, no me parece que se trate de una estrategia equivocada. O sea, por lo menos es una idea interesante que emerge en un contexto en el que las ideas innovadoras no han abundado en esta administración”, destacó.
Del Castillo señaló que “estuvo muy mal presentado de parte del ministro”. “Habló del lenguaje y es una forma inadecuada para hablar de un programa de este tipo. Homologa a toda una clase de ciudadanos a partir del atributo del lenguaje. Es una visión muy homogeneizante hacia una población muy vulnerable, que son los ex privados de libertad y las personas que podrían ser el público objetivo de un programa así”.
Para el antropólogo, “es inadecuado el modo en que se presentó, porque Heber habló de que los ex privados de libertad pueden ser candidatos a llevar adelante esto por un tema de léxico”. En este sentido, dijo que “eso es un método de selección porque hablan ‘chorro’, porque ‘todos ellos saben hablar chorro y nosotros que nos encontramos en la vereda de la legalidad no comprendemos ese lenguaje’”. “Es muy brutalizante y es un modo muy brutalizante de referirse a esta población, porque los reduce culturalmente a una expresión de sus vidas que es el pasado delictivo, asumiendo que quienes delinquen ‘se entienden entre ellos’, casi como poniéndolos en una burbuja distinta del resto de la sociedad”, afirmó Del Castillo.
“‘Que se arreglen entre ellos’, ‘que se entiendan entre ellos’, ‘que se rescaten entre ellos’, es un modo muy peligroso y muy burdo de hablar de esta población”, manifestó. Agregó que, “además, hay varios criterios que deben primar para seleccionar a posibles mentores: perfiles, atributos, habilidades, visiones de mundo, trayectorias, etcétera”. Aclaró que “a priori no me parece mal que sean ex privados de libertad, no estoy criticando eso, sino que esto nos habla del modo de concebir programas de este tipo”.
Enfatizó en la crítica sobre la comunicación de Heber: “Me llama mucho la atención la falta de dominio que tiene el ministro del Interior para hablar de los temas que tiene bajo su órbita. No es la primera vez que llaman la atención las propias declaraciones, el modo de declarar que tiene sobre los temas que manejan”.
Por otra parte, indicó que “hay una situación coyuntural en la que esta idea parece un poco traída de los pelos”, porque “si analizás esta administración, o yendo para atrás también, cabe cuestionarse qué haría falta para un problema de este tipo: políticas de Estado en seguridad, que, la verdad, no es lo que tenemos en Uruguay; una coordinación interagencial efectiva entre organismos; una Policía profesionalizada, democrática, abierta, sujeta a escrutinio, con mentalidad reformista transformadora, que priorice el relacionamiento con las comunidades; una sociedad civil con fuerte anclaje territorial que incorpore una mirada de seguridad que puede ser a través de institucionalidades diversas: religiosas, deportivas, sociales, artísticas”. Algo que claramente no se adapta a la coyuntura política, acotó.
Para el antropólogo, a la hora de implementar estas propuestas, son fundamentales las organizaciones de la sociedad civil. “ONG que tengan recursos, sostenibilidad en el tiempo y la infraestructura necesaria para acompañar un proceso de esta envergadura, un programa de este tipo”, indicó. Planteó que tienen que tener “un determinado perfil” y “en Uruguay hay muy pocas ONG que podrían estar en condiciones de llevar adelante o acompañar una estrategia de este tipo”.
A su vez, destacó lo importante de que el resto del Estado proyecte una mirada sobre seguridad transversalizada a través de las institucionalidades que rodean este tema, como el Ministerio de Desarrollo Social, otros ministerios y las intendencias departamentales. “No sólo estén a disposición con políticas universalistas, sino que tengan una mirada sobre la seguridad para relacionarse con los sujetos con los que trabajan”, indicó.
Según Del Castillo, “de todos estos atributos que se necesitan para implementar un plan de este tipo, en lo que le compete al Ministerio del Interior no hemos visto que se haya tomado en serio a ninguno de todos esos actores”. “Por eso suena como antojadiza la propuesta”, concluyó.
La realidad uruguaya
Para Gabriel Tenenbaum, sociólogo especialista en crimen organizado, también en base a la escueta información disponible sobre la propuesta, no queda claro si la idea es usar a estos referentes en el marco de un proceso de reinserción social, como informantes, para trabajo en la comunidad. Afirmó que “hay cosas que son muy delicadas, que hasta pueden poner en riesgo la vida de estos ‘referentes’”.
Comentó la experiencia de Honduras, donde exmareros hacen mentorías en el marco de procesos de prevención comunitaria o con la institucionalidad que ejecuta medidas de privación de libertad o reinserción, sobre todo con adolescentes. Aclaró que esto “forma parte de un conjunto más amplio de políticas de prevención de homicidios y otros delitos” y también del desistimiento delictivo. “Es otro el escenario”, indicó, porque “lo que se busca ahí es que estos jóvenes salgan de las maras a las que pertenecen”. “Todo esto se mezcla mucho con la cooperación internacional, que está muy fuerte en estos países y es la que lleva adelante este tipo de programas que son de corte claramente liberal e individualista, buscando la resiliencia de las personas, que puedan sobreponerse a un contexto de factores de riesgo y condicionamiento de desventaja que tienen”, planteó, y agregó que es algo que lo hace “sumamente difícil, porque no es que les entregan herramientas por fuera de las psicológicas, si es que ellos las pueden aprehender”.
Además, señaló que “todo esto se vincula con la red de pentecostales, que están fuertes en estos lugares y son quienes están en las comunidades llevando adelante este tipo de estrategias, porque en más de una ocasión hay exmareros que se volvieron pastores, y esa es la forma que tuvieron de desistir”. “Es una salida religiosa de la mara”, afirmó, lo cual redunda en “cambiar un grupo social por otro”.
Tenenbaum resaltó que “esa es una experiencia en un contexto totalmente distinto al nuestro”, porque “es muy difícil en Uruguay hablar de pandillas, menos de maras, podemos hablar de grupos más o menos organizados, la mayoría de ellos integrados por jóvenes y familias extensas, entonces la jugada es por otro lado”. “Hay que pensar bien” y reiteró que “no queda claro en dónde se quiere aplicar”, si en el desistimiento delictivo, en los procesos de reinserción social o en la prevención comunitaria.
Para el sociólogo, no está claro que experiencias como las de Medellín tengan que ver con esta propuesta, porque tienen que ver con experiencias de mediación y convivencia para la paz. “Obviamente que es aplicable en algunos barrios, pero tenés que entrar a negociar. Acá no me parece que tengas con quien negociar”, indicó. “En Medellín, ni que hablar cuando estaba la organización de Pablo Escobar operando, pero después también cuando hubo una proliferación de organizaciones más pequeñas, que son muy grandes para lo que es Uruguay, se dan negociaciones que pueden ser jodidas porque negociás que permitís el funcionamiento de ciertos mercados ilícitos para que bajen los homicidios”, planteó. Lo comparó con el pacto que hizo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con las maras, que ahora se revirtió y hay un estado de excepción. “Son experiencias tan distintas, que a priori se podría decir que nada de eso podría tener cabida en Uruguay”, destacó.
Por otra parte, resaltó la experiencia de Estados Unidos, que asocia a personas que estuvieron privadas de libertad para buscar a otras personas que están saliendo de la cárcel y acompaña en su trayectoria de salida de la cárcel, con cierto “padrinazgo”.
En Uruguay afirmó que hay casos, que son “excepciones”, que “responden más al carisma de la persona que a la voluntad institucional”, donde personas que estuvieron presas trabajan luego en el sistema carcelario, como el rapero Kung Fú Ombijam (Federico González Canavesi), que es tallerista de la organización que trabaja en cárceles Nada Crece a la Sombra y también dio talleres en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente hasta que, tras ganar un llamado público para hacerlo en la legalidad, se lo prohibieron alegando, justamente, que “tenía antecedentes”.