La organización criminal que logró alterar documentación judicial para que narcotraficantes pasen de la cárcel a prisión domiciliaria está en el foco de atención. Si bien para Fabián Rosano, que encabeza la Dirección Nacional de Libertad Asistida –organismo que controla las prisiones domiciliarias–, que haya seis fugas asociadas a narcotraficantes “no es un número importante, para el ministro del Interior ha sido un tema clave y ha centrado su discurso en responsabilizar a dos juezas de Crimen Organizado por haber dado las prisiones domiciliarias: María Helena Maynard y Adriana Chamsarián. Además de los casos de narcotraficantes, personas que cometieron otros delitos también lograron cambios de regímenes en su privación de libertad y excarcelaciones.
Hay dos fugas que a Heber le preocupan en particular: la de Juan Antonio González Bica, quien se fugó a fines de agosto tras romper la tobillera electrónica que le habían colocado; y la de Miguel Ángel Leal da Costa.
Según informó El País, la Justicia solicitó a Interpol que incluya a los narcotraficantes González Bica y Leal da Costa en su lista roja. Montevideo Portal consignó que hay indicios de que ambos se fugaron del país.
González Bica había sido detenido el 12 de junio de 2022 en el marco de la Operación Pitágoras, en la que se incautaron 172 kilos de cocaína y 251 kilos de pasta base que eran trasladados en una falsa ambulancia por la ruta 8 desde Cerro Largo a Montevideo. Leal da Costa fue condenado en febrero de 2022 a cuatro años y medio de prisión tras haber sido detenido en el marco de la Operación Babilonia, cuando se disponía a entregar un cargamento. Le incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base, 40 gramos de marihuana, vehículos, armas y dinero. En el primer caso actuó Maynard y en el segundo Chamsarián.
En el caso de Leal da Costa, que no tenía tobillera electrónica, Rosano dijo que hubo varias advertencias a la Justicia porque no estaba en el domicilio que había fijado. Las trazas aportadas por la tobillera electrónica de González Bica, que rompió para fugarse, mostraban movimientos irregulares, que no condicen con los que tenía autorizados ni con los tiempos de tratamiento que requería permanecer en su prestador de salud por la supuesta insuficiencia renal que permitió que obtuviera el cambio de medida.