Familiares y víctimas de terrorismo de Estado de las causas incluidas en la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado uruguayo esperan una respuesta del presidente Luis Lacalle Pou, que se niega a participar en el acto de reconocimiento de los crímenes que culminaron con la vida de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Eduardo González, ocurrida en diciembre de ese año, y de Oscar Tassino, quien murió bajo tortura, en julio de 1977.
La realización de un acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo en esas muertes es parte de la sentencia de condena de la Corte IDH, emitida el 20 de diciembre de 2021, y es vinculante para el Estado, en la medida en que Uruguay ratificó la Convención Americana de los Derechos Humanos y la competencia de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, al que pertenece la corte.
En un comunicado emitido este viernes, los familiares y abogados de las víctimas de la causa expresaron que la decisión del presidente de no participar en el acto de reconocimiento los “entristece profundamente” y advirtieron que no se respetaron los lineamientos para su organización, que debe ser realizada con la participación de los familiares y las víctimas. Además, dieron cuenta de la falta de avances en el cumplimiento de la sentencia.
“La Corte IDH dispuso una serie de medidas, entre las cuales consideramos de fundamental importancia la presentación de un plan de búsqueda de los detenidos Oscar Tassino y Luis Eduardo González; el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada y su formación en Perspectiva de Género; la formación en Derechos Humanos en forma transversal durante toda la carrera en las Fuerzas Armadas. A más de un año del dictado de la sentencia, ninguno de estos aspectos ha tenido avances”, expresaron. En ese sentido, recordaron que el fallo determina que en el acto deben estar presentes “las más altas autoridades de los tres Poderes del Estado, de la Fiscalía Especializada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de las Fuerzas Armadas”.
Los familiares informaron que hasta el momento tuvieron tres reuniones con Cancillería para la organización del acto y en la última les informaron que el presidente no estaría presente. “Cedimos en prácticamente todos los aspectos señalados, incluso aquel que indicaba la necesidad de realizar el acto en un espacio abierto para que todo quien quisiera pudiera asistir. Sin embargo, insistimos en la importancia de contar con la presencia y encabezamiento del presidente de la república”, sostuvieron. Pese al reclamo, el Ejecutivo les envió una fecha para su realización y les comunicaron que estaría presente la vicepresidenta, Beatriz Argimón.
“Sin desmerecer en absoluto a la vicepresidenta, la entidad de la figura del presidente no necesita demasiadas aclaraciones. Se trata de un funcionario del Poder Ejecutivo de la más alta jerarquía institucional, que fue electo democráticamente y que debe actuar y ejercer sus funciones en beneficio de la sociedad toda, sin importar colores o banderas políticas”, expresaron.
Además, los familiares señalaron que es el presidente quien se encuentra en una posición institucional para “enviar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas, insistiendo en la necesidad de que, quien tenga información para resolver la situación de incumplimiento internacional en la que se encuentra nuestro país, la entregue”.
“Hasta la fecha no contamos con una razón que explique la negativa de nuestro presidente de participar en un acto de estas características ordenado por un tribunal internacional, a pesar de que su agenda incluye la presencia en diversos y variados eventos en todo el país”, agregaron.
Los familiares manifestaron su tristeza por la posición adoptada por el Estado uruguayo y pidieron una revisión de la decisión. “Esperamos la respuesta del señor presidente. Su palabra es fundamental para nosotros como familiares víctimas de la actitud omisa del Estado, pero también para la sociedad uruguaya toda. Nada puede construirse a partir de la negación, el ocultamiento y el olvido de los crímenes y las aberraciones que hemos sufrido como país y que hasta ahora se mantienen impunes”, concluyeron.