La Corte Electoral (CE) respondió un pedido de informes realizado por la bancada de senadores del Frente Amplio para conocer quiénes eran y qué cargos tenían en el organismo los tres funcionarios allegados al exsenador Gustavo Penadés que lo ayudaron a conseguir información sobre las víctimas utilizando el sistema informático de la CE.
Además, consultaron sobre el tipo de información al que tenían acceso los funcionarios, algo que fue un punto determinante de su responsabilidad en la investigación administrativa que inició la CE luego de que se difundiera una conversación telefónica en la que dos funcionarios buscaban información a través del sistema.
Según el informe al que accedió la diaria, los tres funcionarios, dos mujeres y un hombre, habían declarado su filiación política al Partido Nacional; una de las involucradas tenía acceso a la base de datos del sistema Proteo para realizar tareas de consulta y trámites de inscripción en la Oficina Electoral Departamental de Montevideo, el funcionario sólo tenía acceso a consultas y la otra funcionaria no tenía acceso al sistema.
Los datos a los que podían acceder quienes tenían el permiso de consulta son: fecha de inscripción en el Registro Civil Nacional de las personas inscriptas, serie y número de credencial cívica, la fotografía de la credencial, nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento, nombre del padre y de la madre, cédula de identidad (en algunos casos) y domicilio y teléfono en el momento en que se registraron.
En noviembre la Corte Electoral definió el inicio de un sumario a quienes llevaron a cabo una búsqueda sobre familiares de una de las víctimas de Penadés. La situación fue conocida luego de que El Observador publicara una conversación entre los dos funcionarios sumariados, en la que uno de ellos le da el nombre de una persona de 22 años para conocer datos personales y de su madre. En la conversación telefónica, otra funcionaria se da cuenta de lo que están haciendo, pero los tranquiliza diciendo que “si es para Gustavo, no va a abrir la boca”.
En diálogo con la diaria el abogado de la secretaria sumariada, Rodrigo Martínez, dijo que su defendida “nunca hizo público ningún dato sensible ni información secreta”.
A principios de octubre, la fiscal del caso, Alicia Ghione, había convocado a los secretarios a declarar en una primera instancia en calidad de testigos, pero una vez en la fiscalía les planteó que serían convocadas como imputados, algo que implica, además de la obligación de presentarse con abogado y tener derecho a no declarar, la necesidad y el derecho a conocer la carpeta de investigación del caso.
Por recomendación de su abogado, los secretarios se negaron a aceptar realizar la declaración en esos términos y luego pidieron una audiencia para que, con intervención de la Justicia, se determine cuál es su estatus jurídico en la causa, instancia que fue suspendida a pedido de la propia defensa.
La clave de la defensa de los secretarios está en la cercanía que los secretarios tenían con Penadés, en algunos casos de más de diez años de trabajo, y en la autoridad que representaba para ellos, además de que en el momento en que se concretó esa llamada –en mayo de 2023– aún tenían la convicción de que el exsenador estaba siendo víctima de una maniobra política, tal como él argumentaba públicamente.
La investigación penal no encontró vínculos entre estos funcionarios y el equipo formado por el funcionario del Parlasur Diego Cuiñas y el exdirector del Comcar Carlos Taroco para realizar una investigación parapolicial que buscaba deslegitimar a las víctimas de los delitos sexuales por los que fue imputado Penadés, y que culminó con la condena de cinco personas a mediados de diciembre del año pasado, entre ellas dos funcionarios policiales y personas de confianza de Cuiñas, que admitieron su responsabilidad en los hechos por delitos de asociación para delinquir, cohecho o tráfico de influencias.
En esa línea de investigación aún quedan varios cabos sueltos, sobre los que la fiscal trabajará luego de culminada la feria judicial, entre ellos la participación de informáticos en el equipo clandestino organizado por Taroco, la participación de funcionarios de la Policía Científica responsables de custodiar la evidencia de la Fiscalía en contra de Penadés, la concreción de maniobras para favorecer la remisión de pena por trabajo o estudio que habrían sido aplicadas para favorecer a colaboradores, la obstaculización de un trámite de expedición de pasaporte iniciado por la víctima Jonathan Mastropierro, y eventuales escuchas telefónicas irregulares de las que podría haber sido objeto el equipo fiscal.