“Te presentamos un manual con las lecciones más importantes que aprendimos al desarrollar los proyectos plancondor.org y sitiosdememoria.uy”, dice en un video de presentación Francesca Lessa, investigadora italiana que reside en Londres y lidera Plan Cóndor, una plataforma con información sobre las víctimas de la coordinación represiva transnacional. El manual se llama Tecnologías digitales y memoria: la búsqueda de justicia en América del Sur, fue redactado por Lessa, Mariana Risso y Rodrigo Barbano (ambos de Sitios de Memoria Uruguay) y se publicó en agosto en español e inglés en plancondor.org y sitiosdememoria.uy.
Se trata de un documento en formato caja de herramientas o toolkit con dos temas clave: la digitalización como herramienta para la conservación y sistematización de documentos con el fin de hacerlos accesibles a todas las personas, y la georreferenciación de sitios donde se cometieron crímenes de lesa humanidad para la creación de mapas interactivos.
Sobre cómo surgió esta iniciativa y acerca de sus alcances, objetivos y proyección, la diaria dialogó con Lessa y Risso. La primera contó que hacia fines de 2021 venían hablando de hacer algo en conjunto con Sitios de Memoria Uruguay, “la plataforma hermana” de Plan Cóndor. En la búsqueda, relevamiento y análisis de documentación y materiales para conocer la verdad “hubo muchos avances, pero también habíamos tenido muchos obstáculos”, dijo.
“Nos pareció importante intercambiar sobre todo eso, pensando que quizás todo nuestro trabajo y nuestras reflexiones pueden ser de utilidad a otras personas que están enfrentando situaciones parecidas en su trabajo”, agregó Lessa. La idea fue tomar lo que venía haciendo Sitios de Memoria a nivel local y catapultar esa experiencia a nivel regional, sumándole encima la experticia acumulada por Plan Cóndor.
Para Risso, decidieron abordar el primer asunto porque encontraron importantes “carencias en la digitalización de documentos que estuvieran disponibles”. Muchos documentos digitalizados terminaban en formato de microfilm en bibliotecas de no tan fácil acceso, pero desde hace unos años, los documentos digitalizados se pueden subir a plataformas en línea y quedar a disposición de cualquier internauta. “La idea es que se digitalicen documentos, se traten con un software de reconocimiento óptico de caracteres [OCR, por sus siglas en inglés] y se disponibilicen en una web, de manera que cualquier persona, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo puede acceder a esa información. La digitalización resuelve la tensión que hay entre la escasez, que es la dificultad de acceso a un documento, y su difusión pública”, añadió Risso. Muchas veces hay un solo ejemplar de documento, que corre riesgos de deterioro por la frecuencia de las consultas y además está guardado en un archivo con acceso restringido por la lejanía, los horarios de atención al público, y a merced de los cambios de administración, en el caso de los archivos públicos.
Risso dijo que en la digitalización de documentos se debe, por un lado, tener en cuenta aspectos éticos, porque se maneja información sensible, de personas, y por otro lado, considerar el tema del acceso. Mencionó el caso de un sitio privado con documentos de un partido de izquierda uruguayo que cobraba por dar acceso a los textos. También están aquellos sitios que insertan “marcas de agua” o aquellos que han acopiado material por impulso militante y sin mucho profesionalismo, que ofrecen acceso a documentos digitalizados en mala calidad o a cambio de crear un usuario que termina en infinitas ventanas con publicidad. “Termina siendo una privatización de un contenido que debe ser devuelto a las sociedades y a las personas que los generaron y de la manera más amplia posible”, sostuvo Risso.
La investigadora de Sitios de Memoria de Uruguay no cree que haya “malas intenciones” en la mayoría de estos casos, pero sí “parten de la falta de información y falta de problematización, porque estos temas no se discuten”. “A veces se toman decisiones profundamente equivocadas, y el toolkit intenta ayudar a problematizar que las personas y las organizaciones tomen sus decisiones, pero partiendo de ciertas bases de experiencias que nosotros creemos que pueden ser interesantes tener en cuenta”, añadió Risso.
La idea de este toolkit es que sirva para generar plataformas con material legible, accesible, y en la modalidad de base de datos abierta, para que cualquier investigador, periodista, operador judicial, o activista pueda tener acceso libre, y aplicando herramientas de inteligencia artificial (IA) poder cruzar información y obtener resultados combinados en poquísimo tiempo.
Uno de los problemas específicos del tratamiento de estos materiales, según el manual, es que “denunciaban los crímenes de las dictaduras de la región” y “se produjeron y/o se distribuyeron en la clandestinidad como una forma de resistencia al autoritarismo”. “Difundirlos o conservarlos implicaba un grave riesgo: de hecho, muchos materiales fueron incautados por las fuerzas represivas en operativos de secuestro de personas, de allanamientos a locales de organizaciones sociales, religiosas, sindicales o partidarios. Muchos de esos papeles debieron ser total o parcialmente destruidos por las personas que los custodiaban para preservar sus vidas y las de sus familias. En ese contexto de persecución, muchos valiosos materiales se han perdido inevitablemente y algunos se han recuperado de los archivos de los propios servicios represivos. Otros documentos relevantes para el estudio y la conciencia pública de los crímenes fueron los generados por los mismos servicios de fuerzas policiales, militares y de inteligencia”, expresa el manual.
El acceso a muchos de esos documentos “puede estar dificultado por las políticas desarrolladas por autoridades estatales, ya sea por ineficiencia, falta de priorización e inversión en estos temas, o con el objetivo específico de preservar la impunidad, ocultando o dificultando por esa razón el conocimiento público de los contenidos”. Pero el manual hace referencia a que también “es común que universidades nacionales o extranjeras”, así como organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones “custodien y regulen el acceso a sus acervos de forma restrictiva”. “Algunas organizaciones o personas comprometidas con los derechos humanos apoyan la restricción del acceso a documentación, y si bien esto puede ser contradictorio, es importante comprender las variadas razones y consideraciones que encierran esos posicionamientos. Al margen de su tratamiento digital, siempre deben preservarse los materiales originales, tanto por su valor histórico como en los casos que puedan ser útiles como evidencias para la persecución de crímenes de lesa humanidad”.
“El mejor proyecto de digitalización es aquel que se puede hacer”
El manual tiene indicaciones técnicas muy precisas para poder montar un proyecto de digitalización de materiales sin demasiados costos. Risso destacó que la mayoría de las veces estas iniciativas se dan en organizaciones sociales chicas o en sindicatos pequeños y que tienen tanto valor como los proyectos más portentosos. Para todos los casos “hay algunas cuestiones que es importante saber, como la calidad en la que se digitaliza, que tiene que permitir que el archivo sea legible, que se pueda conservar bien su contenido”. La modestia no debe impedir el trabajo, subrayó, y agregó que “muchas veces por desconocimiento se gasta en equipos carísimos para un tipo de documento que con un equipo más modesto se puede digitalizar igual. Esto es importante porque se puede pensar en equipos tan costosos que impidan que se concrete un proyecto por falta de presupuesto. En el manual destacamos que el mejor proyecto de digitalización es aquel que se puede hacer. A veces uno cree que son cosas sólo para expertos, técnicos o personas con conocimientos muy especializados y no es así. Hay algunas pautas que son como casi consejos, recetas de procedimientos con las que se pueden conseguir resultados muy buenos”, enfatizó Risso.
Agregó que si bien hay que tener alguna experticia técnica en materia de informática y resulta a veces “difícil encontrar personas” con este perfil, “en el momento histórico en que estamos hay personas muy jóvenes que tienen herramientas que con algunas indicaciones específicas y la problematización de estos temas también se pueden sentir convocadas a generar proyectos de este tipo”. “Si bien el toolkit está enfocado en esta experiencia, no se circunscribe solamente a crímenes de lesa humanidad. Podría ser aprovechado por grupos que estén militando otros aspectos de la lucha por los derechos humanos o queriendo recobrar documentos o digitalizar iniciativas de otros grandes campos de los derechos humanos, como la protección ambiental, los derechos de la diversidad sexual, o las luchas contra el autoritarismo del presente”, destacó.
El manual también se detiene en dar consejos sobre “consideraciones éticas”. Según el texto, los proyectos se deben adecuar a los marcos legales de los países, pero también y, “principalmente”, “considerar la opinión de las víctimas, sus familias y las organizaciones que integran y les representan”. Pero también sostienen que “el argumento de la protección de datos no debe ser utilizado como excusa para impedir el acceso a información de interés público que esté adecuadamente documentada. Es un desafío buscar los equilibrios entre acceso y protección”.
Sobre este delicado y polémico tema, Lessa afirmó que “proteger a las víctimas y a sus familiares” es uno de los desafíos principales de “cualquier proyecto de investigación y difusión vinculado a los derechos humanos”. “Hay que balancear los dos objetivos, el dar acceso a la información para que sea pública y que la sociedad se apropie, pero hacerlo de una forma en que no llegue a revictimizar a las víctimas y sus familiares o generar situaciones que sean problemáticas para ellos”, señaló. La investigadora añadió que en algunos archivos de los organismos represivos hay “confesiones que se obtuvieron bajo tortura”, por ejemplo.
En el manual se explica que al “disponibilizar documentación con información sensible, se pueden emplear técnicas de anonimización que oculten la identidad de personas o detalles que pueden revictimizarlas y lesionar su dignidad”.
Lessa explicó que enfrentaron el desafío “con la base de datos de las víctimas y el mapa interactivo de Plan Cóndor”, “en particular con algunas leyes de protección de datos de la Unión Europea”, por lo cual tuvieron que “proteger lo que se llaman ‘categorías especiales de información’, que tienen que ver con los nombres y apellidos de las víctimas, su género, su militancia política y su militancia sindical”. “En esos casos también nos enfrentamos con el desafío de cómo compartir la información disponible sin estar en una situación de incumplimiento con estos principios tan importantes de protección de datos personales. La solución que encontramos en el caso de plancondor.org y que incluimos en el toolkit como un ejemplo de buenas prácticas que se pueden considerar es que si los casos de las víctimas han sido confirmados por un organismo estatal, como puede ser una comisión de la verdad, o en el caso de Uruguay, la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, u otra comisión de verdad en otro país, como esa información ya es de conocimiento público, eso nos permite poner a disposición toda la información relativa a esas víctimas”, expresó la investigadora. Sin embargo, subrayó que “hay varios casos en los que aún no se ha pronunciado un organismo judicial, estatal o internacional al respecto. En esos casos decidimos por ahora anonimizar el nombre y apellido de la víctima y poner a disposición otra información sin ese vínculo que lo identifica con un individuo específico”.
“La georreferenciación nos permite ampliar el conocimiento de cuáles fueron los sitios donde funcionó la represión”
La segunda sección del toolkit se explaya en brindar herramientas para la georreferenciación: “el proceso de asignar coordenadas geográficas a lugares específicos para identificar los lugares donde ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos”. También se agregan consideraciones técnicas y éticas sobre la temática. El objetivo es generar mapas interactivos con IA que permitan cruzar todo tipo de información.
Al respecto, Lessa aclaró que para sitiosdememoria.uy se trata de lugares “donde funcionaron distintos predios vinculados al terrorismo de Estado, desde cuarteles, centros clandestinos, cárceles comunes y otros sitios”, pero para Plan Cóndor, además de considerar los lugares vinculados a la represión, hay un enfoque también en las víctimas, “pensando en los lugares donde estuvieron”.
“Hemos georreferenciado en la mayoría de los casos centros clandestinos de detención, algunas comisarías, destinos previos, pero también otros lugares, como, por ejemplo, pasos de fronteras, aeropuertos, porque con el tema de la coordinación represiva y el cruce de las fronteras, las víctimas en muchos casos pasaban por centros clandestinos, pero también pasaban por aeropuertos, eran secuestradas ahí, porque ahí eran identificadas al momento de cruzar las fronteras. Mucha gente no sabe que en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro se secuestraron a muchos militantes en su paso en la región. La georreferenciación con ese enfoque nos permite ampliar el conocimiento a nivel de la sociedad de cuáles fueron los sitios donde funcionó la represión”, explicó Lessa.
Risso señaló que la asignación de coordenadas en un mapa no es un tema del pasado porque existen múltiples casos que aún permanecen abiertos, en investigaciones como parte de procesos judiciales, en búsquedas de restos, en determinación de responsabilidades. “Son acciones vivas que siguen vigentes, por lo que es algo que puede modificarse de forma permanente a partir de una sentencia judicial y establecer una nueva trayectoria de la víctima”.
El manual recomienda para los datos exportados “el uso de formatos abiertos como CSV, GeoJSON y SHP”, así como el “uso de capas libres de mapa como las ofrecidas por openstreetmap.org”, y “relevar proyectos nacionales de fotografías aéreas históricas que enriquezcan la información de los mapas”.
“El conocimiento del pasado es una herramienta para intentar prevenir la repetición de los hechos”
Lessa enfatizó en dos objetivos claros de la herramienta: “Nos interesaba poder colaborar con distintas ONG como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en Uruguay, y también el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, en Brasil, que está muy cercano a Uruguay en términos de todo el trabajo que se hizo durante los años de la dictadura. Esas ONG tienen en muchos casos un acervo documental muy importante, pero, como sabemos, quizás no tienen muchos recursos para preservarlos, para digitalizarlos y para ponerlos a disposición del público”.
En este sentido, recalcó que varios de los documentos subidos a plancondor.org pertenecen al acervo de estas organizaciones, lo que representa una colaboración para dar a conocer esos archivos, pero en definitiva “queremos que esta información se conozca y que toda la sociedad se apropie”, y al mismo tiempo que “estas ONG superen algunos desafíos”, como la falta de recursos o la “falta de conocimiento tecnológico que no les ha permitido hasta ahora poner a disposición todos los materiales”.
El otro objetivo de esta iniciativa tiene que ver con que “estamos viendo el retorno de muchos discursos autoritarios, negacionistas, de extrema derecha, hablamos de [el presidente de Argentina, Javier] Milei y de [el expresidente de Brasil, Jair] Bolsonaro, además de otros líderes políticos”. “Entonces también la preocupación es que haya una democratización del acceso a la información y que toda la sociedad pueda estar atenta a estos discursos, a estas narrativas que quieren intentar reescribir la historia y [cambiar] un consenso que ha existido en Argentina por muchos años. Si la sociedad no tiene acceso a los materiales, a los documentos en sí y a la información, es difícil que pueda ser sensible o estar atenta a esos debates que se dan en la esfera política y social. Este es quizás el objetivo más grande o quizás el objetivo más a largo plazo en el que queremos aportar con este trabajo de digitalización. Porque finalmente creemos que el conocimiento del pasado es una herramienta para intentar prevenir la repetición de los hechos”, concluyó Lessa.
Una decisión afectó la calidad y utilidad de las digitalizaciones logradas
El texto está acompañado por “viñetas” que relatan ejemplos reales que dan cuenta de los “problemas habituales que se presentan en sectores de la administración de políticas públicas y en proyectos surgidos de organizaciones de la sociedad civil”, tales como la inadecuada selección del equipamiento, recomendaciones técnicas que trancan la concreción de las iniciativas y decisiones técnicas que “no consideran el efecto a mediano plazo de decisiones en contextos políticos cambiantes o complejos”. Un ejemplo indicado es el de “una institución de Uruguay que aloja una de las bibliotecas más importantes del país”, que digitalizó diarios históricos de su hemeroteca, pero “resolvió digitalizar desde las versiones en microfilm, en lugar de hacerlo directamente desde los originales, lo cual comprometió seriamente la calidad de los resultados”. Esto tuvo como consecuencia que las imágenes obtenidas “tienen una resolución demasiado baja y están en blanco y negro (los originales están impresos en color)”, lo que impide que se generen archivos PDF con un OCR adecuado. “La decisión afectó la calidad y utilidad de las digitalizaciones logradas, ya que dificulta realizar búsquedas, copiar los textos o utilizarlos en entrenamientos de IA, entre otras finalidades deseables”, dice la viñeta.
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