Este viernes comenzará la audiencia de control de acusación en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos perpetradas por militares uruguayos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor. La causa involucra los asesinatos de Rosario Barredo, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Zelmar Michelini, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor, entre ellas la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo y la supresión de estado civil de Mariana Zaffaroni y Macarena Gelman.
La audiencia estará a cargo del juez en lo penal de 31er turno, Emilio Baccelli, quien deberá admitir o descartar la evidencia propuesta por los defensores de los imputados, que son los militares en situación de reforma José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, y la evidencia propuesta por la fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad.
La fiscalía propondrá el ingreso a juicio de decenas de evidencias documentales, periciales y testimoniales, entre ellas las declaraciones de Jorge Vázquez, el expresidente de la Senaclaft Ricardo Gil Iribarne, el exintegrante del escuadrón de la muerte Mario Benítez, Juan Raúl Ferreira, Daniel Olesker, Lucas Mansilla, Antonio Viana, Efraín Martínez Platero, Fernando Butazzoni, María Ángeles Michelena, Oscar Bonilla, Julio César Abreu –quien fue detenido junto a las víctimas de los fusilamientos de Soca–, Benjamín Liberoff, Esteban y Gabriela Schroeder y decenas de familiares y víctimas del Plan Cóndor.
También pedirá la declaración de los periodistas Ivonne Trías, Paula Barquet, Fabián Kovacic, Walter Pernas y Roger Rodríguez, y la declaración del profesor Álvaro Rico, de la integrante del Equipo de Investigadores de Historia de la Secretaría de Presidencia Fabiana Larrobla, del investigador estadounidense de la Operación Cóndor John Dinges y del profesor Hugo Rodríguez Almada.
Además de la evidencia que sea admitida por el juez Baccelli en la audiencia de control de acusación, el juicio contará con las declaraciones anticipadas de los exmilitantes del Movimiento de Liberación Nacional Mauricio Rosencof, Jorge Martínez Platero y Walter González, de Carlos Antonio Rodríguez Coronel, víctima del terrorismo de Estado en Argentina, y de Matilde Rodríguez Larreta.
Entre la prueba documental hay decenas de expedientes de causas por violaciones a los derechos humanos en Uruguay y Argentina, los legajos de 14 militares que formaron parte del Plan Cóndor y documentos oficiales extranjeros, entre ellos varios archivos desclasificados de Estados Unidos.
El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió una condena de 30 años para Arab, por 12 delitos de homicidio, dos delitos de desaparición forzada, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, cuatro delitos de rapiña y reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves.
En cuanto a Silveira, la fiscalía pidió una condena de 22 años de penitenciaría por dos delitos de homicidio, dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves, mientras que para Medina pidió una condena a diez años y seis meses de penitenciaría por dos delitos de sustracción de menores, dos delitos de supresión y suposición de estado civil, un delito de rapiña, nueve delitos de privación de libertad, dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y dos delitos de lesiones graves.
En el proceso, aún está pendiente la respuesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un recurso presentado por la defensa de los militares, que reclaman la incompetencia de los juzgados de primera instancia en causas sobre crímenes de lesa humanidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 239 de la Constitución, que en su numeral 1 define entre las competencias de la SCJ: “Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna; sobre delitos contra Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos por el Derecho Internacional”.