El fiscal especializado en Delitos Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, convocó para este jueves a los veedores de Casa de Galicia que evaluaron la viabilidad financiera de la institución médica, ante la posibilidad de un financiamiento de 12 millones de dólares que la dirección tenía acordado con el Banco Santander, según informaron a la diaria fuentes allegadas a la investigación.
Los veedores Luis Fraschini y Lucas Pereira concurrirán ante el fiscal Rodríguez, luego de que se conocieran declaraciones del exabogado de Casa de Galicia, Martín Reyes Delgado, quien dijo que los veedores que evaluaron la viabilidad financiera de Casa de Galicia en abril de 2021 fueron presionados por el gobierno para modificar los informes en contra de los intereses de la mutualista.
Las declaraciones de Reyes ante el fiscal Rodríguez fueron realizadas el 18 de diciembre y difundidas la semana pasada en la columna de M24 La tapadita, del periodista Eduardo Preve. En los audios difundidos, Reyes plantea que Fraschini le dijo que estaba “indignado” por los cambios que le habían pedido a la hora de entregar los informes.
Reyes plantea que la negación del aval para el financiamiento fue parte de un plan para cerrar la institución médica. Destaca además la velocidad con la que se resolvió su intervención, dos semanas después de que la institución llamara a concurso de acreedores al no poder acceder al financiamiento preacordado.
Según supo la diaria, Fraschini y Pereira declararon juntos como testigos ante la Fiscalía y no mencionaron cambios en las conclusiones del informe solicitado por el gobierno, pero sí les pidieron que el informe lo entregaran en dos partes. Ante la difusión de los audios y la eventualidad de que las presiones a las que refiere Reyes vayan más allá de un tema de forma, Rodríguez optó por volver a convocar a los veedores para consultarles específicamente sobre este punto.
También fue convocado el expresidente de la Junta Nacional de Salud Luis González Machado, quien fue señalado por Reyes como la persona que reclamó los cambios a los veedores.
Este lunes estaba previsto que fuera convocado a declarar el presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, en lo que sería la última convocatoria antes de que el fiscal comience a evaluar los elementos en la carpeta de investigación para, eventualmente, pedir la formalización del proceso en su contra.
Iglesias pidió postergar para mediados de febrero la declaración porque se encontraba fuera del país.
Por otra parte, el abogado denunciante, Gustavo Bordes, presentará un informe para incorporar a la carpeta de investigación que amplía la información que ya está en el caso, pero no cambia en la sustancia la eventual imputación contra Iglesias, que está siendo investigado por apropiación indebida, fraude concursal, estafa e insolvencia societaria.
La denuncia penal contra las autoridades de Casa de Galicia fue presentada el 2 de diciembre de 2021, por el Ministerio de Salud Pública, tras el informe de los interventores, quienes concluyeron que existieron “múltiples y presuntas irregularidades que habrían cometido las anteriores autoridades de Casa de Galicia y otros particulares, en detrimento del patrimonio de la institución”.
En su primera declaración ante la Fiscalía, en abril de 2023, Iglesias rechazó las acusaciones de apropiación indebida de 180.000 dólares que habían sobrado de una operación cambiaria vinculada a la compra de un inmueble en las calles Centenario y Luis Alberto de Herrera, y presentó los comprobantes de que el dinero fue transferido a una clínica que pertenece a Casa de Galicia. También respondió la acusación de haber trasladado muebles que pertenecían a la institución, señalando que los muebles que se llevó pertenecían a su familia.
En diciembre, el juez de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, condenó a Iglesias a cubrir con su patrimonio lo adeudado por la institución médica y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios o ajenos, así como a representar a terceros.
La sentencia fue apelada la semana pasada por Iglesias, quien en anteriores declaraciones a la diaria dijo que la Justicia no le dio espacio suficiente para contradecir las acusaciones en su contra por mala gestión y que la intervención del Poder Ejecutivo y la consiguiente distribución de los socios en cinco prestadores privados fue parte de un plan para liquidar la institución médica.