La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en el que, sin nombrar el caso concreto, rechaza las declaraciones del exfiscal de Corte Jorge Díaz sobre la fiscal Sandra Fleitas, en el que expresó su preocupación “por la tendencia constante de buscar por la vía oblicua de lo mediático resultados que deberían procurarse en los ámbitos jurídicos correspondientes”.
“Rechazamos enfáticamente que se exponga a fiscales al descrédito público. Quienes tienen reparos con las actuaciones de una fiscalía tienen a su disposición una batería de herramientas legales para plantearlo; máxime tratándose de personas que conocen el funcionamiento del sistema judicial”, expresaron, señalando el artículo 56 del Código del Proceso Penal que prevé los mecanismos para solicitar el apartamiento del fiscal interviniente en un caso.
“Asimismo, corresponde resaltar que la Fiscalía es parte en el sistema acusatorio, por lo que todos los requerimientos de los fiscales deben ser autorizados por un juez, con el contralor u oposición de la contraparte. Como gremio, no nos pronunciamos sobre casos particulares, tampoco hacemos una defensa corporativa de fiscales; sí insistimos, una vez más, que el cuidado de las instituciones, de la democracia y del sistema republicano es una tarea de todos”, expresaron.
En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación, William Rosa, señaló que no se trata de decir que los fiscales son “intachables”, sino que existen procedimientos para señalar esos errores.
Rosa agregó que muchas veces “se evade el rol del Poder Judicial” y que cada acción de la fiscalía, como parte en el proceso, está refrendada por un juez y una defensa puede controvertir eso.
“En lugar de controvertir y solicitar evidencia o resoluciones se prefiere el efecto inmediato que da lo mediático. Si uno lo dice en una conferencia de prensa, tiene otro impacto. Hay gente que conoce bien el funcionamiento de las instituciones; cuando elige ese camino sabe bien la consecuencia y el daño que genera”, advirtió.
Rosa dijo que las mismas personas que utilizan los medios para tratar de influir en el proceso después exigen garantías. “Nos hemos venido pronunciando sistemáticamente en contra de la tendencia de actores de relevancia política de atacar a la fiscalía, de socavar la confianza de la ciudadanía de la fiscalía”, expresó.