Tras la muerte del militar en situación de reforma Ricardo Arab, el 28 de setiembre, la Justicia definió continuar con la investigación del homicidio de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en la causa en la que también se investiga la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y decenas de crímenes cometidos por militares uruguayos en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.
Arab era el único imputado con vida por el cuádruple homicidio ocurrido en Buenos Aires entre el 18 y el 21 de mayo de 1976, por lo que las defensas del militar en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira y el expolicía Ricardo Medina, acusados por otros crímenes investigados en la causa, pidieron que se excluya del expediente todo lo vinculado al cuádruple homicidio.
Sin embargo, la Justicia resolvió mantener la investigación sobre el hecho, por considerar que el caso es parte del contexto de la causa y es parte del derecho a la verdad de las víctimas, en coincidencia con lo planteado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe.
Por esta causa, también fue investigado el militar en situación de reforma José Nino Gavazzo, quien murió el 25 de junio de 2021, dos meses antes de la audiencia de formalización, y fueron imputados Gilberto Vázquez, quien murió en octubre de 2021, y Ernesto Ramas, fallecido en diciembre de 2022. También se pidió la extradición de Manuel Cordero, quien cumple condena en Argentina por la causa Plan Cóndor, y de Pedro Mato, refugiado en Brasil al menos desde 2014.
Sobre Arab pesaba un pedido de condena de 30 años de penitenciaría por el crimen perpetrado en Buenos Aires y los homicidios de Daniel Banfi, Guillermo Jabif, Luis Enrique Latrónica, Telba Juárez, Eduardo Efraín Chizzola, Hugo Gomensoro Josman, José Méndez Donadio y Francisco Candia, y las desapariciones de Manuel Liberoff y Washington Barrios. También las supresiones y suposiciones de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, y la privación de libertad de Gabriela Schroeder; María Victoria Barredo y Máximo Fernando Barredo; María Elena Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba; Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso; Alba Coitinho Mello y sus hijas Patricia Noel, María Fernanda y Victoria Martínez Coitinho; María del Carmen Martínez Addiego; María del Rosario Villarino; Washington Pérez Rossini, y Washington Pérez Carrozo. También por el delito de privación de libertad y abuso de autoridad contra 17 personas detenidas.
Jorge Silveira, que integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), es acusado por los homicidios de Juárez y Chizzola; los delitos de supresión de estado civil de Zaffaroni y Gelman, y los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves contra Carlos Rodríguez Coronel, Sara de León, Adriana Ferraro, Alejandro Nogueira, Mario Nino Di Negri, Ricardo Gil Vázquez, Luis Ferreira da Silva, Elisa Michelini Delle Piane, Jorge Vázquez e Ivonne Trías.
Mientras que el expolicía Ricardo Medina, que ingresó al Servicio de Información y Defensa (SID) en julio de 1976, es acusado por la supresión y suposición de estado civil de Gelman y Zaffaroni; las privaciones de libertad de Laguna y sus hijos Sandro, Tania y Leonardo Soba; Beatriz Inés Castelonese y sus hijos Beatriz y Alberto Mechoso; Beatriz Barboza y Francisco Javier Peralta. Además, sobre Barboza y Peralta se le imputó un delito de lesiones graves y un delito de rapiña contra la familia Soba y la familia Mechoso.
La causa fue iniciada en noviembre de 2020 por Schroeder, quien denunció su secuestro y el de sus hermanos luego del asesinato de su madre, Rosario Barredo. La audiencia de control de acusación del caso, la etapa previa al juicio, comenzó hace un año, en octubre de 2024, pero sólo se avanzó en la presentación de la acusación de la fiscalía, las respuestas de las defensas y alguna de las pruebas propuestas para el juicio oral del caso, debido a la impugnación, por parte de las defensas de los militares, de algunas de las pruebas propuestas por la fiscalía, además de la recusación de la jueza Andrea Cayeux, que subrogó al juez de garantías Emilio Baccelli.