Una delegación de la Suprema Corte de Justicia compareció este lunes ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda para reclamar reasignaciones que permitan incrementar los recursos para el Poder Judicial que fueron aprobados en Diputados.
Según informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, el presupuesto otorgado por el Poder Ejecutivo representa el 6,5% del presupuesto elaborado por el Poder Judicial.
“Expusimos todas las líneas del presupuesto, fueron receptivos, pero no sé hasta qué punto van a poder reasignar”, señaló Pérez. El presidente de la SCJ dijo que existen “muchas cosas urgentes” en el Poder Judicial, pero que una de las principales prioridades en la reasignación de recursos es la creación de nuevos juzgados de violencia de género.
“Hay un problema de violencia de género en la sociedad y no se está contemplando. Nosotros pedimos 24 juzgados de género, nos dieron sólo dos. Así que esa es una de las prioridades, la asignación de salud laboral. Hay un montón de prioridades”, afirmó.
Consultado sobre si hubo una respuesta por parte del oficialismo en cuanto a la creación de nuevos juzgados de violencia de género, Pérez dijo que los senadores escucharon y realizaron preguntas sobre el tema de fondo, “pero compromisos en sí no hubo ninguno”.
En cuanto a la situación del Poder Judicial en caso de que se mantuviera lo aprobado en Diputados, Pérez dijo que deberán continuar “con pocos recursos, como siempre”. Pérez agregó que de no concretarse las reasignaciones, la falta de recursos se verá reflejada en el servicio. “Pedimos recursos con un fin específico, que es mejorar el servicio que prestamos a la sociedad. El servicio va a seguir llegando, pero no vamos a poder llegar a más juzgados para poder dar un mejor servicio”, agregó.
Desde la comisión señalaron a la diaria que en los próximos días comenzarán a analizar posibles reasignaciones de los diferentes incisos, entre ellos el del Poder Judicial, aunque advirtieron que cuentan con “poco margen” para esa redistribución.
La semana pasada la Asociación de Magistrados del Uruguay se declaró en conflicto por entender que los recursos aprobados en Diputados “no cubren las necesidades mínimas para sostener el servicio jurisdiccional con estándares adecuados”. De los 44 millones planteados en el presupuesto elaborado por el Poder Judicial, el Ejecutivo sólo otorgó tres millones.