En el marco del conflicto entre el Estado uruguayo y la empresa española Cardama Shipyard tras comenzar el proceso para rescindir el contrato por la construcción de dos patrulleras océanicas, el lunes la diaria informó que el gobierno tiene en su poder, desde el 8 de noviembre, un informe de unas 43 páginas en el que el notario español Ignacio Martínez-Gil concluyó que las copias del “acta de manifestación” que Cardama entregó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) hace un año junto con la garantía de Eurocommerce configuran una “clara falsificación”, son “absolutamente falsas” y no fueron expedidas “por ningún notario”.
Este martes, la titular de la cartera de Defensa Nacional, Sandra Lazo, se refirió a la novedad en una rueda de prensa y opinó que “lo que aparece en esos documentos amerita hacer una ampliación” de la denuncia y que desde el MDN van a “trabajar, como hasta ahora, en conjunto con Presidencia de la República”.
“Por un lado está el tema de la construcción, con todo lo que esto ha significado y con nuestra visión crítica en su momento [...]. Otra situación es lo que se encontró: en ese marco se encuentra una situación que, por lo menos, al tener apariencia dolosa, a nosotros nos parecía que no podíamos mirar para otro lado y había que hacer una denuncia, y ahí se fueron encontrando algunas cosas que corren por ese canal”, reafirmó.
La jerarca evaluó que, si se inicia una etapa de negociación, el Estado uruguayo “tiene que cambiar el rol” para asumir otro “mucho más protagonista en la negociación”, a los efecto de tener “un control efectivo sobre qué queremos, qué necesitamos y cómo se lleva adelante”, ya que “en realidad nosotros pagamos por un servicio y, por lo tanto, tenemos derecho a opinar y a que se tome en cuenta”.
En ese sentido, Lazo confirmó que se mantiene “algún tipo de negociación” con el astillero, pero reiteró que “debe quedar claro cuál es la postura del MDN en tanto comprador y en tanto Estado uruguayo, y eso no es negociable”. “Mal haríamos si expresáramos todo lo que se está haciendo. Creo que hay que tener un margen de sobriedad sobre esto”, acotó. Además, respecto del interés del titular de la empresa española, Mario Cardama, de reunirse con autoridades uruguayas, dijo que no recibió ninguna nota personal con la solicitud.
Lazo también se refirió al rol de los dos capitanes de navío de la Armada enviados a Vigo a supervisar la construcción y elaborar informes semanales. Dijo que tiene “absoluta confianza” en ellos y que “desmerecer el trabajo y la formación que tienen hoy esos veedores es algo que no se me ocurriría”. “Son nuestros representantes; obviamente que las decisiones las tomamos nosotros, pero estamos en una circunstancia en la que yo creo que opinar muy sobriamente de estos temas es parte de esa negociación”, condensó.
A raíz del entredicho entre el astillero vigués y el gobierno, está previsto que la oposición interpele a Sandra Lazo el lunes 8 de diciembre. Sobre la instancia parlamentaria, Lazo dijo que le ha tocado estar “del lado que de alguna manera analiza al interpelado” y “hoy me toca estar sentada asumiendo las responsabilidades”. Recordó que “el objeto de la interpelación cuando se planteó en su momento era por qué el gobierno uruguayo toma la decisión de rescindir un contrato”, y opinó que “ese objeto ya hoy no está sobre la mesa porque hay una dinámica que nos ha llevado por otro lugar”.
“Por supuesto que voy a responder todo lo que tenga que ver con ese objeto; si hay otro tema que esté por allí, me parece que corresponde sumirnos a lo que es específicamente el objeto de la interpelación”, afirmó. Cuestionó que, “si bien a través de los legisladores habíamos de alguna manera acordado cuál era el mejor momento, sobre todo por la situación del Parlamento que está votando un presupuesto nacional, nadie se comunicó conmigo oficialmente”, sino que se enteró de la fecha “por la prensa”, y eso es “un cambio, porque en este país nos comunicábamos oficialmente”.