La caída de diversos fondos ganaderos fue una constante en 2025, que dejó en evidencia la falta de controles por parte del Estado en materia de lavado de activos y en protección del ahorro de las personas. No fue una mera corrida de dinero, advierte el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Ricardo Gil Iribarne, sino que hubo “algo más”, que está investigando la Justicia, y que repasamos en esta nota de la diaria.
Grupo Larrarte: “si desconfiás tanto, andá a hacer la denuncia”
Mariela Vigo es una de las 170 personas damnificadas de Grupo Larrarte, que funcionó desde enero de 2021 hasta setiembre de 2024, cuando se declaró en cesación de pagos. Ella tenía un dinero ahorrado, producto de la venta de un inmueble, y había ido a Conexión Ganadera para invertir, pero uno de sus socios, Pablo Carrasco, le dijo que no había cupos.
En 2023 vio un stand grande en la Expo Prado que le llamó la atención: era de Grupo Larrarte. “Me aceptaron enseguida. Me tomaron todos los datos, fueron al ministerio, me sacaron un número de la Dicose [Dirección de Contralor de Semovientes] y me trajeron la caravana que supuestamente me iba a corresponder”, contó a la diaria. La primera entrega fue en octubre de 2023 por unos 320.000 dólares y el interés ofrecido era de 11,3% por año, que se dividía en ocho cuotas, que se pagaban cada 45 días.
Los siguientes meses Vigo recibió el dinero tal cual indicaba el contrato y decidió invertir 60.000 dólares más. En enero el grupo empezó a atrasarse y le pagaron a fines de febrero la cuota correspondiente al mes anterior. “Ahí no me pagaron más”, relató. Contó que llamó varias veces a la oficina de Larrarte y le dijeron que tenía que hacer un trámite para que le devolvieran el patrimonio, y que iba a demorar 30 días.
Cuando el dinero no llegó, Vigo fue hasta la oficina de Larrarte, ubicada en Punta Carretas. Le dijeron que perdonara, que estaban atrasados y que estaban invirtiendo en un fideicomiso para que los clientes estuvieran “más tranquilos”. Ella, de todas formas, pidió su plata porque vio que “estaba todo mal”, pero la fueron llevando “a cuentos” y en agosto “explotó todo”. Fue de nuevo a la oficina y pidió los documentos de su ganado, pero no se lo quisieron dar. “Si desconfiás tanto, andá a hacer la denuncia en la décima”, le dijo la mujer que la atendió.
El hijo de Vigo llamó al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, pasó el número de la Dicose y desde la cartera le informaron que nunca habían comprado ninguna vaca con ese número. Vigo fue finalmente a la décima, donde le dijeron que no era la primera denuncia.
Grupo Larrarte firmó 211 contratos por un monto total de 12 millones de dólares, con contratos mínimos de 15.000 dólares, con una rentabilidad de entre 10% y 11,3% anual. Durante las audiencias en fiscalía, Jairo Larrarte, fundador del grupo, reconoció haber recibido dinero para invertir en la compra de 16.000 cabezas de ganado, pero sólo compró 9.000.
En setiembre de este año, Larrarte fue condenado, a pedido del fiscal del caso, Alejandro Machado, a tres años y ocho meses de prisión efectiva, por los delitos de estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos, que se encuentra cumpliendo en la Unidad 1 de Punta de Rieles.
República Ganadera: el concurso voluntario que quedó por el camino y la inminente formalización
El caso se conoció el 26 de noviembre de 2024, cuando los responsables de la empresa, Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio, se presentaron a concurso voluntario de acreedores, al no poder responder a sus obligaciones, en un caso que culminó con una denuncia ante la Justicia penal por los delitos de estafa y apropiación indebida por 80 millones de dólares. El día anterior al suicidio del socio fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, ese fondo comunicó públicamente su disposición a actuar para garantizar la continuidad de República Ganadera, que dejó a unos 1.400 damnificados.
La causa tuvo dificultades al inicio de su proceso, dado que en enero Machado pidió apartarse del caso luego de haber sido cuestionado por abogados denunciantes por falta de avances. El caso fue asignado al fiscal Enrique Rodríguez, pero este presentó un recurso de anulación contra la designación que fue aceptado por el Ministerio de Educación y Cultura, por lo que el caso volvió al fiscal Machado en setiembre.
Hasta ahora ninguno de los responsables había sido imputado, pero la Justicia sí había dispuesto medidas limitativas que le impedían salir del país desde marzo de este año. A diferencia de otros fondos ganaderos, el proceso de República Ganadera tuvo una primera etapa de negociación en la que, dentro del proceso de concurso, se llegó a manejar la posibilidad de un acuerdo para la continuidad de la empresa, una vez finalizado el proceso de verificación de créditos que realiza la síndica, Zamira Ayul. Sin embargo, en marzo la Justicia rechazó el concurso voluntario y terminó con las posibilidades de cualquier acuerdo. A partir de ese momento, comenzaron a investigarse los movimientos bancarios de Jasidakis y Mussio, quienes argumentan que la insolvencia del fondo se debió a las pérdidas por la sequía y la corrida provocada por la caída de Grupo Larrarte.
Se estima que luego de la feria judicial, cuando venzan las medidas limitativas contra Jasidakis y Mussio, el fiscal Machado solicitará la audiencia de formalización contra los socios de República Ganadera, en una imputación que podría incluir el delito de lavado de activos, en función de los resultados de los informes elaborados por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU) y la Senaclaft.
Conexión Ganadera: los principales avances en la investigación
La muerte de Basso el 28 de noviembre en un siniestro de tránsito no accidental y el tamaño de la estafa que se investiga, que implica unos 4.300 damnificados y un pasivo que supera los 300 millones de dólares, fueron parte de los elementos que hicieron de Conexión Ganadera la causa principal de los fondos que se están investigando, a lo que hay que sumar la actitud tomada por los denunciados.
Mientras Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, continúan defendiendo el modelo de negocio y apuntan a Basso como responsable de una estafa, la familia Basso –Daniela Cabral y sus hijas, Candelaria Basso, Agustina, y su esposo, Alfredo Rava– se concentra en la defensa de la herencia y su solvencia y reclama un activo de 36 millones de dólares, mientras la investigación penal continúa avanzando hacia ellos y hacia las empresas tomadoras de ganado que participaban en el mecanismo.
Luego del accidente, y del comunicado en el que se posicionaba como compradora de República Ganadera, la empresa continuó manejando por varias semanas la posibilidad de mantenerse en pie, hasta que finalmente en enero de 2025 admitió ante sus inversores un pasivo de 250 millones de dólares. Los responsables de la empresa, sus trabajadores, los mandos medios y los responsables de las empresas tomadoras de ganado comenzaron a desfilar por la fiscalía a cargo de Enrique Rodríguez, hasta que el 17 de julio la Justicia de Crimen Organizado definió la imputación con prisión de Pablo Carrasco, por un delito de estafa y lavado de activos, la imputación de Daniela Cabral, quien cumple prisión domiciliaria en un apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este, y de Ana Iewdiukow, enviada a prisión domiciliaria hasta el 29 de octubre –cuando se amplió su imputación por lavado de activos por operaciones financieras e inmobiliarias y se determinó la prisión preventiva, luego de que el fiscal llevara evidencia de un intento de apertura de cuenta bancaria en España por parte de la imputada mientras cumplía prisión domiciliaria–.
“Puede concluirse que la distribución constante de utilidades, a pesar de la disminución en la rentabilidad y la caída de la disponibilidad de efectivo –que pasó de 257 millones de pesos en 2020 a 24,8 millones de pesos en 2024– podría estar afectando la liquidez de la empresa”. Además, sostiene que “el hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa”, señala el informe de la Senaclaft que detectó que la empresa percibió una caída en su rentabilidad del 51% en 2020 al 38% en 2024.
Antes y después de las imputaciones, la causa, tanto en el proceso penal como en el de concurso, dejó varios momentos que pintan la forma en la que los socios de Conexión Ganadera manejaban el negocio. Uno de ellos fue la impugnación del embargo contra Carrasco, en febrero, en un escrito en el que niega el patrimonio negativo y advierte que los acreedores podrían convertirse en deudores en función de cómo se compute tributariamente el ahorro: “En el marco de esta hipótesis algunos acreedores quizás hayan recibido intereses por encima de su capital y, en consecuencia, en lugar de la masa pasiva compondrán la activa, por cuanto el concurso tendrá un crédito contra ellos”.
En esa misma línea está la declaración de Iewdiukow ante la fiscalía antes de ser imputada por lavado de activos, en la que apuntó a una estafa perpetrada por Basso y calculó que si no hubiese existido ese supuesto engaño podría haber obtenido utilidades por 13 millones de dólares. “Tendríamos que haber retirado 13 millones de dólares; agradezco haber retirado dos”, comentó.
Otro de los hitos discursivos de la defensa de los imputados fueron las impugnaciones de la familia Basso contra el concurso de la herencia y contra el remate del apartamento de Punta del Este, valuado en 800.000 dólares. “Nuestro padre sí dejó un patrimonio más que suficiente como para hacer frente a las obligaciones”, señalaron las hijas de Basso en uno de los escritos, en el que rechazaron la versión del síndico sobre los altos costos de mantenimiento del apartamento donde su madre cumple prisión domiciliaria, señalando que el Estado no se está haciendo cargo de ellos. “La conservación del inmueble que se pretende rematar extrajudicialmente no es ni difícil ni costosa”, señalaron detallando que los gastos comunes del apartamento son de 1.211 dólares en temporada baja y 2.052 dólares en alta.
Una vez levantada la feria, el fiscal avanzará con el pedido de formalización de Maximiliano Rodríguez, responsable de Pasfer SA, una de las empresas tomadoras de ganado que recibió transferencias por 23 millones de dólares y no pudo explicar el vaciamiento de sus campos ubicados en Puntas de Ayala, en Treinta y Tres.
La investigación avanzará sobre la familia Basso, luego de que los abogados Santiago Alonso, Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Joaquín Bonaudi denunciaran a las hijas de Basso y al yerno por continuar cobrando parte de la deuda que el frigorífico Casablanca tenían con Basso, pasando por encima del embargo en contra de la familia y del proceso de concurso, tanto de Conexión Ganadera como del frigorífico.
Según supo la diaria, a mediados de febrero serán convocados a declarar las hijas y el yerno de Basso y las dos hijas de Carrasco, Marcela y Guadalupe, y el hijo, Valentín, quienes serán indagados por operaciones inmobiliarias en 2024. Además, será convocado Jorge Cunietti, responsable de una de las tomadoras de ganado, y se recibirán exhortos para profundizar la línea de investigación sobre los negocios de la familia Basso en Paraguay.
Portfolio Capital: venta de una casa, transferencias y retiro de dinero
La caída de Portfolio Capital, el grupo encabezado por Alejandro Berrutti y María José Argenti, sucedió en mayo de este año. El 20 de ese mes, los acreedores se enteraron de la situación del fondo, a través de un correo electrónico, en el que se señaló que la “fuerte presión que existe desde hace tiempo en el sector” provocó “desafíos financieros” para la empresa y que se encontraban “ante la imposibilidad de hacer el pago de los dividendos anticipados correspondientes a todos los accionistas”.
En julio, el juez letrado de Concurso de primer turno, Leonardo Méndez, decretó el concurso necesario de Oro Rojo SA y Reina Vaca SA, dos de las siete empresas que tiene el grupo económico liderado por Berrutti y Argenti. El plazo para la verificación de créditos de los acreedores vencía el 22 de diciembre y la sindicatura pidió prórroga. Según dijeron a la diaria fuentes vinculadas al caso, se estima que hubo 400 damnificados por el fondo, pero solamente 200 se presentaron a reclamar sus créditos ante el juzgado.
El grupo tenía oficinas en cinco países y manejaba distintos negocios. La abogada Silvia Cuello, que patrocina a varios damnificados, contó a la diaria que tiene varios clientes en Argentina que firmaron contratos de inversión con Berrutti en su oficina en Puerto Madero, Buenos Aires, pero tienen poca ilusión de poder cobrar los créditos por la forma en la que fueron elaborados los contratos.
La empresa manejaba dos tipos de contratos. Uno de ellos era un contrato ganadero, por el cual invertían en ganado y se les pagaba entre 6% y 9% de interés anual. El otro contrato implicaba que los inversionistas se volvieran accionistas de una sociedad, y el capital base para hacerlo era 15.000 dólares. Se estima que la deuda del grupo con los damnificados asciende a 23 millones de dólares.
En lo penal, el 4 de diciembre el juez especializado en Crimen Organizado de primer turno, Fernando Islas, dispuso medidas limitativas para los socios fundadores de Portfolio Capital, a pedido del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez. Se dispuso la fijación de domicilio, el cierre de fronteras y la retención del pasaporte para Berrutti y Argenti, mientras continúa la investigación.
La audiencia había comenzado dos días antes, pero fue suspendida porque los abogados de la pareja, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, advirtieron que no habían tenido un adecuado acceso a la carpeta de investigación.
En su intervención, la fiscalía planteó la existencia de movimientos bancarios en mayo, días después de haber informado a sus accionistas que no podían cumplir con las obligaciones. En concreto, la investigación penal determinó que la pareja vendió la casa donde vivía en Carrasco y giró al exterior parte del dinero.
En concreto, a partir de un informe de la Senaclaft, se constató que la venta de la casa se hizo cinco días después del anuncio y fue por 750.000 dólares. Además, entre el 30 de mayo y el 4 de junio realizaron una transferencia por 300.000 dólares y retiraron efectivo por 130.000 dólares y 230.000 dólares en un cheque, según informó El País, con base en lo informado por la fiscalía en la audiencia.
Cuello dijo a la diaria que confía en el trabajo de Rodríguez, y sabe que trabaja muchísimo antes de pedir la formalización del proceso. También dijo que los abogados de Berrutti y Argenti han trasladado a la defensa de los damnificados que la pareja quiere ofrecer un acuerdo reparatorio respecto del concurso. “Sabemos que él [Berrutti] puso mucho énfasis en no quedar concursado [como persona física] para poder seguir teniendo la oportunidad de poder ofrecer una forma de pago”, dijo Cuello, pero por el momento no ha habido ninguna propuesta con “andamiaje”.
“La idea realmente es cobrar, porque acá hay un tema económico”, dijo Cuello, y agregó que también existe un “impacto emocional muy fuerte” por parte de los clientes, que tienen mucha “ansiedad, inseguridad constante, tristeza, sensación de pérdida y una autopercepción de vergüenza y culpa” por haber invertido en el fondo.
El rol del Estado, los sistemas de contralor y el lugar de los fondos ganaderos en el sistema financiero
Uno de los temas de discusión que trajo la caída de los fondos fue la eficacia de los sistemas de contralor estatales frente a este tipo de sistema de captación de ahorros y la necesidad de ajustar la normativa para evitar que vuelva a ocurrir. A mediados de agosto el BCU presentó un anteproyecto de ley con modificaciones a los sistemas de control para abarcar a los fondos ganaderos.
“Hay un primer paso importante, que es que el BCU expresó su decisión de poner bajo su órbita este tipo de emprendimientos”, señaló a la diaria el asesor de la Senaclaft.
Gil Iribarne dijo que esa definición es “clave”, porque “lo que pasó es que no había supervisión en materia de lavado de ningún tipo y tampoco de protección del ahorro público”. En ese sentido, señaló que ahora es necesario “bajarlo a tierra” y determinar cuáles son las medidas para prevenir el riesgo de lavado “tanto del lado de quienes invierten, de dónde obtuvieron los fondos, como de quienes manejan el negocio”.
Consultado sobre un efecto corrida y si es esperable que un fondo pueda responder al retiro del capital de todos sus inversores, Gil Iribarne respondió que en los casos que se están estudiando hay “algo más” que una mera corrida. “Si vos tenés la inversión consolidada, tenés el ganado, hay cosas que te pueden afectar, pero acá lo que se develó es que había algo más que eso, y por eso está actuando la Justicia penal”, respondió.
En cuanto al impacto en el sistema financiero de los fondos ganaderos, Gil Iribarne dijo que se trata de un fenómeno en el que pesa la ausencia de otros sectores con una rentabilidad similar y que sean confiables, y señaló la influencia de la crisis bancaria y el desestímulo a las inversiones bancarias, además del cumplimiento de condiciones “por un período importante”.
“Fue una maniobra que afectó a sectores de ingresos medios y medios altos. El campo tiene ese atractivo, y las personas que operaron en los fondos tenían una presencia mediática importante, una solvencia aparente tanto profesional como económica fuerte, y eso conquista, es la habilidad psicológica de la estafa”, señaló.
Si bien planteó que “por un tiempo largo no va a haber casos similares” en el rubro ganadero, “puede haberlo en otro tipo de inversiones, en el que aparezca una oferta tentadora, en el que los inversores no tengan un conocimiento técnico que les permita controlar absolutamente a quien lidera la empresa”.