El 7 de diciembre, en el marco de una investigación liderada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Policía llevó a cabo un allanamiento en una chacra en la localidad de Juan Soler, en San José, y desbarató, por primera vez, un laboratorio clandestino de producción de hachís.
A partir de ese primer operativo, se allanaron tres padrones en la zona rural de Canelones, donde se incautaron 4.500 kilos de sustancia vegetal. El negocio era completo: la organización detrás no sólo se encargaba de la plantación, sino de la posterior elaboración de hachís.
Quien estuvo detrás del negocio ilegal fue el fundador y director de la empresa PucMed (Productora Uruguaya de Cannabis Medicinal), Alfonso Cardozo Ferretjans, cuya empresa estaba habilitada para cultivar cáñamo industrial. En la cuenta de Linkedin de la empresa se presenta a Cardozo Ferratjans como un médico uruguayo que “imaginó una empresa completamente enfocada en el bienestar del paciente, desde la selección de semillas hasta las técnicas de cultivo”.
“Nos diferenciamos porque nuestro objetivo es cultivar exclusivamente cáñamo industrial, una variante de la planta de cannabis con un contenido muy bajo de THC, la molécula responsable de los efectos psicoactivos del cannabis activo utilizado con fines recreativos. En otras palabras, nuestras plantas ricas en CBD sólo sirven para la producción de medicamentos sin efectos alucinógenos ni similares”, señalaban desde la página.
Y anunciaban que, a futuro, pretendían “obtener nuevas licencias para las demás etapas del proceso de producción de productos de cannabis medicinal, garantizando productos de mejor calidad para los pacientes en todas las etapas, desde el cultivo hasta el producto final”.
En febrero de 2023, la revista Forbes Brasil destacaba que Cardozo Ferratjans fundó en 2019 “PucMed, una startup que cultiva la planta y suministra cannabis y sus derivados con fines industriales, medicinales y académicos”.
Según ese medio, la empresa tiene su sede en Curitiba, pero la planta de producción está ubicada en la Zona Franca de Florida, con 15 hectáreas para el cultivo de cannabis. La empresa tiene un valor estimado de 27 millones de dólares, según decía Cardozo Ferratjans.
El martes 9, el fundador de la empresa fue condenado, mediante proceso abreviado, a dos años de cárcel por asociación para delinquir agravado y producción de sustancias estupefacientes. Además, el fiscal de Ciudad de la Costa de 2° turno, Ignacio Montedeocar, logró otra condena de tres años de penitenciaría por asociación para delinquir agravado, producción de sustancias estupefacientes e importación de estupefacientes, a un bioquímico que formaba parte de la organización, mientras otras dos personas que tenían un rol secundario fueron condenadas a 24 y 18 meses de libertad a prueba, con medidas alternativas: arresto domiciliario parcial, presentación en seccional y trabajo comunitario.
La investigación policial y de fiscalía comenzó en mayo de este año, a partir de una alerta de la Brigada Antidrogas de Rocha, que advirtió a las autoridades policiales que estaban ingresando de manera irregular a Uruguay productos que son utilizados para la producción de hachís.
Julio Sena, director de Investigaciones de la Policía Nacional, contó en conferencia de prensa el martes que, según los indicios que tienen, la producción de hachís era para el consumo en el exterior, probablemente para algunos estados de Brasil. También dijo no recordar un proceso de producción “de estas dimensiones”, ya que, además de la existencia de un laboratorio y los kilos de droga incautados, se “identificaron más de 20.000 plantines de cannabis que iban a ser, por supuesto, plantadas para continuar el proceso de producción de planta y el destino final”.
El proceso para producir cáñamo en Uruguay
En Uruguay, la empresa PucMed no figura en el listado de empresas habilitadas para el cultivo y la producción de cannabis para uso medicinal por parte del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), que es el organismo encargado de otorgar licencias para este tipo de actividades.
Sin embargo, para el caso de los proyectos productivos de cannabis no psicoactivo (cáñamo) para uso industrial es la Dirección de Servicios Agrícolas, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) la encargada de aprobar la habilitación. El Decreto 372/2014 determina que se entiende por “cannabis no psicoactivo (cáñamo) a las plantas o piezas de las plantas de los géneros cannabis, las hojas y las puntas floridas, que no contengan más de 1% de tetrahidrocannabinol (THC), incluyendo los derivados de tales plantas y piezas de las plantas”.
El decreto determina que el MGAP es el organismo encargado de autorizar los emprendimientos de este tipo y también de controlar “todas las etapas de plantación, cultivo, cosecha, industrialización, comercialización, importación y exportación de cannabis no psicoactivo y semillas”.
Fuentes vinculadas a la temática explicaron a la diaria que hay empresas que cultivan con licencia del MGAP y, posteriormente, venden cannabis con fines medicinales, aunque esto sólo es posible con la autorización del Ircca. Asimismo, existen empresas que exportan el cáñamo industrial, pero posteriormente en los países de destino se utiliza con fines medicinales.
En el caso de PucMed, la nota de Forbes Brasil señalaba que “la empresa importa cannabis crudo al país [Brasil] mediante una resolución de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) que permite el uso de la planta a particulares, previa presentación de documentación médica”. Luego, “la comercialización y la atención al paciente se realizan a través de una segunda empresa con registro interno, Anna Medicina Endocannabinoide. Fundada en 2022, la filial brasileña de la startup cuenta con dos sedes físicas en Curitiba para el tratamiento y la venta de medicamentos a base de cannabis”.
El hachís en el mercado y el prohibicionismo
En diálogo con la diaria el referente de la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay, Julio Rey, señaló que el hachís no es una nueva droga, pero que su producción y consumo en Uruguay se limitaban a algunos cultivadores que lo elaboraban para su consumo. “Ahora estamos hablando de sacar un producto derivado del cannabis para sacarlo fuera de frontera, no podemos negar la ilicitud absoluta de eso”, comentó al ser consultado por las incautaciones en Canelones y San José.
“Ahora aparecen nuevos jugadores, capitales brasileños, en un país que hasta el día de hoy es sumamente prohibicionista, y este perfil de productores se está beneficiando económicamente también de la prohibición. Lo que estimula a producir estos volúmenes y a traficarlos entre fronteras es justamente el valor final en el mercado por la prohibición que Brasil mantiene”, agregó.
Rey explicó que el hachís es un derivado natural de la planta de cannabis que se logra de diferentes formas: “La más habitual es un balde con hielo y mallas para filtrarlo. Colocás agua, hielo y los cogollos desprenden los tricomas, lo que, una vez filtrado y con procesos naturales posteriores, termina conformando el hachís, que es como una suerte de plastilina, en lugar del prensado y la flor que estamos acostumbrados a ver”. Por otra parte, dijo que los tubos incautados –probablemente de gas butano– suelen utilizarse para la producción de BHO, otro derivado del cannabis que tiene niveles de THC aún más concentrados que el hachís.
Rey explicó que el prohibicionismo torna más rentable y menos fácil de detectar a aquellas producciones con alto contenido de THC en poco volumen. “Todo eso no es típico de países donde la marihuana está permitida, sino justamente es una forma de reducir el volumen de la parte activa de la marihuana para traficarla”, comentó.
“Vemos un mundo de gente en la lucha diaria, tratando de que no la lleven presa por tonterías, y nos encontramos con un negocio de este volumen, en el que quizás lo más cuestionable no es el sentido moral del negocio en sí, sino la falta de control, la falta de inclusión y el aprovechamiento de un estamento prohibitivo, ilegal, de la marihuana y sus derivados en un país vecino”, comentó.
Rey dijo que más allá del caso “es hora de buscar la manera de que pequeñas economías y otro tipo de inversores, más allá de las grandes licitantes para la farmacia, entren a jugar en la cancha y nos dejemos de hipocresía”.
Además, recordó que en Uruguay no está prohibida la producción de derivados del cannabis para consumo personal, por lo que a veces aparecen pequeñas producciones de hachís, pero advirtió que no es muy apropiada para la producción casera porque la relación entre el peso de la flor y el producto derivado es de diez a uno, tanto para hachís como para aceite, por lo que resulta muy costoso de producir.
Consultado sobre el vínculo entre la Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay y el actual gobierno, Rey respondió que en estos meses el gobierno se estuvo instalando, pero señaló que “2026 va a ser un año de diálogo y luchas”. Planteó que están esperando la integración del Consejo Nacional Honorario al que hizo un llamado el Ircca y a su vez esperan avances para “garantizar los derechos de la ciudadanía en el ejercicio de la regulación”, y señaló la necesidad de “que se cumpla lo que la propia ley dice”.