“Sabemos de la violencia que genera el hacinamiento”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en la conferencia de prensa convocada para este lunes, tras el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio en el módulo 11 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar). Además, por la misma razón, tres funcionarios penitenciarios resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono.
La directora nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, explicó que el incidente “fue protagonizado por dos grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios”. Una vez que la Policía se enteró de lo que sucedía, “recurrió a reprimir con munición menos que letal y con agentes químicos” pero “fue frenada con colchones”. “En ese momento, los habitantes de una de las celdas se repliegan, se encierran en la celda y las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado, que es altamente inflamable, y con eso se prenden fuego los otros colchones y el resto de la celda”, continuó.
Dijo que en la investigación de los hechos está trabajando la Fiscalía: en principio asumió el caso Flagrancia y luego, Homicidios. Además, hubo una pericia de la Dirección Nacional de Bomberos “para despejar cómo había ocurrido el hecho de la muerte”, así como de la Dirección de Policía Científica y la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario “para esclarecer los hechos”.
Acerca de si fue un enfrentamiento entre bandas, Juanche señaló que eso no se sabe, aunque lo que sí es certero es que “entre dos celdas contiguas se habrían enfrentado en una pelea”. Asimismo, informó que hay nueve personas involucradas, ocho de las cuales habitan en la celda contigua, además de la persona que actúa como fajinero del módulo.
Consultado sobre las eventuales medidas que tomará el MI, teniendo en cuenta que en 2023 y 2024 también hubo incendios en Santiago Vázquez, en los que fallecieron personas privadas de libertad, Negro subrayó que el problema de las cárceles es el hacinamiento “que sufrimos y con el que nos encontramos al asumir esta administración”. “Estamos hablando de la tasa de prisionalización más alta del mundo y de que Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina”, remarcó.
Ese dato, continuó Negro, “da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y ninguna de ellas puede ser mencionada como preventiva o que sirva para impedir que estos episodios se repitan”. Por el contrario, dijo que es necesario “afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario, que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora”.
“Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior, que vio en las cárceles la única solución a los problemas y que tuvo en la LUC [ley de urgente consideración] su bandera o estandarte. Estas son las consecuencias que hoy vivimos con ese tipo de filosofía normativa. Debemos cambiarla”, subrayó.
En tanto, planteó que el MI “no va a dar la solución a todos estos problemas”, pero sí “va a participar en un diálogo profundo con todos los actores que estén involucrados en el sistema carcelario”. En ese sentido, expresó que apuesta a que el sistema político atienda este reclamo. Por lo tanto, dijo, el Parlamento “tiene un trabajo muy importante, que es llegar a los acuerdos que permitan traducir esa preocupación que tiene todo el sistema político en una normativa que impida que los índices de crecimiento del número de personas privadas de libertad siga aumentando mes a mes”.
Se refirió también a las conversaciones que ha mantenido con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit –quien estaba presente en la conferencia de prensa– sobre las reformas estructurales que necesita el sistema. En particular se refirió al módulo 11, uno de los que registran mayores niveles de violencia y cuyo cierre ha reclamado el comisionado. De esa forma, adelantó que están elaborando un plan de acción para atender la “emergencia” que se vive en algunos módulos, como el 11, que son “insostenibles”. Esas medidas, sostuvo, incluirán un abordaje “inmediato” y contemplarán cambios de infraestructura, alimentación, atención de la salud mental y de la salud en general.
Carlos Negro y Juan Miguel Petit, durante la conferencia de prensa, el 16 de junio en el Ministerio del Interior.
Foto: Gianni Schiaffarino
En ese marco, remarcó que “hay que aportar una inyección muy importante de dinero a las cárceles”. Aunque precisó que se trata de recursos económicos que “el Estado uruguayo por sí solo no tiene”, considera que “con los esfuerzos sumados del Estado, alguna línea de crédito que está llevando adelante el ministerio con los organismos internacionales y, en definitiva, la participación de todas las agencias del Estado que están relacionados con el tema de la cárcel”, podrán “encarar una reforma penitenciaria seria y responsable”.
Sin embargo, aclaró, “sin contar con la colaboración de todos, esto no va a poder ser logrado”, ya que “ningún partido tiene las mayorías en el Parlamento”, por lo que “esa mesa de diálogo y de acuerdos es indispensable para cualquier reforma que se piense”.
Petit: “Es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto”
Más temprano, Petit había estado en el ex Comcar. En diálogo con la prensa, manifestó que “no alcanza con una medida aquí o allá o con un conjunto de medidas”, sino que “hay que cambiar el sistema” y “pensar otro” distinto del actual. Lo sucedido este lunes, afirmó, “es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto”.
“No tenemos que seguir esperando desgracias aún mayores o nuevas desgracias para darnos cuenta de que el sistema penitenciario tiene que cambiar mucho. Tenemos un índice de prisionalización elevadísimo, infinanciable”, resaltó, y aseguró que “esto es responsabilidad para los tres poderes del Estado”: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.
De este modo, recalcó que el cambio “no puede hacerlo un organismo”, como el MI o el INR, sino que “requiere cambios legislativos, una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo judicial, con lo técnico forense, con la educación, con la salud, con la salud mental”.
En la conferencia de prensa que dio junto con Negro y Juanche, Petit dijo que Uruguay tiene un sistema que “viene creciendo sostenidamente en la cantidad de personas privadas de libertad, sin que los recursos aumenten”. A su vez, destacó que la cárcel, “sin duda, inhabilita porque evita que alguien que está cometiendo delitos los siga cometiendo”, pero esa “no es su finalidad”, sino “reeducar y reinsertar”.
“Lo que nos une a todos los que trabajamos en políticas sociales y en derechos humanos, en distintos roles, es luchar por la vida, contra la muerte y todas sus formas de manifestación”, expresó, y dijo que “ese es el gran compromiso”.
Sipolna: “No se puede seguir exigiendo profesionalismo y resultados en un escenario de abandono”
Por su parte, el Sindicato Policial Nacional (Sipolna) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por el incidente, y señaló que esto “pone nuevamente en evidencia el nivel de insalubridad y precariedad en el que los policías deben desempeñar su trabajo día tras día, especialmente en contextos de privación de libertad, donde la tensión, la violencia y el hacinamiento son moneda corriente”.
“Desde el sindicato expresamos nuestra solidaridad con los compañeros afectados mientras cumplían con su deber sin contar con las condiciones mínimas que una intervención de este tipo exige”, plantearon.
En ese sentido, subrayaron que “no es posible seguir mirando para el costado mientras nuestros compañeros ingresan a módulos sin ventilación, sin equipos adecuados, expuestos a humo, productos tóxicos y materiales inflamables”, y apuntaron que ya han advertido de que “las condiciones laborales en cárceles son inhumanas”, por lo que “esta situación no puede continuar”. “No se puede seguir exigiendo profesionalismo y resultados en un escenario de abandono, donde los policías enfrentan riesgos evitables por negligencia institucional”, remarcaron.
“¿Cuántos policías más tienen que arriesgar su vida para que se tomen decisiones de fondo?”, cuestionaron, y manifestaron que reclaman “respeto, recursos y un cambio urgente”, ya que “trabajar en condiciones inhumanas no puede seguir siendo la norma”.
INDDHH denunció que se trata del tercer incendio en un año y medio
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) publicó un comunicado en el que señaló que se trata del tercer incendio con víctimas fatales registrado en este centro penitenciario en un año y medio. “Todo esto configura una tragedia continuada e inadmisible en un Estado de derecho”, puntualizó.
“Desde la INDDHH se ha sostenido de forma reiterada que el sistema penitenciario uruguayo requiere una transformación estructural y urgente. Las deficientes condiciones ya ampliamente señaladas son parte de una realidad que compromete gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, se agregó.
Finalmente, exigió que se actúe con “decisión, responsabilidad y unidad política. Porque las vidas que se pierden –una y otra vez– no pueden transformarse en daños colaterales de un sistema que sin dudas está colapsado”.