El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, habló sobre los lineamientos institucionales del Ministerio de Justicia, durante el seminario La Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay, organizado por la Universidad de la Empresa.
Díaz señaló que sugirió al presidente Orsi que la creación del Ministerio no sea planteada dentro del presupuesto quinquenal, que debe ser enviado a fines de agosto al Parlamento, sino en un proyecto aparte, de manera de asegurar que se pueda dedicar tiempo al debate parlamentario. “Las leyes de presupuesto tienen procesos de discusión muy acotados y se discuten muchos temas; creemos que este es un tema para que se mande un proyecto de ley aparte, como para que su aprobación no esté atada al cumplimiento de determinados plazos”, afirmó.
“Seguiremos trabajando. Una vez que el proyecto tenga el suficiente grado de madurez, será enviado al Parlamento, tal como lo asumimos, el compromiso ante la población”, señaló en rueda de prensa y recordó que la creación del Ministerio fue parte de los 63 compromisos asumidos por el Frente Amplio durante las elecciones nacionales.
“Creemos que el debate tiene que ser un debate conceptual, que ese debate se va a dar. Yo creo que finalmente se va a dar con altura, cada uno expondrá sus argumentos y el Parlamento decidirá”, agregó.
Durante su presentación, el prosecretario hizo hincapié en que la propuesta surge de un análisis exhaustivo del funcionamiento y el diseño organizacional de varios Ministerios de Justicia y destacó que en este caso debe ser un Ministerio de Justicia “a la uruguaya”, detallando que justamente lo que habilita su creación a través de un proyecto de ley es un respeto irrestricto a las disposiciones constitucionales, lo que incluye los artículos que otorgan las facultades administrativas del Poder Judicial a la Suprema Corte y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Los artículos 233 al 261 de la Constitución establecen las facultades jurisdiccionales y administrativas de la Suprema Corte de Justicia y lineamientos generales sobre el funcionamiento y acceso a la Justicia, como las circunstancias que ameritan su gratuidad, la comunicación con otros poderes del Estado y la delimitación de la jurisdicción militar.
Otro punto mencionado por Díaz fue la necesidad de fortalecer los servicios de abogacía del Estado y señaló que Uruguay tiene arbitrajes internacionales por montos elevados en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y en otros tribunales como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juicios nacionales de relevancia.
“Es necesario apoyar estratégicamente a cada una de las jurídicas que tengan estos juicios, que tengan esa relevancia, de forma tal que el Estado esté lo mejor defendido posible. Es claro que hay algunas jurídicas y algunos organismos que son jurídicas fuertes y especializadas, hay otros que no, y muchas veces tienen que hacer frente a juicios millonarios por temas que tienen cuestiones reputacionales importantes y no tienen todo el apoyo o la logística que se le podría brindar desde un Ministerio de Justicia”, afirmó.
Díaz agregó que el Ministerio de Justicia debería encargarse de realizar “un análisis permanente” del funcionamiento del sistema de Justicia y señaló la necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga “un organismo especializado en el seguimiento, en el control y funcionamiento de los códigos”, que tenga “la capacidad de hacer propuestas alternativas” y velar por “la calidad de la redacción de los proyectos de ley”.
Entre las funciones destacadas por Díaz, estuvo el fortalecer el acceso a la Justicia, señalando que es necesario conectar a los abogados que tiene el país con la ciudadanía que no puede acceder a la justicia. “Tenemos un país que está lleno de abogados, que tiene miles de abogados que no tienen clientes, y tenemos miles de personas que no tienen abogados. Está claro que esa diferencia, ese encuentro entre abogados sin clientes y clientes sin abogados, no lo resuelve el mercado. El Estado tiene necesariamente que contribuir a que eso suceda y a garantizar a sus ciudadanos el acceso a la Justicia y el poder hacer valer sus derechos”, expresó.
En cuanto a la administración de las cárceles, Díaz dijo que es necesario que el Ministerio desarrolle “una política pública de cumplimiento de las medidas cautelares y las sentencias penales”. “Tenemos una situación carcelaria complicadísima que necesitamos resolver porque es parte del problema de la seguridad. Creemos que sacando las cárceles y los sistemas alternativos de cumplimiento de pena del Ministerio del Interior, se va a poder sacarle esa sobrecarga de trabajo que tiene”, añadió.