Pilar Llop fue ministra de Justicia de España entre 2021 y 2023. A fines de junio vino a Uruguay para participar en un seminario organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para hablar sobre la eventual creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en nuestro país.
En entrevista con la diaria, la extitular de Justicia habló del potencial de contar con una cartera específica y de sus cometidos principales, y desmitificó algunas ideas que sobrevuelan sobre la posibilidad de incidencia del Poder Ejecutivo en el área jurisdiccional.
Una de las principales tareas del Ministerio de Justicia es llevar adelante políticas públicas en la materia. “Son políticas de servicios públicos de justicia, que implican ofrecerle al ciudadano el acceso a la Justicia, por ejemplo, por medio de una figura fundamental como son los defensores públicos”, señaló.
El Ministerio de Justicia de España, que data del siglo XVIII, tiene un rol en la administración de la justicia, sobre todo en lo que tiene que ver con la elaboración de las leyes. “Desde mi punto de vista y mi experiencia, el Ministerio de Justicia tiene que ser eminentemente técnico. Un órgano técnico de alto nivel que pueda coordinar toda la legislación y la política en esta materia y que, además, lo haga con un cuerpo técnico estable de funcionarios que tengan esa especialidad”.
El ministerio, como miembro del Ejecutivo, tiene iniciativa legislativa, pero además puede haber “otras materias que son tangenciales, otros proyectos de ley o anteproyectos de ley que elaboren otros ministerios y, si afectan a materia de justicia, también tendrán que pasar por el ministerio para que les dé esa pátina de buena técnica legislativa”. Llop puntualizó que la “materia y la legislación en política criminal son una decisión del Ejecutivo” porque “es el que tiene que decidir qué política criminal quiere seguir en su país, en su Estado; si tiene que poner más o menos medios en materia de crimen organizado, en materia de violencia de género, en la lucha antidroga, antiterrorismo, en delitos económicos”.
Asimismo, destacó que tiene un rol primordial en materia legislativa en todo lo que refiere a “la normativa procesal y material, al derecho penal, al derecho civil, al mercantil”. También, tiene “competencias en materia de registros civiles y registros de la propiedad, y notariado, es decir, seguridad jurídica en el ámbito de la propiedad”.
Otra de las áreas en las que Llop señaló que el ministerio tiene una competencia “importantísima” es en materia de cooperación jurídica internacional, como comisiones rogatorias y tratados internacionales. El Ministerio de Justicia también interviene en el caso de las extradiciones, porque “tienen un componente político muy importante y la política exterior es muy importante para un país porque te puede crear además un conflicto internacional”.
La digitalización de la Justicia
Llop planteó que existe un desafío respecto de las nuevas tecnologías, y apuntó: “Estamos en un mundo cada vez más digitalizado, más globalizado, donde los ciudadanos ya se relacionan con la administración a través de nuevas tecnologías”. A modo de ejemplo, señaló que la digitalización permite evitar suspensiones de juicios, que las personas puedan declarar desde un punto seguro, desde su propia casa, o incluso que se puedan hacer trámites. La digitalización también hace que determinadas resoluciones sean automáticas, por ejemplo, la cancelación de los antecedentes penales.
En suma, el Ministerio de Justicia tiene “competencias en los medios materiales del sistema de justicia, es decir, en los sistemas de gestión procesal”. Asimismo, Llop planteó que “todo esto tiene que tener un componente de seguridad muy importante” y, por lo tanto, requiere un esfuerzo presupuestal significativo.
“Pero en un mundo ya digitalizado necesitamos afrontar esta justicia del siglo XXI, una justicia 5.0”, resaltó, y agregó que eso llevará a tener “una justicia moderna, eficiente, eficaz, que ponga la justicia a mano de los ciudadanos para que puedan hacer gestiones en el ámbito judicial, incluso desde su propio teléfono móvil. Por eso decimos ‘una justicia en nuestras manos’”.
La independencia del Poder Judicial
Si bien la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estuvo presente en los programas del Partido Colorado y el Partido Nacional, al igual que el Frente Amplio, ante la posibilidad de concretarse en la Ley de Presupuesto, varios dirigentes de la oposición han planteado sus reparos por entender que podría ponerse en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Llop precisó que el Ministerio de Justicia, como organismo del Ejecutivo, es político. Sin embargo, señaló que el Poder Judicial tiene sus propias funciones y el ministerio no tiene un rol en la jurisdicción ordinaria. “Entonces, vamos, la independencia ya está”, precisó.
La exministra señaló que lo que ha visto en la experiencia uruguaya es que existe una multitud de competencia en materia de justicia dispersa en los distintos ministerios. “De lo que se trata es de aunar esas competencias para “dar ese buen servicio al ciudadano” y asegurar el “derecho de acceso a la justicia, esa legislación en materia de política judicial y de política criminal, y elaborar datos. Para hacer políticas públicas necesitamos datos”, señaló. “Lo que nos interesa aquí es el ciudadano, y en quien nos tenemos que centrar es en el ciudadano y darle el mejor servicio”, señaló.