La Comisión de Constitución y Legislación del Senado tenía previsto votar este jueves el proyecto que descentraliza y crea una Defensoría Pública de Uruguay, presentado por el Frente Amplio (FA) en el período pasado y desarchivado en la legislatura actual. Sin embargo, a pedido del Partido Nacional (PN) se postergó su votación para mediados de setiembre.
El frenteamplista Nicolás Viera, quien preside la comisión, contó a la diaria que habían acordado en la sesión anterior votar el proyecto este jueves porque existía un “avance considerable” de acuerdo entre los legisladores de los distintos partidos sobre “cuáles son los artículos que tienen unanimidad, aquellos que hay que reescribir y los que se eliminarán”.
Sin embargo, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, a raíz de un planteo que hizo Javier García, quien también integra la comisión y preside la agrupación parlamentaria del PN, solicitó postergar la votación, dado que el legislador nacionalista había solicitado a los integrantes de su partido en la comisión un informe sobre el proyecto para presentar en la bancada el próximo lunes.
En la exposición de motivos se establece que el propósito de la iniciativa es garantizar el “derecho fundamental de acceso a la justicia”, con una Defensoría Pública independiente del Poder Judicial y, por lo tanto, que goce de “absoluta autonomía en aras de la prestación del servicio”. El proyecto establece, entonces, que la Defensa Pública será un servicio descentralizado, que tendrá “independencia técnica” y se “relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura”.
Uno de los artículos más discutidos en la comisión es el 10, literal L, que establece el sistema de designación de defensores públicos e indica que se deberá presentar ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el listado de defensores públicos designados, a partir de un proceso de concurso. Viera explicó que “la dificultad al crear un servicio descentralizado es que debería poder funcionar solo, con autonomía, pero el gran asunto es que la Constitución establece que los defensores públicos deben ser designados por la Suprema Corte de Justicia”.
Hay varias posibilidades para modificar el artículo y evitar que una eventual declaración de inconstitucionalidad. El senador frenteamplista señaló que un camino puede ser utilizar el mismo mecanismo de las empresas públicas y que se designe al defensor público mediante venias y por solicitud de la SCJ. Otra posibilidad es que la Defensoría Pública establezca una lista de nombramientos de defensores públicos y que la SCJ se limite a avalarla formalmente. Por último, se maneja una tercera opción que consiste en que la SCJ no sólo avale, sino que también decida sobre el nombramiento.
Durante la sesión de la comisión, según la versión taquigráfica a la que accedió la diaria, la senadora del FA Constanza Moreira solicitó a los legisladores presentes que durante esta semana acercaran redacciones alternativas al artículo 10. Al respecto, mencionó la propuesta presentada por el senador colorado Pedro Bordaberry.
Bordaberry, por su parte, acotó que había hecho algunas consultas sobre la constitucionalidad del artículo 10 y “la posibilidad de contar con un sistema híbrido que no existe en el ordenamiento legal uruguayo”, pero que él considera “viable”. “Me refiero a dejar la atribución constitucional de designación y remoción de los funcionarios donde la Constitución lo colocó –o sea, en el Poder Judicial– y, asimismo, crear un servicio descentralizado”.
El senador colorado también recordó que el proyecto de ley requiere una mayoría especial, por lo que deberían esforzarse por encontrar “un camino en común, porque no se trata de una creación por ley en la que alcance con la mayoría simple”. “Por ende, con mucho gusto esperamos al Partido Nacional para que forme su opinión, porque, obviamente, sin ella no podemos seguir adelante”, señaló.
En la misma línea, Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, opinó que, “más allá de la necesidad reglamentaria de las mayorías, estaría bueno que estuviera la señal política de unanimidad”. A su entender, se trata de un “reclamo justo y postergado de los defensores, que va en directa consonancia con mejorar el acceso a la justicia”, por lo que cree que “sería una gran señal que el primer proyecto grande y de alto impacto en la calidad de la justicia de Uruguay se apruebe en esta comisión por unanimidad”.
La senadora frenteamplista Liliam Kechichian dijo en la comisión que “obviamente, como corresponde, si un partido solicita un poco más de tiempo para analizar un tema, es de cortesía otorgarlo”. “Los defensores públicos nos llaman permanentemente solicitándonos una respuesta sobre este proyecto de ley. Por lo tanto, sugiero y pretendo que después del lunes próximo –para que el Partido Nacional cuente con el tiempo que nos está solicitando– podamos darle un tratamiento lo más rápido posible”, planteó.
Está previsto que el proyecto se trate en la segunda sesión de setiembre, porque el próximo martes se analizará el contraproyecto que presentó el Congreso de Intendentes sobre el ingreso a las intendencias.