Una delegación de damnificados de Conexión Ganadera concurrió este jueves a la Comisión de Hacienda del Senado para advertir sobre la falta de controles por parte de varios organismos estatales sobre el fondo ganadero creado por Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Gustavo Basso y Daniela Cabral.
“No pedimos que el Estado se haga cargo de la deuda, pedimos que se haga cargo de sus errores y que colabore en esclarecerlos”, señalaron ante la comisión. Añadieron que son víctimas de “una estafa de unos privados a otros privados, con la participación por acción u omisión de funcionarios públicos”.
Entre sus planteos, señalaron lo que entienden como contradicciones entre la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco Central del Uruguay (BCU), dado que la DGI consideró a Conexión Ganadera como una inversión financiera, por lo que reclamó ante la Justicia de Concurso el pago de IRPF, mientras que el BCU entendió que se trataba de una inversión productiva, por lo que correspondía el pago de Imeba.
“Durante la vida de la empresa Conexión Ganadera, la DGI nunca leyó un contrato de los productos ofrecidos. Pero sí lo leen cuando se decreta el concurso y en ese momento definen que estamos frente a un producto financiero y, por tanto, corresponden las retenciones de IRPF. Lamentamos que hayan detectado la irregularidad 25 años tarde”, plantearon.
Por otra parte, señalaron irregularidades en la órbita del Ministerio del Interior (MI) y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el manejo de las guías y las caravanas. Sobre ese punto, entregaron un documento firmado por la Policía de Florida con la emisión de guías físicas que sirven para certificar la existencia del ganado. “Hay cosas que considero muy graves, como la emisión de guías físicas selladas por la Policía de Florida. Esas guías no tienen ganado, entonces no sólo nosotros no tenemos ganado, tampoco lo tenían las guías, y la Policía lo estaba avalando”, afirmaron.
Además, plantearon que la regulación de la emisión de publicidad por parte del BCU favoreció, por omisión, a Conexión Ganadera respecto de sus competidores. “Esta omisión del BCU con Conexión Ganadera y no con las otras empresas ganaderas permitió que esta empresa fuera la única con publicidad masiva y le dio una posición privilegiada en el mercado (por acción o por omisión). La convirtió en cuasimonopólica, y esto explica el crecimiento exuberante de captación que tuvo en los últimos años”, afirmaron.
Los damnificados se refirieron a la promoción por parte del senador Sebastián da Silva, aunque consideraron que fue engañado, tal como lo fueron ellos. “Parece poco creíble la historia de victimizar y cuestionar a las víctimas diciendo que fueron ambiciosas, cuando un senador experto en tareas de campo como Sebastián da Silva, antes de la caída, lo recomendaba y justificaba por su esquema vertical, o cuando el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie o el exintendente Daniel Martínez confiaron parte de sus ahorros a la empresa”, mencionó uno de los damnificados.
El senador del Partido Nacional Sergio Botana dijo a la diaria que los damnificados hicieron un planteo acompañado con mucha información y señaló que existe la posibilidad de que se conforme un grupo de trabajo dentro de la comisión para seguir tratando el tema. Por otra parte, anunció que la documentación y la versión taquigráfica de la sesión serán enviadas al Poder Judicial, a la DGI, al BCU, al MI y al MGAP, “con el objeto de corregir algún tipo de controles que no tendrían buen diseño” y de evaluar eventuales sanciones de funcionarios por fallas en los controles.
Consultado sobre la legitimidad del reclamo de la DGI ante el Concurso, Botana dijo que la ley da prioridad a la DGI y respondió: “Sea cual fuera el carácter de la renta, tiene gravámenes y la DGI tiene la obligación de percibir esos fondos”.
Por su parte, el senador del Partido Colorado Robert Silva dijo que las omisiones señaladas por los damnificados implican a varios organismos y en varios años, y calificó de “una buena medida” el anuncio del BCU, que envió un anteproyecto para expandir sus controles a este tipo de actividad. “Claramente, acá fallaron los controles en muchos gobiernos, porque acá pasaron 25 años. Quedamos en una actitud de expectativa”, afirmó, y dijo que evaluarán convocar a autoridades de la DGI para hablar entre otros temas por qué se presentaron tardíamente al concurso y cómo se conforman los 15 millones de dólares que reclama el fisco. “Es un tema a averiguar con la DGI”, señaló.
En tanto, el senador del Frente Amplio Eduardo Brenta dijo a la diaria que se trata de pequeños inversores que fueron a hacer conocer su situación. “Evidentemente, es gente trabajadora que ha ido juntando algún pequeño capital durante su vida y fue engañada”, afirmó.