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Archivo, agosto de 2020.

Foto: Federico Gutiérrez

Dos detenidos en Uruguay por integrar grupo de Whatsapp que compartía imágenes de explotación sexual infantil

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El operativo internacional fue realizado por 15 países; el grupo tenía 158 integrantes.

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La fiscal de Delitos Sexuales de quinto turno, Verónica Bujarín, solicitó la detención de dos personas, en el marco de una operación internacional para desarticular una red de tráfico de pornografía infantil que se llevó adelante en 15 países de América Latina y del Norte.

En la operación local, que fue realizada en coordinación con la Unidad Especializada en Cibercrimen e Interpol, se hicieron cuatro allanamientos, en los que se incautaron celulares y otros aparatos electrónicos, además de proceder a las dos detenciones.

Se denominó operación Garaza 2 y surgió a raíz de identificar el funcionamiento de un grupo de Whatsapp, integrado por 158 personas, de Estados Unidos y diversos países de América Latina, que compartían imágenes y videos de explotación sexual infantil.

Los informes sobre el funcionamiento del grupo fueron otorgados por la el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), una organización privada sin fines de lucro de Estados Unidos, que “trabaja con familias, víctimas, el sector privado, las fuerzas del orden y el público en general para ayudar a prevenir el secuestro de menores, recuperar a niños desaparecidos y brindar servicios para disuadir y combatir la explotación sexual infantil”.

Según informó la Fiscalía, esta organización “logra captar en el ciberespacio” a “personas que están dedicadas a la difusión de material de contenido de explotación sexual infantil”. Luego, a partir de convenios internacionales de colaboración, deriva la información “a los diferentes países para su investigación específica”.

La fiscalía liderada por Bujarín se creó en febrero del año pasado y desde entonces ha logrado 25 condenas por delitos de explotación sexual infantil. Asimismo, en cuatro casos se logró rescatar a las víctimas, ya que se pudo determinar que “mantenían un vínculo familiar y eran sometidas también a abuso sexual”. En estos casos, las condenas fueron por penas de nueve y diez años de cárcel, informó el Ministerio Público.

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