La jueza en lo penal de 23° turno Isaura Tórtora procesó con prisión a los militares en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira, Raúl Scioscia y Ruben Sosa Tejera por la desaparición forzada de la maestra Elena Quinteros, quien fue secuestrada y recapturada por la dictadura en la embajada de Venezuela en junio de 1976, según informaron a la diaria fuentes judiciales.
Tórtora dispuso el procesamiento por un delito de desaparición forzada en calidad de coautores para los tres militares. Silveira y Scioscia, que se encuentran procesados por otros delitos de lesa humanidad, tendrán prisión preventiva en Domingo Arena, mientras que Sosa Tejera esperará el proceso en prisión domiciliaria.
En cuanto a la tipificación de desaparición forzada, la jueza Tórtora señaló que en este “no sólo se vulneran el derecho a la libertad y a la vida, sino también todos los valores atinentes a la persona humana, a su dignidad y trascendencia en el mundo social, que son cegados con el desaparecimiento, constituyendo un daño muy profundo, superior al simple homicidio”.
“Los hechos historiados en obrados exceden la figura delictiva del homicidio, en tanto, tal tipificación no comprende el resto de los bienes jurídicos lesionados, al vulnerarse los derechos de los familiares de las víctimas, la convivencia pacífica en sociedad y el Estado de derecho”, agregó Tórtora en el documento de procesamiento.
Los tres procesados integraban la parte operativa -que incluía detenciones e interrogatorios bajo tortura- del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), responsable de la persecución contra los integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo, al que pertenecía Quinteros.
La investigación penal, que realizó la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Perciballe, logró determinar que Quinteros, de 30 años, fue secuestrada en la madrugada del 24 de junio de 1976 en su domicilio ubicado en Ramón Massini 3044 en un operativo comandado por el OCOA. Quinteros, que era integrante de la Federación Uruguaya de Magisterio y responsable del sector de propaganda del PVP, fue trasladada al centro de torturas clandestino del OCOA, conocido como “Infierno grande”. El 26 de junio, sobre las 10.30, fue llevada a Bulevar Artigas y Palmar, tras convencer a sus torturadores de que haría un contacto con otro militante del PVP. Al ser liberada en el lugar, la maestra empezó a correr por bulevar hacia Guaná, donde funcionaba la Embajada de Venezuela. Quinteros ingresó gritando su nombre y reclamando asilo político, pero los militares uruguayos entraron al jardín, pese a ser territorio venezolano.
Tras un forcejeo con cuatro diplomáticos y funcionarios de la embajada que salieron e intentaron hacerla ingresar, Quinteros fue recapturada y llevada en un Volkswagen verde con chapa particular al centro de torturas. El incidente generó la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Tras ser recapturada, fue llevada nuevamente al 300 Carlos y ejecutada a principios de noviembre de ese año. La información de los militares dada por la Comisión para la Paz en 2003 y la brindada a pedido del presidente Tabaré Vázquez en 2005 señala que los restos de Quinteros fueron enterrados en el Batallón 14 y exhumados en 1984, aunque se dan diferentes versiones del lugar donde fueron esparcidas sus cenizas.
Los procesados por la desaparición forzada de Elena Quinteros
Scioscia fue procesado por privación de libertad y violencia privada contra unos 30 detenidos por la dictadura en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, un centro de torturas, también conocido como “Infierno grande”, que funcionó entre 1975 y 1977 en el predio del Batallón de Infantería Blindado 13, en Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle, y que era controlado por el OCOA.
Sosa Tejera fue quien sucedió a Juan Alberto Lezama como jefe de la División Informaciones del OCOA y en su legajo se destaca su participación en tareas de inteligencia y conformación de fichas con datos de integrantes de las organizaciones subversivas.
Jorge Pajarito Silveira fue procesado en 2006 por 28 delitos de homicidio, entre ellos, el del militante de la Agrupación de Funcionarios de UTE y del Partido Comunista (PCU) Oscar Tassino. En 1977, Silveira se desempeñaba como oficial del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En su legajo personal oficiales superiores destacan su “abnegación” en la lucha antisubversiva, “en particular en los golpes dados últimamente al ilegal Partido Comunista”, y señalan que “no ha escatimado esfuerzos para poder llevar adelante la misión asignada a este órgano”.
Además, fue identificado por distintas víctimas que pasaron por La Tablada. También fue procesado con prisión por la causa que investiga la denuncia realizada en 2011 por 28 ex presas políticas por abusos sexuales y torturas entre 1972 y 1983. Fue imputado en la causa que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff y otras decenas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por represores uruguayos en Buenos Aires, entre ellas, la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni.
Se trata de los primeros militares que son procesados por la Justicia por el crimen de la maestra Elena Quinteros. Por este caso, en abril de 2010, fue condenado a 20 años de prisión el excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. Si bien la fiscal Mirtha Guianze había pedido la condena por el delito de desaparición forzada, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini entendió que correspondía el de homicidio especialmente agravado. Blanco falleció en 2017.