La Justicia definirá este viernes si accede al pedido de sindicatos pesqueros y organizaciones sociales que reclaman la suspensión de las actividades de prospección sísmica marina que realiza la empresa estadounidense CGG Services en Uruguay.
La acción de amparo fue presentada el 27 de marzo por el Sindicato Único de Patrones de Pesca Uruguay, la Asociación Uruguaya de Veterinarios de la Pesca y la Acuicultura, la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay y las asociaciones civiles Iniciativa Mar Azul Uruguayo y Costa Viva Rocha contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ancap y la empresa CGG Services.
Los demandantes reclaman que se detenga toda actividad de prospección sísmica hasta que se lleven a cabo estudios previos de la situación ambiental y biológica de las zonas marinas afectadas, que permitan una referencia para contrastar con los relevamientos que se hacen durante la prospección.
Además, reclaman la exclusión de las áreas declaradas como sitios prioritarios de conservación, regulados por la ley de áreas protegidas, medidas de mitigación del daño ambiental, que incluyen aumento de los observadores de Fauna Marina, funcionamiento permanente de los instrumentos de medición acústica y procedimientos de detección y prevención del daño contra poblaciones de fauna marina, más allá de los que se contemplan actualmente, que son cetáceos, pinnípedos y tortugas. Como medida complementaria, los accionantes plantearon la necesidad de compensar por los perjuicios materiales causados a los actores del sector vinculado a la pesca. La empresa llevó adelante una primera fase de prospección en unos 2.500 kilómetros cuadrados y a partir de noviembre tiene previsto hacer una segunda etapa que abarcaría unos 4.500 kilómetros cuadrados.
En la última audiencia, que se extendió por más de diez horas, declararon unos diez testigos, principalmente técnicos de los organismos públicos demandados, el responsable del diseño de las autorizaciones ambientales de la empresa CGG y testigos expertos por parte de los accionantes, los biólogos marinos Omar de Feo y Paula Laporta y el veterinario especializado en pesca Daniel Gilardoni, quienes destacaron la falta de garantías suficientes para evitar daños ambientales significativos.
En diálogo con la diaria, el abogado demandante, Hoenir Sarthou, señaló que si bien fue una audiencia tensa porque fueron impugnados buena parte de los testigos que presentaron, la jueza subrogante en lo civil de 17° turno, Gabriela Azpiroz, rechazó los cuestionamientos y habilitó la declaración de los testigos que propusieron las partes.
Sarthou indicó que la conclusión a la que llegó el informe técnico en el que se basaron para presentar la acción de amparo es que las actividades de prospección en Uruguay “no ofrecen garantías suficientes para la conservación del medioambiente marino”.
“Lo que se plantea acá no es la negativa a la investigación en torno al petróleo, sino la exigencia de criterios de precaución y de garantía que aseguren que no va a haber un daño ambiental y pesquero importante”, afirmó Sarthou.
En esa línea, Sarthou dijo que durante la etapa anterior de prospección, en la década de 2010, el sector pesquero “se vio muy afectado”.
“Una cosa que quedó clara en el juicio es que tanto la autorización ambiental como los observadores que van en los barcos son pagados por la empresa CGG, lo cual nos genera reservas porque el impacto ambiental lo revisó una empresa contratada por el interesado en hacer la prospección. No hay un estudio independiente hecho por el Estado”, agregó el abogado.