La difícil primavera hondureña

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Honduras elige presidente el 30 de noviembre. Tras 12 años de gobiernos autoritarios y corrupción, Xiomara Castro llegó al gobierno en 2022. Su partido Libre enfrenta ahora poderosas resistencias internas y la presión de Estados Unidos.

Manuel Zelaya –expresidente de Honduras– fue derrocado el 28 de junio de 2009, en plena ola rosa-roja latinoamericana, por un golpe de Estado. Como reacción a ese golpe nació el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y luego, el partido de izquierda Libertad y Refundación (Libre). Este, tras 12 años y siete meses de “narco-dictadura” –es el término utilizado aquí–, finalmente llegó al gobierno el 27 de enero de 2022, en la persona de Xiomara Castro. ¡La esposa de Zelaya!

Coordinador nacional de Libre, principal “asesor” de la presidenta, Zelaya atiende en el edificio de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. Ya son casi las 23.00. En una antesala esperan hombres elegantes, militantes desaliñados, una diputada con mentón definido, un hombre arrogante con el pelo arreglado con arte –traje negro, corbata amarilla, zapatos lustrados–. Para ayudarlos a esperar con paciencia, un funcionario distribuye botellas de agua y tazas de café.

Acomodado en un sillón, Zelaya ocupa el centro de un amplio salón. “Despacha” a un visitante inoportuno en dos minutos, consulta su teléfono celular, hace que le lean un documento, discute con la diputada, vuelve a su teléfono, hace preguntas a sus colaboradores, reniega respecto de un video que sería conveniente modificar. Cálido, con el tuteo fácil, comienza con la entrevista solicitada: “Libre ganó la presidencia, pero la democracia llamada liberal no te permite tener el poder absoluto. Las fuerzas reaccionarias siguen ejerciéndolo a través del Congreso, la Corte de Justicia, los bancos, las trasnacionales, las iglesias, las empresas privadas...”. Cuando menciona “las maniobras de los opositores”, Zelaya sube la voz: “Todos van a intentar recuperar el poder. ¡Incluso quieren impedir las elecciones del 30 de noviembre! Pero, cualquiera sea el precio, nosotros las organizaremos”. Medianoche en punto. Como es su costumbre, aquel cuyos partidarios cariñosamente rebautizaron “Mel” va a seguir trabajando hasta la 1.00.

Honduras se salvó por poco. Desde 2009, lo que aquí se llama la “oligarquía” (o “las diez familias”), las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación, Washington y, como se descubriría posteriormente, los mafiosos han estado “en maniobras”. Tres elecciones “bajo control” –2009, 2013, 2017– dieron lugar a comprobados fraudes. Dos presidentes neoliberales surgidos del Partido Nacional (PN) emergieron de ellas –Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández, llamado “JOH” (2014-2022)–. En 2017, para ser reelecto, este último violó la Constitución.

Concentración del poder, militarización, represión generalizada. Corte Suprema, magistrados y fiscales que se dejaron comprar... aquí yace el aparato judicial, en total descomposición. “Cuando todo el sistema es corrupto –analiza Rixi Moncada, ministra de Defensa hasta el 27 de mayo pasado y actual candidata de Libre a la presidencia–, el aparato de seguridad se derrumba. Mafias y narcos se aprovechan, con su cúmulo de asesinatos, crímenes y violencia en la calle”. Honduras se convirtió en el país más violento de América Central (56,7 homicidios cada 100.000 habitantes en 2016, tras un pico de 86,5 en 2011).¹ La tasa de pobreza saltó de cerca del 60 por ciento en 2009 al 74 por ciento en 2021 (54 por ciento de extrema pobreza).² Caravanas de migrantes –7.000 de golpe, en 2018– se lanzaron a pie en un periplo de 3.000 kilómetros sobre las rutas de América Central y de México, con Estados Unidos como último “sueño”.

Durante esos años de plomo, la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y la Drug Enforcement Administration (DEA; los “antidrogas” estadounidenses) mimaron a los gobernantes hondureños. En tanto muros de contención contra la izquierda local, estos favorecían además los intereses de Washington en materia económica y diplomática. Sin embargo, al final de su mandato, al expresidente Lobo, acusado de “corrupción significativa”, se le prohibió la entrada a Estados Unidos; el hermano de JOH, Tony Hernández, fue luego condenado allí a cadena perpetua por narcotráfico; cuando la izquierda triunfó en Honduras, JOH en persona, que se tornó inútil, fue a su vez reclamado por la Justicia estadounidense, extraditado y condenado a 45 años de encarcelamiento por las mismas razones.

Honduras fue un gran dolor de cabeza para Joe Biden, recién investido presidente de Estados Unidos en 2021. Ávido de una revancha electoral, el actual mandatario Donald Trump lo hizo responsable del avance migratorio, que había explotado a raíz de la pandemia de covid-19. Para estabilizar a América Central y reducir los flujos que huían de ella, allí hacían falta al menos poderes decentes. A las instituciones hondureñas, atadas al Partido Nacional, Washington les explicó firmemente las (nuevas) reglas del juego: durante las elecciones presidenciales de noviembre no se toleraría ningún fraude.

Los años de plomo

Desde entonces, la lógica democrática es respetada. Como brillante estratega, Mel fue capaz de articular los diferentes focos de resistencia que existían en la sociedad. Por su lado, su esposa Xiomara Castro nunca fue un florero decorativo. Responsable del importante programa social Red Solidaria, tras el golpe de Estado, integró el FNRP, “se comió” gases lacrimógenos codo a codo con las multitudes, participó en las marchas. Valorada por las clases populares, lo supera ampliamente en popularidad.

“Cuando Xiomara se instaló en la presidencia –cuenta Moncada con una sonrisa irónica–, los medios de comunicación, que pertenecen todos a la clase dominante, eran apocalípticos. No era capaz, no sabría gestionar la economía, se iba a instalar una dictadura, y te salían con [Hugo] Chávez y Fidel [Castro], y Nicaragua, y blablablá y blablablá...”. La sonrisa se desvanece: “Aún hoy, el trabajo de zapa de aquellos continúa”.

Desde el comienzo del mandato de Xiomara Castro, Libre se enfrentó a un primer golpe duro. Aliado del Partido Salvador de Honduras (PSH), las elecciones lo habían dejado a unos votos de la mayoría en el Congreso. Para hacer aprobar sus leyes, le sería suficiente con negociar un puñado de acuerdos. ¡Ay!, pero dos facciones de su grupo parlamentario se disputan la presidencia de la Asamblea. “Como en otros países –analiza el vicepresidente del Congreso Hugo Noé Pino–, los candidatos a diputados tienen más convicciones e intereses personales que lealtad con respecto al partido”. Antes del golpe de Estado, algunos pertenecían a las formaciones tradicionales –esencialmente, el Partido Liberal (PL), del ala izquierda, del cual provenía Zelaya, y que el golpe fracturó–. Otros provienen del PSH, fundado por un oportunista desprovisto de brújula ideológica, Salvador Nasralla. Tras las alianzas episódicas con Libre, hoy este es... el candidato del PL en las elecciones presidenciales. Para todos ellos, el programa pasa a un segundo plano. Desaprobados por Castro, ocho disidentes terminaron por pasar (o regresar) al PL tras haber desertado. Ya sin control sobre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y tres cuartas partes de los ayuntamientos, Libre perdió de golpe el Congreso. La tarea sólo será más complicada.

No obstante, una joven generación de ministros y de funcionarios de alto rango surgidos del FNRP se lanzó en una refundación “socialista y democrática” del país. En unos meses, las empresas públicas de energía y de telecomunicaciones fueron recuperadas, más de un millón de familias vulnerables fueron beneficiadas con electricidad subvencionada al 100 por ciento, escolarización gratuita y comidas escolares para sus hijos. Becas para los estudiantes, transferencias financieras a las madres de familia y a los ancianos. Luego siguieron la puesta en obra de ocho hospitales (el más avanzado, ya construido en un 45 por ciento) y grandes inversiones en líneas eléctricas. En la historia de Honduras nunca se asfaltaron tantas rutas, nunca se mejoraron tantos caminos de tierra de enlodados surcos.

El campo olvidado despierta

A falta de grandes empresas, la economía descansa sobre las “maquiladoras” (fábricas de subcontratación) y la agricultura. “Un sector damnificado”, informa el viceministro a cargo del Instituto Nacional Agrario (INA), Rafael Alegría. Desbordado, este exsindicalista campesino, coordinador de la organización antiglobalización Vía Campesina y luego dirigente del FNRP, nos citó para un “desayuno”, a las 8.00, en un fast food cercano al INA. “Durante este período de dictadura –detalla–, los gobiernos cerraron el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola [BNDA, el establecimiento más cercano a los productores], privatizaron la asistencia técnica, obligando a las cooperativas y a los agricultores a pagarla o a prescindir de ella, cerraron los institutos de comercialización”. La belleza del capitalismo: Honduras importa todo lo que come –frijoles (porotos rojos) de Etiopía y de Nicaragua, maíz de Estados Unidos, verduras de Guatemala...–. En cambio, hectáreas y hectáreas de palmeras de aceite, de caña de azúcar y de bananas enriquecen a los latifundistas y alimentan la exportación.

La debilidad de Libre en el Congreso impide cualquier reforma radical. El INA recibió como tarea prioritaria regularizar y redistribuir las tierras no explotadas. “Como por ahora no podemos tocar las tierras privadas –comenta Alegría–, intentamos recuperar las del Estado que están indebidamente ocupadas. Desgraciadamente, cuando llegamos al Instituto de la Propiedad para verificar los títulos sobre los cuales investigamos, todo está contaminado...”. De ser cierto lo que dicen los expertos, se trata de la institución más corrupta del país. “Hacemos lo máximo –dice Alegría con una mueca–, pero es difícil cambiar en tan poco tiempo la herencia de la dictadura, las viejas estructuras y la manipulación de las instituciones”. Bajo presión, el INA se debate entre la resistencia de la oposición y las protestas de aquellos que esperan con impaciencia el acceso a la tierra. “No obstante, avanzamos –dice positivamente Alegría–. Vamos a terminar nuestros cuatro años con 20.000 títulos individuales entregados a pequeños productores, a mujeres o a empresas asociativas campesinas”.

Jesús del Otoro, Departamento de Intibucá. La ministra de Agricultura, Laura Suazo, sale del local de la Asociación de Productores de Arroz. “No paran de quejarse”, se queja, suspirando. Con una sonrisa, lo atenúa: “Ser ministro es recibir todas las quejas, incluyendo aquellas vinculadas con los problemas no resueltos por los gobiernos anteriores. Podemos entender esas reacciones”. Más allá de las recriminaciones, la ministra fue amablemente recibida. Ella proviene del pueblo, aunque durante 15 años fue universitaria. Más aún, su marido es agricultor y ganadero. “Yo vivo los problemas que viven mis interlocutores, no necesito hacer esfuerzos para entender sus dificultades”. De inmediato, recordó la tarea que le fue confiada: restablecer un diálogo más “pragmático” que “ideológico” con todos los eslabones del mundo agrícola, con el fin de reactivar una producción nacional dañada.

Respetuosos, por supuesto, los arroceros no anduvieron con rodeos: “Nuestro país tiene que dejar de importar el 90 por ciento de su arroz –increpó un hombre fornido, Carlos Costa–. Producíamos 1.500.000 quintales, bajamos a ni siquiera 500.000. El mismo déficit en maíz. Y en frijoles. Es lamentable. Tenemos buenas tierras, el capital humano, el deseo, pero pareciera que cuesta apoyar al campo”. El enemigo número uno, señalado sin ambages por varios participantes, es el tratado de libre comercio firmado en 2005 con Estados Unidos. En muchos sectores socavó la actividad de los pequeños y medianos productores; el arroz, por sólo mencionar uno, no es lo suficientemente competitivo respecto del que viene de allá. Se le suma el calentamiento climático, que implicaría invertir en sistemas de irrigación. Sabiendo, “señora, que hay fondos en los bancos pero que no tenemos acceso a ellos. Eso nos limita para la compra de equipamiento, estamos asfixiados”.

“Los bancos privados les prestan al 18 por ciento de intereses –recordó la ministra–. En este gobierno, y por primera vez, les prestamos al 2,5 por ciento. Es una diferencia abismal. Inviertan, los apoyamos”. Por otra parte, los “molineros” –industriales, uno de cuyos representantes asiste a la reunión y aguanta, impasible, las críticas vinculadas con la mediocridad de los precios de compra– hoy por hoy tienen la obligación de adquirir una cuota de la producción nacional para tener el derecho a importar.

Cálida luz de la tarde. Amplio depósito en curso de construcción. Nuevas recriminaciones. El BNDA no desbloqueó una suma de dinero prevista desde hace mucho tiempo. Rodeada de agricultores con rostros inexpresivos, la ministra saca su teléfono celular. La ministra se agita en vivo y en directo. La ministra se pelea con la burocracia. La escuchamos claramente recriminar: “¡Activen ese movimiento, nos jugamos nuestra credibilidad!”. Tranquiliza a los que la rodean. Un poco más tarde, nos precisará: “Lo que intentamos es encontrar soluciones, en lo posible rápidas. Si no, asegurar el seguimiento”.

En todo el país, los técnicos del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola crean escuelas de ganadería o de cultivo de café, despliegan una amplia gama de programas destinados a alcanzar la seguridad alimentaria mejorando al mismo tiempo los ingresos de los campesinos. Aquí, en Chinacla (departamento de La Paz), se producen tomates, chiles, habas, frijoles. Esas tierras arenosas, muy áridas, anteriormente abandonadas, hoy alojan invernaderos con tecnología avanzada. “Antes de que el gobierno nos financiara esas estructuras –precisa un campesino– no producíamos lo suficiente para abastecer al mercado”. Como cada 15 días, el ingeniero del ministerio Nelson Ganero recorre las instalaciones para aportar, en caso de ser necesario, ayuda técnica. “Trabajamos con asociaciones de productores que ya existían, que habían tomado iniciativas, que tienen un plan de inversión, pero que se encontraban trabadas por dificultades: finanzas, tecnología, incidencia del clima, problemas fitosanitarios, ausencia de mercado...”. En el centro de ese ajetreo, que pone el acento en la agroecología, mujeres, hombres, una gran cantidad de jóvenes –los más dispuestos a emigrar–. “Desde que se desarrolló, ese proyecto ha evitado muchas partidas”, afirma con satisfacción una amable campesina llamada Anna Río.

Tradicionalmente, el sector rural estaba bajo el control del PL y del PN. Los tiempos cambian. No se habla de política en los campos, pero, de una forma u otra, en todos los lugares por los que pasamos reaparece una conclusión: “Es la primera vez que un gobierno se ocupa realmente de nosotros”. Lo cierto es que nadie ignora la amplitud de la tarea. Desde 2021, más de 25.000 hectáreas de tierras productivas fueron ocupadas por campesinos furiosos. “Preocupante e inoportuno”, considera la ministra Suazo. Históricamente más cercano a los movimientos sociales, Alegría lo atenúa: “Se trata de una situación conflictiva, porque algunos tienen mucho y otros no tienen nada. El Estado debe intervenir y resolver ese problema tanto para aquellos que no tienen tierra como para aquellos que tienen demasiada”. Cambiando de tema, subraya: “Xiomara dijo: ‘Hay que renegociar el tratado de libre comercio con Estados Unidos’. Todavía no lo hemos logrado”. Surgen nuevas presiones desde el viejo continente, hacia el cual Honduras exporta la mayor parte de su café y de su cacao: la Unión Europea (UE) aprobó en 2023 un reglamento que apunta a garantizar que los productos importados por sus países miembros no contribuyan a la deforestación. “La Agenda Verde es importante, debemos respetarla –admite sin reticencias Suazo–, pero necesitamos tiempo para adaptarnos”. A falta de un registro catastral confiable (y de capacidad satelital) que permita probar esta no deforestación, las exigencias de la UE serán difíciles de satisfacer en el corto plazo –enero de 2026–, impuesto de forma unilateral.

Las zonas sin ley

Otro frente –hay muchos de ellos–. Desde 2011, la izquierda lucha contra el más extravagante de los delirios ultraliberales: las zonas especiales de desarrollo (ZEDE). Esa lucha no terminó. Cuando el “profeta libertario” estadounidense Paul Romer vendió la idea al presidente Lobo y a Juan Orlando Hernández, entonces presidente del Congreso, esas zonas eran llamadas “ciudades modelo”. Enclaves urbanos o rurales autogobernados por los inversores, que poseen sus propias leyes, sus tribunales, su policía, y en cuyo seno los derechos sociales no tendrían carta de ciudadanía. Estados dentro del Estado. ¡Lugares también ideales para el lavado de dinero ilícito! Una reforma de la Constitución que el poder sacó a la fuerza permitió la aprobación, en setiembre de 2013, de la ley que autoriza el nacimiento de las ZEDE.³

En 2022, el Congreso adoptó una nueva ley que otorga la posibilidad de derogar las disposiciones de esta reforma. Plantado frente a una pizarra de pared surcada con ocho columnas y una multitud de nombres, el “comisionado presidencial” contra las ZEDE, Fernando García, a cargo de su cierre, necesitó cerca de una hora para resumirnos la complejidad de la situación. Fueron identificadas 36 zonas. Hasta hoy se pudo neutralizar a más o menos 30.

Tres, poderosas, son un dolor de cabeza para el Estado –Próspera, en la isla de Roatán (320 empresas); Orquídea, en San Marcos de Colón (más de 300 empleados); Ciudad Morazán, en Choloma–. La mayor parte de las empresas fueron registradas en el Estado de Delaware, un paraíso fiscal estadounidense. Otras en Texas. “No sabemos quién está atrás, todo está blindado. El nombre de los accionistas no aparece en ningún documento”.

De inmediato, esas voraces entidades acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y atacaron allí al Estado hondureño. “Analizamos las sentencias arbitrales –precisa García–. Están sesgadas, nunca a favor de la soberanía de los pueblos, sistemáticamente a favor de la inversión privada...”. En consecuencia, el Estado hondureño se retiró del Ciadi en agosto de 2024. Pero se muestra muy prudente: “Tenemos que encontrar el justo medio para actuar, sin que aparezca como una expropiación directa, porque, en derecho internacional, la legitimidad de tal acción no está muy bien definida”. Sin ninguna justificación técnica, Próspera, por sí sola, ya reclama ¡10.700 millones de dólares de compensación! Hay que tener en cuenta que el 3 de octubre de 2022, la embajadora de Estados Unidos, Laura F Dogu, subrayó en X “el derecho” de Próspera a permanecer en el territorio hondureño bajo su estatus privilegiado.

“Habiendo ganado las elecciones democráticamente –desarrolla el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres–, imaginábamos que habría cierta proximidad con los demócratas estadounidenses. Pero no fue el caso”. Nombrada en Honduras por la administración Biden tres semanas antes de la previsible victoria de Castro, Dogu se hizo notar rápidamente allí al “condenar” la reforma de los servicios de energía, y luego la que trata sobre las inversiones y el empleo, promovida por los diputados de Libre en el Congreso. Si bien JOH, a pedido de Washington, fue extraditado, Tegucigalpa sabe que en Estados Unidos se abrieron 32 procesos judiciales por narcotráfico contra alcaldes, diputados y dirigentes conocidos –28 miembros del PN y cuatro del PL–. “Esos casos fueron enterrados y sólo nos reclamaron la extradición de segundones, ‘pistoleros’, ‘gatilleros’ o ‘sicarios’”,⁴ afirma Torres. “Si Estados Unidos hubiera insistido en los procedimientos judiciales, la oposición de derecha habría sido profundamente golpeada y decapitada”. En lugar de ello, Washington actualizó su Lista Engel, que supuestamente registra individuos “antidemocráticos y corruptos”. Sin ninguna justificación, allí figuran los vicepresidentes del Congreso, Rasel Tomé y Edgardo Casaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, todos influyentes dirigentes de Libre, muy activos tras el golpe de Estado.

El reconocimiento por parte de Castro de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, en julio de 2024, aumentó de forma considerable las tensiones. Menos de 24 horas después de una reunión del ministro de Defensa, el general Roosevelt Hernández, con su homólogo bolivariano Vladimir Padrino López, Dogu manifestó: “Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor sentados al lado de un narcotraficante, en Venezuela”. Torres precisa la cara oculta de esas palabras: “Nos enteramos de que funcionarios de la embajada estadounidense estaban haciendo presión sobre la jerarquía de las Fuerzas Armadas para que se declare preocupada y desapruebe a la presidenta”. La presidenta, rechazando que “el instrumento de la extradición sea utilizado para extorsionar o intimidar a las Fuerzas Armadas”, suspendió el mencionado Tratado de Extradición de Honduras con Estados Unidos. Entonces comenzó a circular, de manera viral, un video filmado en... 2013, durante la campaña electoral, en el cual aparece el diputado de Libre Carlos Zelaya (hermano del exjefe de Estado) reunido con un “respetable” emprendedor agrícola; después se descubrió que este estaba vinculado con los Cachiros, una banda de narcotraficantes. “Si bien Carlos no es objeto de ninguna investigación o persecución en Estados Unidos –concluye Torres–, el impacto mediático fue muy fuerte, difundiendo la idea de que Libre es tan corrupto como los partidos políticos de la narco-dictadura que lo precedieron”. Y ello a pesar de que el famoso Tratado de Extradición ha sido desde entonces restablecido.

Militares en la encrucijada

El 28 de junio de 2009 los militares fueron los ejecutores del golpe de Estado. Al acceder a la presidencia, Castro se convirtió en su comandante en jefe. Ella misma nombró como ministra de Defensa a otra militante, actual candidata de Libre a la presidencia, Rixi Moncada. “En el ejército y en la policía, la generación del golpe de Estado ya no tiene el poder –quiere creer Zelaya–. Los jefes actuales son leales”. Valiéndose de su experiencia, Moncada va en el mismo sentido: “Los soldados y oficiales son conscientes del daño que su participación directa en ese crimen ocasionó para la institución. De cierta manera, pidieron perdón a la sociedad y al Estado. Ese importante paso permitió establecer una relación de trabajo ajustada a las normas y a la Constitución”. En relación con el Estado Mayor, para ella la misión es clara: lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero, apoyo al Ministerio de Seguridad y, “factor importante, protección de los recursos naturales y del medioambiente a través de la creación de Batallones Verdes”.

¡Más fácil decirlo que hacerlo! Desde diciembre de 2022, siete de los 18 departamentos del país van de estado de emergencia en estado de emergencia. En cada ocasión, se trata de luchar contra la inseguridad. Pero el envío, en primera línea, de la Policía Militar del Orden Público, suerte de guardia pretoriana creada por y para JOH, es criticado con fuerza. Libre y Castro, acusados, se refugian detrás de los números: la tasa de homicidios –34 cada 100.000 habitantes en 2023– se redujo en nueve puntos en 2024. No sin consecuencias: empujados de sus territorios tradicionales por las fuerzas de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico se desplazaron hacia zonas hasta entonces tranquilas –lo que los especialistas denominan el “efecto cucaracha”–. Sin embargo, señala Bertha Oliva, histórica coordinadora del Comité de Familias de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, “la represión de las manifestaciones ya no existe. Hubo toda clase de movimientos, la presidenta deja a las personas protestar. Antes era feroz”.

¿Realmente demasiado bueno? Puede ser. Procesado por su responsabilidad en el golpe de Estado de 2009 y el asesinato de manifestantes, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) Romeo Vásquez Velásquez pasó a la clandestinidad en marzo de 2025. Desde un lugar desconocido, bombardea a la opinión pública con videos en los cuales se victimiza, acusa a Libre de todos los males y llama a “salvar a Honduras”. Oliva está preocupada por ello, reflejando una opinión ampliamente compartida: “Ese prófugo representa un peligro. Si está en el país, desde hace tanto tiempo, sin que se lo pueda localizar, es porque tiene alianzas con personas que saben gestionar la clandestinidad, militares retirados o activos que deben informarlo...”. De hecho, el 1° de julio, un grupo de oficiales retirados agrupados en el seno de la asociación Defensores de Honduras pedía la destitución del general Roosevelt Hernández, a causa de la “peligrosa subordinación de las FFAA” al poder de Castro.

Frente al “socialismo democrático y pacífico” que proclama Moncada, la oposición usa todos los recursos disponibles. Marlon Ochoa, cercano a Libre, miembro del Consejo Nacional Electoral, denunció la maniobra de Cossette López, su presidenta, y de Ana Paola Hall, vinculadas respectivamente con el PN y el PL, que apuntaba a introducir una intervención humana en el sistema informático de transmisión de resultados preliminares previo a que este divulgara los números surgidos de las urnas. Es esta presencia (ilegal en vista de los artículos 266 y 278 de la ley electoral) la que, en 2013 y 2017, permitió la manipulación de los resultados. Esta vez, habiendo fracasado la maniobra, las muy conservadoras jerarquías católica y evangélica se unieron para llevar a las calles a una multitud de sus practicantes, el 16 de agosto, entre carteles bíblicos y consignas conservadoras. Desde el Departamento de Estado estadounidense estallaron las acusaciones de “autoritarismo” y de complicidad con... la “narco-dictadura venezolana”.

Veredicto: el próximo 30 de noviembre.

Maurice Lemoine, enviado especial, periodista. Traducción: Micaela Houston.