El crimen de los crímenes

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Desde el 2 de marzo Israel bloqueó, al menos por dos meses, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y, al mismo tiempo, el 9 de mayo anunció la apertura de un puñado de centros de distribución que no cubren las necesidades reales en el enclave. Bajo una intensa presión militar, el destino de la población oscila entre el aumento del sacrificio y la expulsión.

El 23 de marzo, el ejército israelí mató a ocho miembros de la Medialuna Roja palestina, seis de la defensa civil y un empleado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza; luego, fueron enterrados en una fosa común. Estos trabajadores humanitarios eran perfectamente identificables: vestían uniformes reflectantes y se desplazaban en tres ambulancias con los colores de la organización, un camión de bomberos y un vehículo de la ONU. Desde octubre de 2023, más de 400 trabajadores humanitarios y 1.300 profesionales de la salud han sido asesinados. Para este personal de socorro no hay lugar más mortífero que Gaza. El artículo 8 del Estatuto de Roma, que fundamenta la Corte Penal Internacional (CPI), califica como crimen de guerra el “hecho de atacar a propósito al personal, las instalaciones, el material, las unidades o los vehículos utilizados en una misión de ayuda humanitaria”. Además, los Convenios de Ginebra de 1949, que obligan a las partes en conflicto a garantizar la protección de las víctimas civiles, prevén expresamente la necesidad de permitir al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja “ofrecer sus servicios”.

Las asesinatos del 23 de marzo se inscriben en el marco de un ataque generalizado y metódico que Israel está llevando a cabo contra el sistema de salud palestino: bombardeos a hospitales, cortes de agua y electricidad –que impiden el funcionamiento de los centros médicos aún operativos y provocan la muerte de personas heridas–, trabas deliberadas a la “entrega de suministros médicos y de medicamentos [...] sobre todo anestésicos y equipos de anestesia”, que obliga a los médicos a “operar a personas heridas y realizar amputaciones, incluso en niños, sin anestesia”, según se detalla en las órdenes de detención emitidas por la sala preliminar de la CPI contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y quien fuera su ministro de Defensa Yoav Galant.

Sin investigación seria

La destrucción del sistema de salud torna imposible la vida en la Franja de Gaza, cuya población está sometida a un bloqueo total desde 2006 y ahora también devastada por incesantes operaciones militares. Desde el 2 de marzo, las autoridades israelíes estuvieron impidiendo la entrada de cualquier ayuda en el enclave, lo que implica una violación de todas las normas imperativas del derecho internacional. Según la CPI, estas prácticas israelíes instauran “condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”. Esta situación no sólo convierte a la Franja de Gaza en un “campo de muerte” –como lo explicó el secretario general de la ONU, António Guterres, durante una conferencia de prensa el 8 de abril–, sino que también representa un castigo colectivo, igualmente prohibido por el derecho internacional. Hoy en día, lo que está en juego en Gaza, y más ampliamente en Palestina, es la propia existencia del pueblo palestino en sus tierras.

Mientras la impunidad persiste, tanto en la escena internacional como en Israel –donde no se ha iniciado ninguna investigación o procedimiento serio contra los responsables políticos y militares acusados de crímenes internacionales–, la calificación jurídica de los actos cometidos por el ejército israelí en Gaza se va precisando a través de numerosos informes de expertos de la ONU o de organizaciones de la sociedad civil¹. Además, las ordenanzas dictadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso contencioso iniciado en diciembre de 2023 por Sudáfrica –al que se han sumado numerosos Estados– en virtud de la Convención de 1948 para la prevención y sanción del crimen de genocidio, y la investigación en curso del fiscal de la CPI, confluyen en el reconocimiento de crímenes internacionales masivos y sistemáticos. Ambas jurisdicciones establecieron, específicamente, que los actos en cuestión estaban dirigidos de forma deliberada contra la población civil, lo que debilita el discurso oficial israelí que los presenta como parte de una “guerra contra Hamas”. Además, esta estrategia, ilegal, ha sido confirmada incluso por el propio ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje publicado en la red social X el 2 de abril: “La ampliación de la operación esta mañana aumentará la presión sobre los asesinos de Hamas y también sobre la población de Gaza”.

Detalladas en los hechos y en el derecho, las órdenes de detención emitidas por la CPI acusan a los dirigentes israelíes de utilizar el hambre como método de guerra –un acto constitutivo de crímenes de guerra– y de ser responsables de asesinatos, persecuciones y otros actos inhumanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Para la Corte, Netanyahu y Galant han “privado deliberada y conscientemente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad”. Estos obstáculos alcanzaron su punto culminante con la prohibición total de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde el 2 de marzo, lo que ha provocado una hambruna en el enclave.

La destrucción voluntaria de una parte de la población civil de Gaza es lo que justifica que se lo piense y defina como un genocidio, el “crimen de los crímenes”. Julian Fernandez y Olivier de Frouville, profesores de Derecho Internacional en la Universidad Panthéon-Assas, afirman que “hoy la probabilidad de que se pueda responsabilizar al Estado de Israel [...] por el crimen de genocidio es más alta que nunca”². Desde la primera ordenanza dictada el 26 de enero de 2024 en el caso “Sudáfrica contra Israel”, la CIJ reconoció la existencia de un “riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable a los derechos” del pueblo palestino en cuanto grupo protegido por la Convención de 1948, ratificada tanto por Israel como por Palestina. Asimismo, el artículo 2 de dicho tratado define este “perjuicio” como el resultado de “cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, a saber: asesinato de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que conlleven su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”. Esta definición se retoma también en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que Palestina ratificó el 1° de abril de 2015.

El primer criterio, que se refiere a la existencia de un grupo protegido, aplica a los 2,3 millones de palestinos en Gaza, considerados una parte sustancial de quienes viven en Palestina, tal como lo reconoció la CIJ en su ordenanza del 26 de enero de 2024. El segundo criterio, relativo a la comisión de uno o varios de los actos materiales prohibidos, también se cumple, ya que el carácter deliberadamente indiscriminado de los ataques respalda la acusación de asesinatos. Según Amnistía Internacional, la mayoría de los bombardeos llevados a cabo por el ejército israelí no tenían objetivos militares y apuntaban de forma directa a civiles. Estos ataques, muchas veces lanzados sin el aviso previo obligatorio, se realizan con armas explosivas de gran alcance en zonas muy pobladas e, inevitablemente, provocan un gran número de víctimas. Desde el 7 de octubre de 2023, han matado a más de 50.000 palestinos en Gaza, de los cuales el 70 por ciento son mujeres y niños; esta cifra no incluye ni las víctimas aún sepultadas bajo los escombros ni las muertes indirectas provocadas por el hambre y las enfermedades³. A estos asesinatos se suma el sometimiento del grupo a condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción. En noviembre de 2024, la CPI confirmó que esas condiciones fueron “calculadas para provocar la destrucción de una parte de la población civil de Gaza”. Casi la totalidad de los palestinos de Gaza han sido desplazados, muchas veces en múltiples ocasiones, y la hambruna asola el enclave. A mediados de mayo de 2025, el Programa Mundial de Alimentos –que estima que el 90 por ciento de los gazatíes sufre una “inseguridad alimentaria aguda”– anunció que había agotado sus reservas de alimentos.

Por último, resta analizar el tercer criterio: la intención genocida. Esta puede deducirse de las numerosas declaraciones públicas de responsables políticos y militares, nunca desmentidas ni sancionadas, a pesar de las medidas cautelares impuestas por la CIJ. Entre ellas se encuentran afirmaciones como “estamos combatiendo animales humanos [...] Gaza no volverá a ser lo que era antes” (Yoav Galant, 9-10-2023) o “es toda una nación la que es responsable [...] Lucharemos hasta romperles la columna vertebral” (Isaac Herzog, presidente de Israel, 12-10-2023). Más recientemente, el ministro Katz hizo la siguiente declaración pública: “Habitantes de Gaza, esta es la última advertencia [...] Sigan el consejo del presidente de Estados Unidos: liberen a los rehenes y expulsen a Hamas, así se abrirán nuevas puertas para ustedes, incluida la reubicación en otras partes del mundo para quienes lo elijan. De lo contrario, vendrán la destrucción y la devastación total” (19-3-2025). Fernandez y Frouville concluyeron al respecto: “Nunca antes habíamos visto una intención [genocida] formulada de manera tan clara”⁴.

La falta de sanciones internacionales alienta este tipo de declaraciones, que, por otra parte, hacen eco del plan presentado por Donald Trump. El presidente estadounidense propuso el desplazamiento forzado de los palestinos fuera de Gaza, un proyecto que conlleva una infracción grave de la Cuarta Convención de Ginebra y que constituye un crimen de lesa humanidad. Esta propuesta se inscribe en la continuidad del proceso de limpieza étnica: ya en su opinión consultiva del 19 de julio de 2024, la CIJ había concluido que las políticas y prácticas israelíes ponían en entredicho la composición demográfica del territorio palestino. El 4 de mayo de 2025, Tel Aviv confirmó su intención de “conquistar” la Franja de Gaza y de fomentar la “salida voluntaria” de su población.

Dominación colonial

Frente a las restricciones de acceso impuestas a periodistas y organismos internacionales, son los propios palestinos los que deben recopilar las pruebas y los testimonios de la realidad que padecen, y a menudo lo hacen poniendo en riesgo sus vidas. Estos relatos e imágenes son los que permitieron a Sudáfrica presentar una denuncia ante la CIJ en diciembre de 2023.

Más allá de las obligaciones jurídicas que incumben a Israel, todos los Estados tienen el deber de prevenir, impedir y sancionar el crimen de genocidio, y disponen de varios medios para hacerlo: interrumpiendo la venta de armas y municiones a Israel mediante un bloqueo, suspendiendo el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, adoptando sanciones financieras dirigidas contra los presuntos responsables del genocidio, promoviendo la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en virtud del capítulo VII de la carta –que permite adoptar medidas coercitivas (económicas, diplomáticas, financieras…)–, apoyando los procedimientos iniciados por jurisdicciones nacionales a título de la competencia universal –que permitiría abrir investigaciones en cualquier país, independientemente del vínculo territorial o de nacionalidad–, o incluso respaldando la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina. Sin embargo, los viajes al extranjero de Netanyahu, que son facilitados, por ejemplo, por la autorización de sobrevolar el territorio francés el 2 de febrero, indican que muchos Estados occidentales siguen siendo reacios a cumplir con sus obligaciones. Estas vacilaciones confirman la vigencia de una “doble vara” en la aplicación del derecho internacional. La guerra en Gaza no sólo revela la incapacidad del orden internacional contemporáneo para instaurar la paz, sino que también pone de manifiesto hasta qué punto ese orden perpetúa la dominación colonial israelí en Palestina.

Insaf Rezagui, doctora en Derecho Internacional y cofundadora del colectivo Yaani. Traducción: Paulina Lapina.