Venezuela después de Maduro

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Ecoanalítica, la consultora más reputada de Venezuela, estima una veloz recuperación de los ingresos del Estado y un año de razonable crecimiento luego del ataque de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Según su director, Alejandro Grisanti¹, en 2026 ingresarían unos 33.000 millones de dólares, es decir, más del doble que el año pasado, casi todos en materia de petróleo, además de un crédito pendiente con el Fondo Monetario Internacional por 5.000 millones.

Esta recapitalización se explicaría, en primer lugar, por la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros estadounidense de levantar progresivamente las sanciones que pesaban sobre el país, lo que permitiría que Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) ponga fin al sistema de triangulaciones, traspasos en alta mar y demás artilugios pensados para sortear las restricciones y obtenga –por el mismo petróleo– un 30 por ciento más de ingresos. Al mismo tiempo, según estimaciones de JP Morgan, la producción petrolera podría elevarse de los 800 o 900.000 barriles diarios actuales a 1,2 o incluso 1,3 millones en el plazo de uno o dos años.² ¿Será posible este aumento, que llevaría la producción a un nivel todavía lejano al de los años de Hugo Chávez (1999-2013), cuando se generaban unos dos millones de barriles por día, y más aún del récord de los 3,2 millones de la era prebolivariana, pero que de todos modos implicaría un alivio grande para las deprimidas cuentas públicas? Es cierto que Donald Trump obtuvo más escepticismo que certezas en su reunión con los directivos de las principales petroleras estadounidenses, y que aún falta mucho para que compañías como Exxon, que salió huyendo luego de las expropiaciones y mantiene litigios abiertos, regresen a Venezuela, pero también es verdad que Chevron, junto con un puñado de multinacionales europeas, nunca abandonó su operación en Venezuela y que con unas pocas inversiones la recuperación podría ser bastante rápida.

Los dólares ingresarían por dos vías. Las empresas transnacionales que operan en el país, como Chevron, Repsol y ENI, seguirán como hasta ahora, liquidando parte de sus exportaciones en materia de impuestos. La otra vía es más incierta, porque no hay muchos detalles, pero se especula con que las ventas concretadas por las compañías más pequeñas y por las empresas no occidentales asociadas con PDVSA irían al fideicomiso abierto en Qatar, un dispositivo financiero creado a propuesta de Estados Unidos para eludir posibles embargos. De ahí, una parte de los fondos se transferirán al Banco Central de Venezuela. Esto, claro, bajo la supervisión del Departamento de Estado, que de esta manera prioriza las exportaciones hacia las refinerías estadounidenses del Golfo de México, maneja la provisión de petróleo venezolano a sus adversarios geopolíticos y abre o cierra la canilla de los ingresos nacionales. Como sabe cualquier gerente, lo primero es el flujo de caja, y es Trump el que controla el de Venezuela.

De hecho, a mediados de enero ingresaron a la cuenta de Qatar 500 millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento fue transferido al Banco Central, que intervino en el mercado de divisas y, después de semanas de turbulencias, logró bajar la brecha cambiaria y crear cierta sensación de estabilidad. Hasta ahora, la coordinación entre [la presidenta interina] Delcy Rodríguez y Trump parece funcionar bastante bien. Los dos grandes problemas que enfrentaba la economía venezolana en el cortísimo plazo, por los que el gobierno bolivariano había pedido auxilio a su tutor norteamericano, se resolvieron con rapidez: la escasez de divisas, que se vio aliviada con los dólares de Qatar, y la saturación del almacenaje de petróleo, que se resolvió cuando Estados Unidos permitió la salida de 11 buques de Chevron atracados en puertos venezolanos a la espera de autorización.

El jueves 22 de enero, la Asamblea Legislativa, liderada por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, aprobó en primera discusión la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que flexibiliza las condiciones de ingreso de las empresas extranjeras y permite que las compañías exploten el petróleo sin necesidad de asociarse con PDVSA. Aunque planteada como una reforma, se trata en verdad de un cambio radical para un país que desde la nacionalización de Carlos Andrés Pérez en 1975 tenía como regla de oro que cualquier empresa que deseara explotar el petróleo venezolano debía asociarse con PDVSA.

En realidad, la iniciativa sigue una línea trazada por el propio Maduro, que en los últimos años había ordenado un giro económico ortodoxo que incluyó la creación de una serie de instrumentos legales y financieros para facilitar la dolarización, aplicó un ajuste fiscal severísimo, sancionó una ley que habilitó, en un marco de mucha opacidad, la reprivatización de empresas, y creó las Zonas Económicas Especiales, enclaves de libre comercio con incentivos fiscales y aduaneros. El diseño del plan estuvo a cargo de un grupo de economistas ecuatorianos liderados por Delcy Rodríguez, que el año pasado asistió como invitada central a la Asamblea Anual de Fedecámaras, la principal organización empresarial del país. En esa oportunidad, la misma Delcy Rodríguez anunció el lanzamiento del Programa para la Convivencia y la Paz, una especie de consejo para promover el diálogo social integrado por funcionarios chavistas y algunos académicos independientes, y que cuenta con la presencia de Gerson Gómez, símbolo del emprendedurismo digital venezolano y fundador de Ridery, una app de movilidad muy popular creada cuando las sanciones impedían la instalación de Uber o Cabify.

El problema no es tanto la dirección como la legalidad de todos estos cambios. La nueva Ley de Hidrocarburos será aprobada en segunda vuelta por una Asamblea cuyos integrantes surgieron de las elecciones de 2025, en las que el chavismo se impuso por un porcentaje soviético de votos (82 por ciento). Como los resultados no fueron reconocidos ni por la oposición mayoritaria ni por la comunidad internacional, cualquiera podría objetar, en un futuro no tan lejano, la legitimidad del órgano y por lo tanto de la ley, que ni siquiera fue votada por el sector minoritario de la oposición que, bajo el liderazgo de Henrique Capriles, hoy integra el Parlamento, lo que seguramente hará que muchas empresas lo piensen dos veces antes de lanzarse, por ejemplo, a la aventura de rehabilitar los mejoradores del Complejo San José, que transforman el crudo extrapesado en sintético exportable, o recuperar la capacidad del gigantesco Centro de Refinación Paraguaná, inversiones que involucran miles de millones de dólares y que implican tiempos de maduración de una o dos décadas.

Es en este punto, que cruza economía y política, donde se sitúa el nudo de la tragedia venezolana. Luego del ataque de Estados Unidos, el chavismo se recompuso velozmente, dando muestras –una más– de su proverbial instinto de supervivencia. Sin Maduro, con Delcy Rodríguez como articuladora más que como líder de esta nueva etapa, sus principales piezas se acomodaron a las nuevas condiciones, según las cuales Washington establece el perímetro de lo que el régimen puede y no puede hacer. La decisión de Trump de descabezar al gobierno pero preservar intacta su estructura político-militar –es decir, no cambiar el régimen, sino el comportamiento del régimen– le permite al chavismo ganar tiempo mientras sigue con atención el desarrollo de la política estadounidense, con un Trump bajo de popularidad, unas elecciones de medio término que asoman difíciles y la no reelección como obstáculo infranqueable. Al fin y al cabo, pensarán muchos, la Revolución Cubana lleva más de medio siglo de sobrevida.

El problema de esta línea de razonamiento es que tarde o temprano habrá un punto de inflexión, que son las nuevas elecciones presidenciales en Venezuela. Aunque Trump no parece muy urgido, su necesidad de ganar popularidad en el electorado latino, el ánimo de Marco Rubio [secretario de Estado de Estados Unidos], que defiende la causa de la democratización venezolana como parte de su propia agenda, y la presión internacional sugieren que en algún momento el gobierno venezolano se verá forzado a convocar nuevos comicios, una empresa difícil que requerirá el acompañamiento de una misión de verificación internacional intachable (algo que puede resolverse) y algún nivel de entendimiento entre el oficialismo y la oposición (algo más difícil de conseguir en un país en el que ambos bandos se acostumbraron a gritar “fraude” incluso cuando el fraude no se producía).

De cara a unas eventuales elecciones, el chavismo apuesta a que la mejora económica le permita recuperar parte de sus adhesiones. En una nota publicada en Tal Cual, el periódico opositor fundado por Teodoro Petkoff³, el encuestador Félix Seijas Jr estimó en un 22 por ciento el voto duro bolivariano, pero añadió que podría incrementarse hasta el 30 o 35 por ciento si consigue una recuperación económica palpable (recordó que en 2022, luego de unos meses de crecimiento, el porcentaje de quienes se definían como chavistas había pasado del 22 al 29 por ciento). Por supuesto, para que este núcleo chavista removilizado tenga alguna chance de ganar tendrían que verificarse dos condiciones: altos niveles de abstención y la división opositora, ninguna de las cuales ocurrió el 28 de julio de 2024, cuando el candidato apadrinado por María Corina Machado se impuso cómodamente. ¿Cómo serán las cosas ahora? ¿María Corina Machado conserva el entusiasmo popular que hace un año y medio la convirtió en una promesa de salvación casi mesiánica, en la estela de Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) o el mismo Chávez? ¿Logrará la oposición, desprestigiada y cruzada por odios ancestrales, reconstruir su unidad? ¿Irrumpirá alguna figura emergente, al estilo de la misma María Corina Machado, en alguno de los dos campos (se habla mucho de Rafael Lacava, el carismático gobernador chavista de Carabobo)? Por último, ¿aceptará el oficialismo el voto de los emigrados, capaz de desbalancear el resultado a favor de la oposición? ¿Se lo impondrá Estados Unidos?

En condiciones normales, la oposición debería ganar las elecciones, lo que abriría un capítulo nuevo en la historia política de Venezuela, en el que las dos fuerzas estarán obligadas a convivir. La representación social del chavismo es, como dijimos, muy minoritaria, pero aún conservará resortes importantes de poder: la Fuerza Armada, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Ministerio Público, la Justicia. Habrá muchos temas por resolver, desde los presos políticos (se estima que aún quedan unos 1.000) a la composición del resto de los poderes (la Asamblea, los tribunales, las gobernaciones). Así, se impondrá la necesidad de una reinstitucionalización consensuada, con representantes de ambas fuerzas, después de muchos años de odio, persecución y exilio. No será fácil. Sin embargo, es el único camino para la reconstrucción del país. Como sostiene Omar Zambrano, economista jefe de Anova, una recuperación económica sostenida requiere certezas –a los potenciales inversores, a la comunidad internacional y, por supuesto, a los mismos venezolanos– que sólo puede garantizar un piso mínimo de acuerdo.

La descapitalización sufrida por Venezuela es abrumadora. En el breve lapso de media década, el producto interior bruto se redujo a un cuarto de lo que era, a punto tal que el país se consolidó como el principal exportador mundial de... ¡chatarra!, con un récord de 421 millones de dólares exportados por ese concepto en 2023, provenientes de una industria que se fue desmantelando pieza por pieza.⁴ Y al lado de la pérdida de capital y el deterioro de la infraestructura, las personas. Según datos de Naciones Unidas, en la última década emigraron unos ocho millones de venezolanos, incluyendo a buena parte de las clases medias profesionales (Venezuela supo tener algunas de las mejores universidades de la región). Alcanza con subirse a un avión a Neuquén (Argentina) para escuchar el inconfundible acento caribeño en parte del pasaje, trabajadores de la industria petrolera que viajan a Vaca Muerta. Es cierto que la diáspora es reciente y que los venezolanos no son, como los bolivianos o los uruguayos, un pueblo de tradición migrante; su instalación en el exterior es a menudo precaria, y muchos todavía la ven como un estado transitorio, lo que seguramente se combina con el recuerdo del pasado dorado de la Venezuela saudita que todos añoran. Si a ello sumamos la dificultad que enfrentan en países como Chile, Perú y Ecuador, es esperable que una mejora de las condiciones internas produzca un flujo de regreso (como de hecho ocurrió, aunque de manera muy acotada, en 2022 y 2023). La vuelta de al menos parte de la diáspora es fundamental para recuperar el capital humano necesario para la reconstrucción.

Concluyamos.

Venezuela enfrenta, una vez más, una encrucijada. Si el capítulo abierto tras la captura de Maduro fracasa, porque la gobernabilidad autoritaria del chavismo se prolonga o porque el país se hunde en la polarización y el caos, Venezuela habrá dado un paso más en el proceso de descomposición que atraviesa desde hace una década. Si logra una transición ordenada, se le abre una perspectiva promisoria. Exageremos: o se acerca a Haití, el Estado fallido de América Latina, o sigue el modelo de Perú y Colombia, que con todos sus problemas llevan años de crecimiento y mejoras del bienestar.

José Natanson, director de Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.