Entre los 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se pretenden derogar en el referéndum del 27 de marzo, dos tienen que ver con el Instituto Nacional de Colonización (INC). Se trata del 357 y el 358, que en síntesis flexibilizan algunas obligaciones que tienen los colonos, como residir en el predio o trabajar directamente allí, y desafectan del INC colonias que provienen del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); según cifras oficiales son unas 50.000 hectáreas de tierra.
Estos cambios fueron incluidos entre los artículos a impugnar por entender que “desvirtúan la naturaleza del Instituto”, según lo manifiestan los impulsores de la consulta popular en la web yofirmo.uy. Respecto del artículo 357, que desafectó las colonias provenientes del BHU, señalan que “implica la desafectación de unas 150.000 hectáreas de tierra de la órbita del INC”, que actualmente posee cerca de 600.000. Los impulsores del referéndum afirman que este movimiento genera un “perjuicio” a las “funciones esenciales” de Colonización y conlleva “graves consecuencias económico-sociales”.
Argumentan que “esas tierras pasarían al mercado general de tierras a precios más altos, y en consecuencia, inhibiendo la posibilidad de que pequeños y medianos productores pudieran comprarlas”, y “limitando fuertemente la recompra por el INC, cuando el Estado ya hizo el esfuerzo histórico de su compra”. De esta manera, señalan, “la sociedad uruguaya debería hacer un doble esfuerzo: comprarla dos veces a precios de mercado; primero el BHU y en el futuro el INC a precios de tierra más altos que los relativos a una tierra afectada”. Así las cosas, sostienen, “se redistribuye en beneficio de pocos el esfuerzo de todos”.
También se señala que “entre otros efectos, esta propuesta afectaría abiertamente a la agricultura familiar basada en tierras provenientes del BHU”, y que “pequeños y medianos productores quedarían a merced del mercado de tierras”. Entienden que, “en un contexto de altos precios de la tierra, serán presa fácil de los grandes capitales, de cualquier carácter y origen”.
En tanto, el artículo 358 dispone que los colonos ya no deben “trabajar directamente el predio” necesariamente, sino “supervisar el trabajo”. Además, se habilitó al directorio del INC a autorizar la excepción a la obligación de habitar el predio bajo ciertas condiciones: que los colonos “hayan tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años”; que “hayan cumplido con el plan de inversiones comprometido si lo hubiere” y por “razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar”.
Sobre este punto, la Asociación de Funcionarios de Colonización advirtió antes de su aprobación que los cambios propuestos “ponen en cuestión y redefinen la naturaleza” del INC, “en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública”, y criticó que “en los discursos electorales político-partidarios se plantee como problemático el despoblamiento del medio rural pero luego se tomen iniciativas que van en contra de asegurar las condiciones de vida en el campo”, a su entender, “fomentando el éxodo de algunas familias elegidas a las ciudades”.
“Una mirada ideológica”
El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez dijo a la diaria que los cambios de la LUC parten de un “contexto” más amplio, que se vincula con la concepción que el gobierno tiene del INC, y van más allá de la ley que se aprobó en julio de 2020. En su opinión, las modificaciones vienen “del fondo de la historia, que es la famosa frase ‘votamos la ley pero no le votamos los recursos’, que dicen las crónicas parlamentarias que dijo el legislador [Luis Alberto de] Herrera cuando fue cuestionado por acompañar un proyecto batllista como era la creación del INC”. Es decir que para Sánchez “hay una visión bastante negativa del INC, desde una mirada ideológica, por entender que es una intervención indebida del Estado en el mercado de tierras”, y “este gobierno no es ajeno a esa situación”.
Urbano Sanner, ganadero individual de la colonia Reglamento de Tierras de 1815, en Florida (archivo, julio de 2015).
Foto: Sandro Pereyra
Para Sánchez, esta visión ideológica se traduce en “recortes presupuestales al instituto, tanto en la Rendición de Cuentas como en el Presupuesto Nacional” y en las modificaciones que hizo la LUC, en el sentido de “eliminar el concepto de la colonización”. Sostuvo que en la LUC “se quita el elemento del colono, básicamente, porque dice que a partir de ahora ya no es necesario vivir en el medio rural, y que ni siquiera trabaje la tierra”, y esto “termina generando una lógica en la cual yo puedo acceder a tierras, vivir en la ciudad y poner gente a trabajar para mí. Yo no tengo problema con la gente que quiere hacer negocios inmobiliarios o comprar tierra y poner a gente a laburar para ella, pero que no lo hagan con tierras de Colonización”, manifestó.
El legislador del Movimiento de Participación Popular afirmó que la LUC también “habilita a que se rompa la idea de las colonias”, por “introducir” a “personas que no van a vivir en esas colonias. Todo a partir de esta visión que está en la LUC, que rompe con la idea de que el instituto sea un mecanismo para que los sectores más pobres del medio rural accedan a la tierra”, aseguró.
Sí a los cambios, aunque abren un “margen de interpretación peligroso”
El presidente del INC, Julio Cardozo, afirmó a la diaria que la LUC “no cambia radicalmente” las obligaciones que tienen los colonos para con el instituto “porque, en definitiva, el colono tiene obligación de en los primeros diez años estar radicado, y después tiene que justificarlo [no residir en el lugar] muy bien por temas de salud o por temas de la educación de sus hijos”. No obstante, defendió las modificaciones, en el entendido de que responden a ciertas “limitantes” vinculadas, por ejemplo, al acceso a la educación: “Pasar al liceo a los chicos hacía que la familia entera se trasladara a un centro poblado o a una ciudad”, ejemplificó.
Si bien también justificó el cambio que hizo la norma a la obligatoriedad de trabajar el predio para pasar a solamente supervisar el trabajo, reconoció que la modificación “no es menor” y que sería positivo cambiar la redacción para que no dé lugar a más de una interpretación: “Necesariamente el productor tiene la necesidad de estar en el predio y no de supervisar, porque si decimos ‘supervisar’ quiere decir que puede contratar a otras personas para trabajar, y eso en la interpretación de este directorio no es así”, aseveró. También admitió que el directorio “continuamente” recibe “denuncias y reclamos de personas que no están viviendo ahí o que están tercerizando o subarrendando”, y afirmó que “la idea del instituto es no permitir, de ninguna manera, la supervisión, sino más bien que esté radicado y trabaje efectivamente en el predio”.
Sin perjuicio de lo anterior, el jerarca nacionalista no dijo estar en contra de la nueva redacción que hizo la LUC, sino que el directorio lo “interpreta” de una manera distinta: “La supervisión significa que la persona está en el predio, está trabajando en el predio y supervisando, pero no estando sentado en la ciudad y mandando a otro a que trabaje en el predio; eso no lo permitimos”, dijo.
Por otro lado, Cardozo agregó que “muchas veces esas decisiones que llevan largas discusiones en el Parlamento no quedan del todo claras y habilitan, muchas veces, a hacer una modificación”. Opinó que “algunas cosas sí hay que repasarlas, para no cometer el error de ampliar un margen de interpretación que a veces es peligroso para la propia administración del organismo”.
Para el frenteamplista Sánchez, no hay lugar para más de una interpretación: “La ley es clara: establece que la obligación del colono de residir en el predio y de trabajar en el predio desaparece. Después se podrá tratar de arreglar discursivamente con respecto a la supervisión, etcétera, pero aquí desaparece algo que estaba en el fondo de la historia y que tiene que ver con la idea del colono: alguien que va y coloniza, se asienta, vive en el lugar, trabaja en el lugar, proyecta su vida en el lugar”, reflexionó.
A su vez, el senador aclaró que esto no quiere decir que “mañana el colono esté enfermo y no pueda ir a la ciudad, o que no pueda vivir en los pueblos cercanos rurales”, porque “hay un conjunto de casuísticas” y el directorio “tiene la posibilidad de evaluar caso a caso”.
“Se trata de dar libertad a los colonos”
“Las familias arraigadas en el campo son una obsesión compartida”, aseguró el senador nacionalista Sebastián da Silva en conversación con la diaria. El legislador apuntó que, partiendo de esa base, lo que se intentó lograr con la LUC es “que la gente siga trabajando en el campo, del campo, pero con normas más adecuadas a la realidad”. “Lo que se trata es de dar libertad a los colonos para poder tener un desarrollo lógico en su familia, porque en algunos casos las colonias están muy lejos de un liceo”, sostuvo, en línea con lo planteado por Cardozo. En ese sentido, afirmó que “para arraigar a las familias en el campo hay que permitir que tengan condiciones de vida similares a las que tiene alguien en Malvín o en Parque Rodó; por ejemplo, poder propiciar que sus hijos estudien”.
Alejandro del Valle tambero de la colonia Reglamento de Tierras de 1815, en Florida (archivo, julio de 2015).
Foto: Sandro Pereyra
Da Silva afirmó que los cambios en Colonización responden a “una ruralidad nueva”: “Yo creo que los colonos tienen que tener la posibilidad de llegar a aparcerías productivas muy parecidas a las de los que no son colonos. Hay formas de trabajar el campo, supervisándolo, que no necesariamente tiene que ser ir con el arado a pasar el tractor”, consideró.
50.000 hectáreas menos
Respecto del artículo 357, que desafectó parte de las tierras del INC, Da Silva dijo que se buscó dar respuesta “a una injusticia dada hace muchísimo tiempo, por la cual hay predios que estaban bajo la tutela o el sometimiento del INC cuando son propiedad privada”. Eso, según su interpretación, “ha llevado a que, por tener una concepción casi que feudal, propietarios de tierras de segunda o tercera generación hoy sigan teniendo una tutela por el INC que afecta la propiedad y la transmisión patrimonial”. “Lo que se hizo fue actualizar una norma que es de principios del siglo XX”, indicó.
En tanto, Cardozo sostuvo que “se liberó a una cantidad de gente que eran propietarios y que ya habían solucionado el pago al INC”, y relativizó las cifras divulgadas por los promotores del referéndum: “Con esta modificación no se desafectó las 100.000 hectáreas que se pensaban; son unas 48.000, divididas aproximadamente en 50 hectáreas cada una y diseminadas por todo el país”, afirmó. Asimismo, destacó que si “esos colonos propietarios un día quieren vender sus fracciones, necesariamente, igual, tienen que pasar por el instituto”. A su entender, “son temas muy puntuales que no van a afectar grandemente al patrimonio del instituto”, y aunque reconoció que “50.000 hectáreas no es poco”, subrayó que “están diseminadas por todo el país y son, por lo general, pequeños propietarios”.
Sánchez, por su parte, remarcó que las tierras desafectadas “provienen de la cartera social del BHU” y “también tuvieron un criterio de cierto subsidio; no fueron tierras adquiridas en el mercado”, por lo que “no se pueden disponer libremente”. “Este es un viejo reclamo de algunos de esos propietarios, pero todas esas tierras están reservadas para la producción familiar, porque están bajo el imperio de la ley de colonización”, analizó.
El senador de la oposición adelantó que con estas modificaciones “hay quienes van a hacer un gran negocio inmobiliario”, puesto que esas tierras “valen menos en el mercado”; según sus estimaciones, cerca de 30% menos, “con lo cual ahí hemos beneficiado directamente a algunas personas con nombre y apellido, que usaron subsidios del Estado y que ahora van a hacer una apropiación privada de esos subsidios”.
Sánchez también dudó de la cifra que dio Cardozo: “Lo cierto es que el último número que yo tengo es que son más de 80.000, pero esta ha sido siempre una discusión y es poco creíble la información que ha dado el gobierno, porque desde el inicio ha sido muy escasa y variada. Yo me permito mantener la duda sobre si efectivamente son esas 40.000 que se dijo”, expresó. Asimismo, sostuvo que si esa fuera la cifra, se trata de casi la tercera parte de la cantidad de hectáreas –150.000– que se incorporaron al INC en los 15 años de gobierno del Frente Amplio.