En 2016, cuando Enrique Antía anunció su plan de tercerizar la gestión de cobro a los contribuyentes morosos de la Intendencia de Maldonado (IDM), el Frente Amplio (FA) rechazó la medida no sólo por una cuestión conceptual de defensa de la gestión pública. La oposición entendía que pasar el servicio a privados era innecesario, dada “la eficacia” de un programa de Recuperación de Activos Tributarios que, entre 2014 y 2015, implementó la entonces intendenta Susana Hernández para fortalecer la gestión de los funcionarios de la IDM.
Ante las críticas de la oposición, el jefe comunal nacionalista argumentó que el programa de su antecesora era “muy casero” y no había tenido “resultados sustanciales”, aunque no ofreció cifras para fundamentar la tercerización. Primó el concepto de que los gobiernos departamentales son ineficaces en la recuperación de activos. Trascartón, el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV) -vinculado al Partido Nacional- resultó ganador de la licitación. Este hecho, más una observación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) porque el procedimiento se realizó sin fondos presupuestales y porque uno de los oferentes fue mal descartado en la competencia, avivó las suspicacias desde el FA y generó infructuosos pedidos de informes al Ejecutivo Departamental.
A seis años de aquella primera adjudicación, dirigentes y ediles del FA consultados por la diaria afirman que los resultados de la gestión de PPV son “una incógnita” que el gobierno departamental se ha negado a despejar. Las dudas se ampliaron en octubre pasado cuando -ya lanzado a una campaña electoral para apuntalar a quien resulte su sucesor en las internas partidarias-, Antía ofreció un balance público de gestión en el que puso el tema parcialmente sobre el tapete. Entre otros logros, destacó que durante este gobierno recuperó “47 millones de dólares extrajudicialmente”.
Luego aseguró que la morosidad cayó “casi tres puntos” desde que asumió, en 2015. El dato es refrendado en un librillo de 131 páginas que editó la IDM, y que es utilizado por jerarcas y militantes como herramienta de campaña para la continuidad del gobierno blanco a partir de 2025. Pero sólo avanza en que la morosidad pasó de “26,9% en 2015 a 24,15% en 2023”.
Como ni el intendente ni la publicación profundizan en la gestión tercerizada para la cobranza forzada de créditos, la diaria consultó al prosecretario de la comuna y abogado experto en derecho administrativo, Álvaro Villegas. Durante la entrevista, el jerarca despejó algunas incógnitas sobre el funcionamiento del sistema y sus resultados. Pero también dejó latentes varias dudas.
El método
El estudio PPV asumió la cobranza de los adeudos de Maldonado tras ganar la licitación 28/2016, que le fue adjudicada en octubre de 2017; tras una ampliación del contrato, continuó a cargo de la gestión hasta que, en mayo pasado, Antía le adjudicó una segunda licitación (5/2023) que pasó desapercibida para la opinión pública. Ahora, la gestión tercerizada estará vigente hasta el 30 de junio de 2025, con posibilidad de prórroga por parte del futuro intendente.
Entre las novedades de la nueva adjudicación, destaca que el PPV varió su comisión por los adeudos recuperados que ingresan “efectivamente” a las arcas comunales: de 3,66% en 2016, bajó a 3,05%. De acuerdo a la resolución consultada por la diaria, presentó la propuesta más baja de las tres que se presentaron: Braditex ofertó 3,65%, mientras que el consorcio Ferrere/Equifax propuso 6,10%. El estudio Posadas también consiguió el puntaje más alto otorgado por la Comisión de Adjudicaciones de la IDM: 100 puntos contra 87,8 de Braditex, la más cercana.
A diferencia del anterior procedimiento competitivo, el de este año se salvó de impugnaciones. “En lo sustancial, tampoco hubo observaciones del TCR”, destacó Villegas, aunque en junio pasado los ministros observaron que la licitación contravino el artículo 15 del Tocaf. Es decir que el gasto se imputó a un rubro sin disponibilidad presupuestal, como también ocurrió en la anterior.
Paralelamente, como parte de su estrategia privatizadora, Antía resolvió que todos los juicios que tramitaban los abogados de la Unidad de Ejecuciones Tributarias, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales, quedaran en manos de los gestores privados. La decisión se basó en un informe del secretario general, Luis Eduardo Pereira, quien mencionó la existencia de “un número importante de juicios tributarios” iniciados antes del 24 de diciembre de 2015, e incluso desde 2002, que todavía no habían concluido.
Además, el secretario argumentó que varios juicios presentaban “vicios y por lo tanto podría verse frustrado el derecho de la administración a percibir lo que se adeuda”. Finalmente, por la resolución Nº 03245/2023, los profesionales municipales fueron apartados de este tipo de juicios y, según Villegas, pasaron a “realizar tareas de asesoramiento en la dirección de Asuntos Legales y a seguir otros diversos litigios de la IDM”.
El objeto de la cobranza es el mismo de hace seis años: la gestora privada apunta a los contribuyentes que adeudan más de tres meses (por un monto superior a los 50.000 pesos, según Villegas) por concepto de contribución inmobiliaria y tributos vinculados, o adeudos por servicios licitados, entre otros. Para abordar a estos morosos, PPV amplió su oficina en Punta del Este, a la que asignó profesionales instalados en el departamento y un área de gestión extrajudicial. Villegas entiende que la infraestructura “es importante”, ya que el estudio cuenta con seis abogados y tres escribanos abocados exclusivamente a la gestión de morosidad en Maldonado. La cartera de deudores es actualizada cada tres meses por la IDM y entregada a la gestora.
El contrato con la firma establece “protocolos de gestión”, entre los que figura un call center supervisado por dos contadores, desde donde se entabla el contacto telefónico con los deudores para “encaminar” las conversaciones extrajudiciales. Cada llamada debe quedar grabada y, si la intimación se realiza por carta, el texto es redactado desde la IDM, según establece el pliego de la licitación.
Hasta ahora, el estudio “se ha enfocado” en deudas por contribución inmobiliaria, pero también se han derivado adeudos por concepto de Retorno por Mayor Valor (creado durante el gobierno frenteamplista para los desarrollistas que se benefician con excepciones a la ordenanza de construcción) para efectivizar el cobro. “Hay tres casos en los que se recuperó el pago a partir de la gestión del PPV”, subrayó Villegas al respecto, aunque al momento de la consulta no manejaba el monto ni mencionó a las empresas morosas.
Según el prosecretario, “la amplia mayoría de los asuntos” se resolvieron de forma extrajudicial y “el 55% de los padrones que manejó el PPV se pusieron al día”, lo cual consideró una evidencia de “las bondades del sistema”. “El contacto, la comunicación, el seguimiento, eso es lo que se busca y ahí se pone el énfasis”, dijo. Como ejemplo, mencionó que “de los 10.883 casos que se enviaron para promover acciones judiciales, el 40% se regularizó a partir de la comunicación. De todos los que fueron a juicio, sólo 14 llegaron a instancia de remate”.
La medida del éxito
Para Villegas, la tercerización de la cobranza ha sido “exitosa”. De hecho, alegó que la experiencia de Maldonado resultó tan buena que otros departamentos la emularon en esta administración. Mencionó que las intendencias de Durazno, Paysandú y Rocha solicitaron asesoramiento a su par fernandina para la elaboración de los pliegos en 2017, 2021 y 2022. En Durazno y Rocha ganó el PPV, lo cual para el jerarca es una muestra del grado de “experiencia y profesionalismo” del estudio jurídico en esta materia. En Paysandú, la cobranza fue adjudicada a Ferrere-Equifax.
A la recuperación de 47 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, el prosecretario añadió 72 millones recuperados en el anterior gobierno. Sin embargo, los datos aportados por el jerarca no permiten comparar los resultados de la tercerización con respecto a la gestión pública de cobranza, ni determinar con exactitud cuánto ha percibido el PPV durante estos años de servicio.
En principio, la dificultad radica en que la IDM no ofrece datos desglosados sobre el origen de esos 119 millones de dólares recuperados entre 2015 y 2023. ¿Cuánto de los 72 millones correspondientes a la administración pasada se realizaron antes de la adjudicación al PPV, mediante el programa tributario que dejó Susana Hernández? ¿Cuánto ingresó por la gestión del PPV y cuánto por otros mecanismos, como los planes de regularización de adeudos aprobados en la Junta Departamental? Un detalle que podría echar luz sobre cuánto le cuesta a la IDM este sistema son los informes de auditoría con los pagos mensuales que realiza al PPV por concepto de comisión (sin contar otros gastos), pero Villegas dijo que no contaba con esos datos al momento de ser consultado.
En cualquier caso, el prosecretario insistió en que una caída de tres puntos porcentuales de 2015 a 2023 “justifica la tercerización” y opinó que un recupero de 47 millones de dólares en un presupuesto anual de 300 millones “es mucha plata”. Luego admitió que, en la baja de la morosidad, incidieron tres componentes: en primer lugar, “la buena disposición de los contribuyentes que están conformes con la gestión de la IDM en obras y servicios en el territorio”; “segundo”, las facilidades aprobadas en la junta. Llamativamente, recién “en tercer lugar” mencionó la gestión de la morosidad a través del PPV.