Al comparecer esta semana ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Doris Morales, mencionó varias acciones desarrolladas en Maldonado como ejemplos “destacados” de la gestión de 2022 en materia de inversiones y abatimiento de gastos de funcionamiento a nivel nacional.
La inversión destinada al “primer juzgado de género del país” en la ciudad de San Carlos, los cursos de capacitación para los funcionarios de esa sede, el ahorro en gasto de alquiler mediante la compra de inmuebles para trasladar juzgados fernandinos, y la donación de mobiliario en desuso a la Intendencia de Maldonado (IDM) merecieron una distinción de Morales, en su defensa del presupuesto del Poder Judicial por rendición de cuentas.
De acuerdo a la versión taquigráfica, al enumerar las acciones de 2022, citó en primer lugar “la puesta en funcionamiento” del Juzgado Letrado Especializado en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de San Carlos. “Esto fue posible gracias al apoyo de la Intendencia de Maldonado, que arrendó el Club Oriental. Debe destacarse que el costo de adecuación edilicia para esa instalación fue del entorno de los 6.500.000 pesos”, dijo.
Más adelante, Morales recordó que se realizaron “innumerables” instancias de capacitación para profesionalizar los recursos humanos a través del Centro de Estudios Judiciales y los servicios administrativos en todo el país. De todos los cursos, consideró “destacables” los de perspectivas de género dirigidos a funcionarios interesados en la temática, y los cursos sobre derecho procesal impartidos a funcionarios del juzgado de género carolino, “que se repetirán este año con la creación de los juzgados de género de Salto y Rivera”.
En cuanto a las inversiones, además de las obras edilicias y de infraestructura que se realizaron en todo el país, Morales dijo que “es necesario destacar la compra de dos inmuebles en Maldonado para continuar con el proceso de solución locativa de las sedes de esa ciudad”. Explicó que los juzgados se encontraban en inmuebles alquilados e inadecuados para la actividad y que la compra de nuevos locales permitió, además, abatir el costo de los arrendamientos en una cifra que ronda los 900.000 pesos mensuales.
En materia de gastos de funcionamiento, Morales dijo que las partidas asignadas al Poder Judicial -excluyendo suministros oficiales que varían por ajuste de tarifas- no recibieron incrementos en las últimas instancias presupuestales, por lo que no alcanzaron para financiar el plan operativo anual. Sin embargo, “las negociaciones mantenidas en el marco de la política de abatimiento de alquileres generaron ahorros que permitieron alcanzar los objetivos propuestos para ese año”.
Por otra parte, al informar sobre los planes para la División Remates del Poder Judicial, contó que el organismo intenta donar muebles y artículos en desuso a instituciones departamentales, como forma de bajar el “altísimo costo” que implica rematar y que después los ofertantes no los retiren. “Por ejemplo, en Maldonado, cuando se compraron muebles para los nuevos juzgados, se donaron todos los bienes en desuso a instituciones como el Rotary Club o la Intendencia para que los pudieran distribuir entre las instituciones del departamento”, aseguró.
Colegio de Abogados prepara informe
Entretanto, el Colegio de Abogados de Maldonado (CADM) sigue estudiando la extensa respuesta a un pedido de acceso a la información pública que planteó a la SCJ por “carencias de infraestructura y accesibilidad” en los inmuebles escogidos para trasladar sedes en Maldonado e instalar un nuevo juzgado especializado en San Carlos.
La vocera gremial, Ana Silvia Rodríguez, declaró entonces a la diaria que el “criterio economicista” del SCJ no solucionó los problemas, ya que a pesar del traslado de los juzgados se mantuvieron las características “inapropiadas” de buena parte de las instalaciones. Cuando el CADM consultó cómo se eligieron locales “con múltiples dificultades” de accesibilidad “notoria”, la SCJ respondió “haciendo énfasis en el ahorro presupuestal” que significa alquilarlos.
Tras las elecciones del 26 de junio, que ganó la doctora Andrea Chiappara, el gremio entendió necesaria la designación de una comisión especial que analice en profundidad la documentación recibida de la Corte, con plazo hasta el 31 de julio. Después, una nueva asamblea tomará postura sobre el asunto.
Hasta el año pasado tres juzgados de familia, dos juzgados civiles, dos laborales y uno de conciliaciones funcionaban en el edificio San Lázaro, de la capital departamental. Luego la SCJ resolvió trasladar los laborales a Arcos del Vigía, los de familia a un inmueble que compró en Román Guerra y Santana, y los civiles a un local de la calle 25 de Mayo entre Sarandí y Román Guerra. No obstante, el CADM consideró que en algunos casos -como los laborales- se mantenían las dificultades para ofrecer servicios de calidad a operadores y justiciables.
Algo similar ocurrió con el nuevo juzgado de género en San Carlos, que está ubicado en la planta alta del Club Oriental y carece de ascensor, lo cual genera serios problemas de accesibilidad; en tanto, los espacios para interrogar a víctimas de todas las edades no cuentan con la privacidad adecuada.