El Colegio de Abogados de Maldonado (CADM) analizará la próxima semana los resultados de un pedido de acceso a la información pública planteado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “carencias de infraestructura y accesibilidad” en los inmuebles escogidos para trasladar sedes en Maldonado e instalar un nuevo juzgado especializado en San Carlos.

La petición fue resuelta en una asamblea extraordinaria, realizada el 10 de mayo pasado, bajo el entendido de que los locales elegidos “resultan inadecuados para la correcta y digna prestación del servicio de Justicia, tanto para los operadores como para los justiciables”, señaló el gremio en un comunicado.

Los abogados requirieron información sobre “la totalidad de los procedimientos administrativos seguidos para la compra y arrendamiento de inmuebles destinados a la instalación de sedes judiciales; cumplimiento de las normas relativas a accesibilidad, prevención de riesgos laborales, habilitaciones de Bomberos y municipales”.

“La respuesta no conformó, según surge de conversaciones informales con los socios que recibieron la documentación”, dijo a la diaria la vocera gremial Ana Silvia Rodríguez.

En la asamblea extraordinaria convocada para el próximo jueves 28 el gremio tomará una postura sobre la respuesta de la SCJ y la divulgará a la población. Paralelamente, evaluará “recientes publicaciones” realizadas por la SCJ en su usuario de Twitter, coincidente con la solicitud de información desde el gremio.

Para graficar las “mejoras”, la SCJ adjuntó en su Twitter la imagen de una sala de audiencias que “no es representativa de la realidad, en lo absoluto. La sala de audiencias es real, pero debe ser la única”, comentó la vocera. Añadió que la Corte nunca había hecho una publicación de ese estilo e interpretó “la coincidencia” con el pedido de informes como un acto “para curarse en salud”.

El Poder Judicial (PJ) “ponderó los cambios realizados en las sedes judiciales como una mejora en la prestación del servicio” de justicia de Maldonado cuando, en los hechos, el gremio interpreta lo contrario. “Es obvio que los nuevos locales son indignos para todos”, dijo Rodríguez.

Compendio de dificultades

El año pasado los juzgados de familia, civiles y laborales que funcionaban en el edificio San Lázaro, en Maldonado, fueron trasladados a otros locales, comprados o arrendados por la SCJ, también en la capital departamental.

Desde un principio, las condiciones de esas nuevas instalaciones “llamaron mucho la atención del CADM”, cuyos directivos mantuvieron reuniones con algunos ministros para remarcar que, a pesar del traslado, los problemas se mantenían por las características inapropiadas de las sedes.

Cuando el CADM consultó cómo se eligieron locales “con múltiples dificultades” de accesibilidad “notoria”, la SCJ respondió “haciendo énfasis en el ahorro presupuestal” que significa alquilarlos.

Rodríguez entiende que ese es “un tema opinable”, porque si bien el presupuesto del PJ fue recortado y en Maldonado quedó sin efecto la construcción de la segunda etapa del Centro de Justicia, debería garantizarse un servicio al que la ciudadanía pueda acudir para resolver sus conflictos en tiempo y forma, en lugares adecuados.

Insistió en que los locales no son amigables para nadie, porque “hay colegas que no pueden trabajar por su imposibilidad de subir escaleras” y aunque se dispuso que en esos casos se trasladen a otros sitios, la movida implica trasladar a todo el personal para realizar los procedimientos. Otros son subidos en andas, igual que muchos usuarios.

Pero hay más. Dijo Rodríguez que las sedes laborales carecen de salas de espera, lo que obliga a decenas de trabajadores a esperar en la vereda para ser atendidos. En tanto, los juzgados de familia trabajan con una población numerosa y vulnerable “en lugares inadecuados para brindar un servicio digno”, relató.

Otro tanto ocurre con el mentado juzgado especializado en género, violencia doméstica y sexual inaugurado en el Club Oriental de San Carlos. “Está en la planta alta, no se puede instalar un ascensor, y tampoco hay lugares para entrevistar ni a niños ni a nadie, porque los asuntos delicados que se tratan son escuchados por todo el mundo”, lamentó.

En general, la gente “se queja con resignación” de todas estas dificultades: “Eso nos preocupa como abogados, por los tiempos, por las complicaciones para el trabajo del equipo técnico y de los funcionarios. La gente siente que no se le da importancia a lo que les pasa”, dijo la vocera.

Un criterio economicista

A título personal, la abogada considera que existe un criterio “muy economicista” del PJ en el sentido de que importa hacer rendir el dinero sobre otras consideraciones. “El ahorro está muy bien, pero no puede aplicarse a contrapelo de un servicio adecuado para lo que hay que resolver”, opinó.

Luego recordó que esa visión economicista del PJ es la que tiene en conflicto a los jueces y a los defensores de oficio. La semana próxima se verá qué resuelve. “En el colegio hay socios de todos los pelos y la pertinencia partidaria no es un obstáculo para que las decisiones sean estrictamente gremiales”, advirtió la vocera.