La Comisión de Obras de la Junta Departamental de Maldonado continuará, esta semana, analizando el proyecto que presentó el empresario argentino Diego Finkelstein para construir un hotel de campo, con excepciones a la normativa, en la costa arenosa de José Ignacio.
El edil Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular) aseguró a la diaria que el expediente enviado por la Intendencia de Maldonado (IDM) a la Junta Departamental presenta “desprolijidades” de la administración e “inconsistencias” planteadas por el inversor, cuya apoderada es la abogada Inés Pereda.
Uno de los aspectos “más llamativos” es que el director general de Planeamiento de la IDM, el arquitecto jubilado Roberto Chiacchio, “completó y firmó” el documento con los datos personales y la constitución de domicilio de los gestionantes, que es parte de la solicitud de viabilidad con excepciones planteada a la comuna.
“Puede ser que Roberto Chiacchio trabaje con el estudio [del arquitecto que diseñó el emprendimiento]. Mathias Klotz es un arquitecto chileno de renombre internacional que no sé si trabaja o tiene alguna vinculación con Chiacchio. [...] No sé, debe ser el representante de Mathias Klotz”, contestó Pereda cuando Garlo preguntó por el papel del citado director en el proyecto, de acuerdo a la versión taquigráfica de la Comisión de Obras a la que accedió la diaria.
“Indudablemente debe de tener que ver con el hecho de que Klotz no es arquitecto uruguayo y un arquitecto uruguayo tendría que ser el responsable del proyecto”, añadió la profesional, en el vaivén de preguntas y respuestas.
Minutos más tarde, al comparecer ante la misma comisión, la directora general de Urbanismo de la IDM, Soledad Laguarda, señaló que el estudio Chiacchio será “la contraparte” en Uruguay y que el hijo de Roberto, Santiago Chiacchio, “será el arquitecto responsable”. También consideró que “esa firma no tendría que estar ahí”.
Una excepción “inédita”
Otro aspecto evaluado por Garlo es el argumento del inversor, en cuanto a que su proyecto puede obtener una excepción que le permita invadir la faja de protección costera de 150 metros, ya que al lado existe una urbanización junto a la playa.
“No hay punto de comparación alguno”, opinó el edil, para recordar que la urbanización lindera fue aprobada como propiedad horizontal en la década del 90, muchos años antes de que se aprobara la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS) y las modificaciones que se introdujeron a la legislación vigente en materia de protección de las costas.
“Esta excepción que está solicitada es inédita”, consideró, en tanto “ningún otro proyecto” pretendió construir dentro de la faja de defensa de costa desde que se aprobó la LOTDS, en 2008. A esto sumó que, en el expediente, los inversores dicen ser propietarios de los padrones, pero “no acreditan la salida fiscal” que lo demuestre.
“Desprolijidad” de la IDM
Garlo remarcó, por otra parte, que la IDM dio su informe favorable a una solicitud de excepción “que estaba sin firmar” más allá del documento adjunto sobre los medios de contacto del gestionante que rubricó Chiacchio. A su juicio, esta es una “desprolijidad” de la administración, que no debió dar trámite al expediente en esas condiciones. Tampoco el informe que la IDM elevó a la Junta Departamental hace referencia a las normas vigentes en materia de protección del espacio costero. “Eso me llama poderosamente la atención, porque no sé si es el desconocimiento de la dirección general de Urbanismo sobre el tema o, directamente, la omisión intencionada de esas disposiciones para intentar la aprobación por parte de la Junta”, comentó.
Otro aspecto que la IDM “no contempló en su escueto informe” es que el proyecto de Finkelstein “no se ajusta” al decreto vigente para los hoteles de campo. En este punto, Garlo repasó que tal normativa sólo permite este tipo de emprendimientos si están asociados o son complementarios con una actividad productiva, que para el caso no existe porque se trata de tierras improductivas.
“Inconsistencias”
De acuerdo a la versión taquigráfica, Finkelstein y su representante dijeron a los ediles que si la excepción no se aprueba como solicitan, podrían alambrar el predio frentista al mar e impedir el acceso público a la playa.
La directora de Urbanismo afirmó luego que la IDM no permitirá tal acción, “por razones ambientales”. “Lo llamativo es que sí está dispuesta a permitir que se construya dentro de la faja de protección costera, lo cual es más lesivo para el medioambiente que alambrar y es una de varias inconsistencias de administración”, opinó Garlo.
En vistas del trabajo realizado hasta ahora en la comisión, también señaló que algunos ediles oficialistas y el propio Ejecutivo departamental “parecen desconocer” la competencia legal de proteger y prever la protección del ambiente.
“Aunque es cierto que, si se aprueba la excepción, el caso pasará al Ministerio de Ambiente, no es menos cierto que una excepción edilicia como la que se plantea implica no cumplir con las facultades y obligaciones legales del gobierno departamental”, concluyó.
Preocupación ciudadana
Integrantes de la directiva de la Liga de José Ignacio también estuvieron la semana pasada en la Comisión de Obras de la Junta, tras enterarse del proyecto a través del inversor y del intendente Enrique Antía.
“Hasta ese momento desconocían las características de la iniciativa privada. Tras el intercambio, reivindicaron su preocupación en torno al tema de las excepciones en general y, particularmente, en lo que respecta al espacio costero”.
Mientras la Liga continúa analizando el caso, Garlo confirmó que esta semana volverá la arquitecta Soledad Laguarda para “profundizar” en algunos aspectos del expediente. No descartó que, si no quedan claros los motivos por los cuales Chiacchio puso su firma “a un documento privado”, también sea citado a la Junta.