Las canciones “Dale alegría a mi corazón” y “Color esperanza” oficiaron, este miércoles, como cortina musical para la entrega de llaves a los primeros vecinos del asentamiento Kennedy realojados en un nuevo barrio de Maldonado. Richard Espino recibió las suyas de mano del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y a su padre, Nelson Espino, se las entregó la vicepresidenta Beatriz Argimón. Otras autoridades nacionales y departamentales desfilaron por el escenario distribuyendo llaves a los flamantes residentes, en su mayoría mujeres.
En los meses anteriores fueron realojadas 42 familias, como antesala de lo que el intendente de Maldonado, Enrique Antía, definió como el procedimiento “más grande realizado en todo el Uruguay”, con “gran aceptación” de los vecinos y “una sonrisa gigante” porque “lo ven como un paso fundamental en la calidad de vida y en la atención social”. Más familias, a razón de unas 15 por día, continuarán ocupando las nuevas viviendas hasta completar la primera etapa del traslado masivo que comprenderá a 375 para finales de marzo. En total, el realojo del Kennedy comprenderá a 530 familias hasta fines de 2024.
El nuevo barrio, que aún no tiene un nombre oficial, se ubica junto a la ruta perimetral, a una distancia de dos kilómetros del asentamiento. Esa distancia fue clave para que “el 98% de los residentes” aceptaran el traslado, destacaron las autoridades municipales. De ese modo, tendrán un acceso similar a la capital departamental, a Punta del Este y a sus lugares de trabajo y estudio. Por ahora es una enorme extensión de casas blancas y calles de tierra, aunque las autoridades municipales aseguran que habrá árboles, plantas y bicisendas.
Las viviendas están siendo construidas por Ciemsa y Consorcio Cujó, firmas que esperan cumplir con la totalidad para fines de año. Ambas empresas fueron seleccionadas tras un llamado a precios que, según Antía, significó un “abaratamiento de entre 20% y 25%” con respecto a los valores que habitualmente se manejan en la construcción de viviendas de interés social. En tanto, la Intendencia de Maldonado (IDM) construyó 40 de las viviendas por administración directa.
Vecinos en el realojo de Barrio Kennedy.
Foto: Virginia Martínez Díaz
Las construcciones, en hormigón armado y bloques de hormigón celular, se instalaron sobre plateas para las que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) destinó tres millones de dólares. Ese fue todo el aporte económico del gobierno nacional para una inversión que, entre infraestructura y enajenación de predios, ronda los 55 millones de dólares.
Quizás por eso, en su discurso, el titular del MVOT, Raúl Lozano, prefirió hablar de las viviendas que su cartera está entregando en otros departamentos del país y destacar los planes nacionales. Reconoció, sin embargo, que en este caso la IDM “puso mucho más de lo que ponen las intendencias. Consiguió el dinero y los financiamientos, porque sin recursos no se puede hacer nada”, comentó.
En ese contexto, Antía eligió destacar la “garantía soberana” que concedió el presidente Lacalle Pou, necesaria para contraer el crédito internacional con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), pagadero a 15 años con 56 meses de gracia y tasas preferenciales. A su turno, Lacalle Pou pareció emocionado. “Hoy el día termina con una familia adentro de una casa con fresco en verano, calor en invierno, que no se les llueve el techo y que pueden estar tranquilos”, dijo.
Después destacó que el realojo es producto de “todo un aparato estatal, todo el sector privado trabajando y todo el desarrollo jurídico” puesto a favor del desarrollo de este plan. “Una gestión de gobierno no se puede pensar de otra manera que en el individuo que tiene sueños, esperanzas y la necesidad de que el Estado lo acompañe”, acotó, en parte de su exposición.
El director general de Vivienda, Desarrollo y Salud Barrial, Alejandro Lussich, destacó que en el nuevo barrio ya está funcionando una escuela de tiempo completo y un CAIF, a los que se sumarán una oficina de atención a la mujer y un centro deportivo que “se construirá cuando termine el desalojo”.
Por otra parte, se mantendrá un merendero y se instalará una capilla -razón por la que en esta jornada participó el obispo de la diócesis de Maldonado, Milton Tróccoli- como existía en el asentamiento. Quienes tenían emprendimientos comerciales en el Kennedy -como almacenes o talleres de motos- contarán con espacio para seguir trabajando, aseguró Lussich.
El intendente Enrique Antía, y el presidente Luis Lacalle Pou, durante el acto de entrega de viviendas a vecinos del Barrio Kennedy, en Maldonado.
Foto: Virginia Martínez Díaz
Vecinos eligieron a sus vecinos
“Un asentamiento no se resuelve si no hay una mano, un pienso y un corazón tendido al vecino”, dijo Antía en su discurso, antes de presentar a la psicóloga Flavia Castro, líder del equipo social de la IDM que trabajó en el realojo y que también cuenta con el apoyo de un equipo técnico de 13 personas -contratadas a través del fideicomiso- para trabajar en el proceso posterior a las obras.
Castro recordó que en el anterior gobierno departamental se realizó un censo, con visitas a las familias “para determinar las problemáticas del barrio”, y que la aceptación al realojo estuvo “estrechamente vinculada con la ubicación” del nuevo barrio.
Posteriormente, hubo un estudio y análisis casuístico de familias que, en función de sus necesidades, fueron derivadas a otros organismos y redes locales. “El objetivo, en esta etapa, fue mitigar el impacto económico de las familias cuyo sustento se encuentra en el Kennedy”, dijo Castro.
Con el equipo técnico también trabajaron en la elaboración de una “carta por afinidad”. “Los vecinos eligieron a sus vecinos y esto fue importante porque permitió mantener los sistemas vecinales ya existentes y nuclear a familias que hoy están dispersas en el barrio. Madres, hijos y nietos estarán viviendo en una misma manzana”, explicó la técnica.
Para articular el sistema de convivencia posterior a las obras se instaló una oficina en el centro comunal del nuevo barrio. “Es un proceso que recién comienza”, apuntó Castro.
Viviendas donde vivirán los vecinos realojados del Barrio Kennedy en Maldonado.
Foto: Virginia Martínez Díaz
Mudanza y erradicación
Para la mudanza se están utilizando camiones de la intendencia y del Ejército, fuerza a la que el presidente Lacalle Pou destacó por “estar cuando las papas queman”. Paralelamente, las viviendas desalojadas están siendo demolidas.
El protocolo de la IDM, ya empleado durante la erradicación de El Placer, establece que las viviendas se vayan demoliendo a medida que las familias son trasladadas. Este miércoles se demolieron cinco casas y el martes, seis. El proceso implicará demoliciones de unas 15 viviendas diarias, dependiendo de las características de las construcciones y del ritmo de las mudanzas.
“Se demuele y se mantiene el escombro en el lugar para evitar que haya nuevas ocupaciones”, explicó Antía, más temprano, al visitar el barrio para seguir las tareas de demolición. Añadió que, paralelamente, funciona un equipo con 12 inspectores que recorren el barrio para evitar nuevas ocupaciones.
El terreno liberado será vendido “al mejor postor” y el dinero se destinará a saldar la deuda del fideicomiso contraído con la CAF y el Banco de la República por un total de 35 millones de dólares, acotó el intendente. Después, junto a ministros, legisladores nacionales y departamentales, empresarios y militantes blancos se fue a cortar la cinta inaugural y recorrer las casas del barrio todavía sin nombre, que comenzaban a llenarse de muebles.
El origen y peripecias del barrio que se extinguió
A fines de los años 30 ya llegaban al departamento de Maldonado personas de distintos puntos del país para ganarse el pan con el trabajo zafral. Las temporadas de entonces se extendían más de un par de meses. Algunas de esas personas se quedaron a vivir en la zona y pudieron ubicarse en la Parada 2 o la 5 -La Pastora y Los Ángeles-, que se transformaron en barrios de comerciantes y trabajadores.
Sin embargo, hubo familias que tuvieron menor fortuna. Sólo pudieron construirse casillas precarias en unos arenales ubicados a unos 100 metros de la península. Fue en el preciso lugar en el que los hermanos César y Emilio Sader decidieron levantar poco después su majestuoso Playa Hotel, en un terreno ubicado entre la Playa Brava y las playas del Plata. Para no dejar a esas personas en la calle, alguien propuso ofrecerles un predio municipal ubicado en el borde sur del llamado Bosque Municipal.
Allí las familias estarían a unos centenares de metros de El Jagüel y a escasa distancia de los campos de golf que ya existían desde fines de los años 20. Ocurre que, hacia 1938, se había fraccionado el barrio San Rafael. Surgía también el hotel El Médano, del gallego Laureano Alonsopérez, se concretaba el Médano Tennis Club en un terreno contiguo, y se proyectaba incluso la construcción de una sede para los amantes del golf, cosa que se realizaría en 1947.
Con esas perspectivas las personas asentadas en el predio de las actuales torres Imperiale se trasladaron al Bosque Municipal y se decidieron a quedarse en el lugar a pesar de la falta de servicios. Los hombres empezaron a trabajar como albañiles, jardineros, caddies o pintores. Algunos abrieron pequeños comercios o trabajaron de caseros junto a las mujeres de la casa, algunas de las cuales devinieron cocineras o empleadas domésticas. Todos convivirían armoniosamente por años con sus acaudalados empleadores.
El magro aporte de Kennedy
John F Kennedy era un muchacho por entonces, había nacido en 1917. La entrada del mandatario en la historia del barrio se produjo hacia 1961 cuando, a impulsos de la Alianza por el Progreso, Estados Unidos inició campañas de ayuda a Latinoamérica en materia de temas sanitarios, educativos y de vivienda. Trataba de contrarrestar la creciente influencia de Cuba en tiempos de la Guerra Fría.
Pero la colaboración para el barrio se redujo a la donación de un equipo destinado a generar energía eléctrica. Kennedy falleció en 1963 y la alianza que apuntaba al progreso se transformó nada más que en un plan de ayuda militar.
El lugar pasó a ser conocido desde entonces como Barrio Kennedy, aunque todos sabían que tenía mucho de lo que vulgarmente se llamaba un “cantegril”. El término “asentamiento” llegó años más tarde, cuando los cantegriles ya se habían generalizado dramáticamente en el país. Especialmente después de la “crisis de la tablita”, de 1982.
Tiempo después el gobierno municipal de Maldonado decidió realojar a los vecinos de esa zona y construyó un complejo de viviendas económicas en el Camino de los Gauchos, de camino hacia Maldonado Nuevo. Los vecinos se mudaron, pero el Kennedy no desapareció. Simplemente cambió de naturaleza.
Según la narración de un propietario del barrio Parque del Golf, que hacia 2001 envió una carta al semanario Búsqueda cuando la mayoría de los habitantes del Kennedy se resistió a mudarse, nadie tomó la precaución de demoler las construcciones existentes. Consecuencia: pronto se llenaron nuevamente de vecinos que habían quedado sin techo a instancias de los coletazos de la crisis.
Estigma y abandono
Esta vez los asentados ya no fueron tan trabajadores y amigables como sus predecesores. Muchos eran inmigrantes desarraigados y desempleados. Otros eran o se convirtieron en delincuentes y mancharon la reputación del barrio hasta estigmatizarlo. Desde entonces, las propiedades más próximas al Kennedy perdieron drásticamente su valor, mientras que los sucesivos gobiernos fueron desamparando a los asentados.
Por lo demás, los temporales de viento que tumbaron los árboles del entorno trastocaron la antigua belleza del lugar. El Kennedy se transformó en un páramo conflictivo, sin servicios de agua potable, ni de transporte, aguas servidas corriendo por las calles de tierra destrozadas -entre otras carencias-, y comenzó a ser visitado permanentemente por los patrulleros policiales.
El crecimiento de Punta del Este, los intereses inmobiliarios y la necesidad de recuperar las tierras del Kennedy para los grandes inversores con ansias de expansión habilitaron la promesa de campaña del realojo durante el anterior gobierno del intendente Antía (2015-2020).
Aunque en la campaña de 2014 algunos de sus contrincantes internos -como el hoy diputado y operador inmobiliario Rodrigo Blás- sostenían que el barrio podía regularizarse en el lugar, cambiaron de opinión y terminaron plegándose a la propuesta de Antía. La IDM nunca ofreció argumentos contundentes para justificar la erradicación del asentamiento, mientras por otro lado circularon versiones sobre la necesidad de liberar las 35 hectáreas del barrio con vistas a grandes emprendimientos inmobiliarios.
En 2016, la Junta Departamental se convirtió en el epicentro de la discusión del plan y Blás se transformó en el principal operador del intendente en el legislativo. El oficialismo blanco, que en la pasada administración no contaba con mayoría especial, consiguió el apoyo del Frente Amplio (el exdiputado frenteamplista Darío Pérez aportó los votos de su sector) para enajenar 40 hectáreas de tierras, donde hoy se ubica el nuevo barrio, en un proceso que implicó una inversión de seis millones de dólares y canje por propiedades municipales.
Ese fue el primer gran paso. Posteriormente, en esta administración, se aprobó el fideicomiso con la CAF y el BROU, que derivó en la construcción de las viviendas que hoy integran el nuevo punto de localización de las familias. En medio, a pesar de ese 98% de personas a favor de la mudanza, se gestó la resistencia a lo que, visto con el tiempo, es un proceso de gentrificación. Es decir, una maniobra para expulsar a los pobres de un lugar cotizado y anhelado por grandes poderes económicos.
La resistencia: de lo colectivo a lo particular
Ronil de la Cruz borbotea palabras sin respiro, furiosas, al rojo vivo. A su amigo Delio Díaz, en cambio, le brotan lentas y cansinas. Los dos llevan décadas viviendo en el barrio Kennedy y son, junto a una decena de vecinos, el último bastión de la resistencia al realojo promovido por el intendente Enrique Antía. Cada uno con su tono asegura a la diaria que no los moverán, aunque el director general de Vivienda y Desarrollo Barrial, Alejandro Lussich, sostuvo en medios locales que ya tienen en su contra un juicio para desalojarlos.
Ronil es el hijo de Robert de la Cruz, un puntero barrial a sueldo que en la pasada administración ayudó a Antía a convencer a sus vecinos -agotados de años entre las ratas, la violencia, la falta de servicios y la discriminación- de abandonar las tierras del Kennedy con la promesa de un barrio cercano y mejor. Ronil habla con bronca sobre su padre, el mismo que el 10 de febrero de 2016 consiguió un ómnibus de la empresa Maldonado Turismo -propiedad del entonces edil blanco José Hualde- y lo llenó de gente para acompañar desde las barras de la Junta Departamental la aprobación de la enajenación de predios para el realojo.
Ronil bien pudo estar aquella noche entre la decena de habitantes del Kennedy que, en las antípodas de las barras, portaban cartulinas con leyendas contrarias al desarraigo y la gentrificación. Pero no estuvo, no fue parte de eso que algunos luchadores, ya rendidos, mencionan como “la resistencia original”.
Delio carga con 81 años y los achaques propios del trabajador municipal que fue durante décadas, dedicado a recolectar residuos domiciliarios. Cuenta que hace media vida que llegó al Kennedy, cuando todavía era un barrio obrero, por sugerencia de un superior que lo sacó de la calle y le prometió que en ese lugar estaría tranquilo, porque “los terrenos eran una donación del gobierno de Estados Unidos”. Delio construyó bloque a bloque su casa; la IDM le iba descontando del sueldo los materiales, y a veces no tenía para comer, pero no bajaba los brazos.
Hoy su vivienda es espaciosa, tiene hasta barbacoa y una enorme higuera cuya sombra alivia sus piernas dolientes en las tardes de verano. Probablemente, el último: “me quedan tres o cuatro meses antes para llegar al cajón”, dice, y quién le va a preguntar el porqué de semejante diagnóstico cuando parece más angustiado por perder la tierra que la vida.
No olvida, Delio, que en 2002 “ganaba una miseria” y que Antía, quien hoy amenaza con derribar su casa bajo la piqueta fatal de los intereses económicos, aplicó en aquel primer gobierno suyo “una rebaja salarial solidaria” para achicar gastos en la IDM. “Mandale al mimoso un besito de mi parte y decile que no me voy”, dirá Delio al final de la entrevista con la ironía y la fuerza que le quedan.
Ronil y Delio aseguran que han tomado la posta de la resistencia y que junto a ellos hay otros viejos habitantes del barrio que no se animan a hablar, porque “las presiones y las amenazas” de la IDM campean, ya sea mediante intimaciones para que acepten las condiciones de la mudanza o personalmente, a través de visitadores sociales que les advierten que si no aceptan el traslado se quedarán en la calle.
Dicen que las autoridades municipales han dividido a los vecinos generando desconfianza entre ellos, que las viviendas del nuevo barrio “son una cáscara, que varias ya se llueven” y que no habrá forma de escriturarlas porque cada manzana es un mismo padrón y los títulos dependerán de que cada alojado cumpla con el pago que le corresponda. Pero, sobre todo, entienden que la propiedad ya es suya, que cumplieron con los años suficientes como para reclamarlas por prescripción. Por eso afirman que no los moverán y pergeñan una estrategia judicial.
La resistencia original
En 2016, “la resistencia” era encabezada por Fabiana Rado y Damián González Bertolino, laureado escritor y creador de la biblioteca barrial Kennedy Feliz, que también tendrá ahora un lugar en el nuevo barrio. Entonces, los jóvenes eran acompañados por un grupo de vecinos que crearon una comisión y juntaron fondos para contratar una abogada y un agrimensor con vistas a reclamar la propiedad de la tierra, luchar contra el desarraigo y defender la mejora del barrio en su actual enclave.
Sin embargo, aquella lucha colectiva por regularizar el barrio terminó mal. Los vecinos que formaban parte de la comisión discutían sobre las estrategias y el desencuentro derivó en el fin de las actuaciones conjuntas, además de que algunas personas se quedaron con el dinero recaudado, unos 30.000 pesos de la época, recordó Rado en declaraciones a la diaria y a través de sus redes sociales.
“Al mismo tiempo, a otro vecino se le pagaba un sueldo como operador barrial para controlar que no viniera más gente y estar al servicio de la IDM. Este señor se aburrió de acosar vecinas cuando iban a buscar la canasta social. Lo escrachamos y toda la comisión se enojó conmigo”, agregó.
Por esos motivos, dice que se cansó de “remarla en dulce de leche”, que se alejó de lo masivo y se refugió en un trabajo social “micro, pero verdadero”. Rado cree que ya no hay resistencia colectiva, sino resistencias particulares, que puede entender pero no acompañar. “Siempre primaron intereses personales y acomodos políticos que no hacían más que dividirnos. Quedará seguir luchando desde otro lugar con las vecinas de siempre”, concluyó.
Damián González también abandonó la lucha. “La gente del Kennedy posee la identidad de vivir en el Kennedy. Muchas de nuestras historias transcurrieron en estas calles y estas casas. Siguen vivas en nuestros recuerdos, pero también cuando pasamos por los escenarios que les dieron lugar. El gobierno de Antía incurrirá en un error histórico al desarraigar a un grupo humano de una tierra con la que formó un vínculo”, escribió hace unos años en una columna del semanario Brecha.*
“Si el objetivo del realojo es finalmente liberar las tierras del Kennedy al sector privado, si la gente de clase obrera ya no puede formar una comunidad dentro del municipio de Punta del Este (el nuevo barrio se encuentra en el municipio de Maldonado), no sólo perderemos aquellos que amamos este lugar, sino la sociedad toda”, lamentó.
*Sueños y desvelos, Brecha, 28-11-2016.
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